La gestión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) está bajo la lupa. Luego de sufrir los embates de un cuatrienio turbulento, que hoy tiene a múltiples exfuncionarios en líos con la justicia, el ente sigue en el centro de una discusión por la efectividad de su papel para cumplir con su labor misional de cuidar el medio ambiente y planificar el territorio.
En semanas recientes, el debate fue abierto por la Veeduría Todos por Medellín, desde donde se emitió una alerta por una reducción significativa en el rubro de gasto público social este año, uno de los indicadores más importantes en el quehacer de la institución y que se desplomó en un 284%.
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En medio de esa discusión, mientras la directora del Amva Paula Palacio Salazar sostiene que este año no se ha afectado el desarrollo de ningún programa, desde la veeduría, su vocera Piedad Patricia Restrepo, argumenta que el dato de cuenta de una ejecución muy baja que ya no daría para remontar este año.
Las cifras del debate
El balance financiero más reciente del Amva fue puesto sobre la mesa recientemente luego de que esa entidad hiciera público una estimación preliminar con corte al pasado 31 de agosto y el pasado 25 de noviembre entregara también un informe de gestión al Concejo de Medellín.
Precisamente durante esta última sesión, la directora Palacio Salazar señaló que en lo corrido de este año la entidad se ha enfocado en poner la casa en orden e implementar un plan de austeridad y de eficiencia en el gasto.
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“Empezamos el año apagando incendios. Encontramos una entidad en llamas en muchos aspectos”, expresó la funcionaria, aludiendo al accidentado proceso de empalme con funcionarios que venían de la era de Daniel Quintero y precisando que este año se han interpuesto por lo menos 14 denuncias ante los órganos de control.
Como parte de ese ejercicio de saneamiento, la líder dijo que se inició un plan de austeridad con el que se han recortando gastos en asuntos como viáticos, publicidad, gastos de fondos fijos, refrigerios y alimentación durante eventos, entre otros, para poder impulsar otras inversiones que busca hacer el ente.
Si bien sobre ese balance financiero positivo hay consenso, sobre todo por cuenta de un incremento en los ingresos que con corte a agosto fue del 7,6% (pasaron de $399.901 millones en 2023 a $432.634 millones en agosto de 2024), es en los gastos donde hay opiniones divididas.
Desde Todos Por Medellín, Restrepo dejó ver por ejemplo su preocupación por el comportamiento del gasto público social, un rubro en el que se engloban las inversiones de la entidad destinadas a combatir la desigualdad social y cumplir la labor misional en todos los municipios del Valle de Aburrá.
Bajo este sensible renglón, se desagregan proyectos relacionados con temas que van desde el agua potable y el saneamiento básico, medio ambiente, cultura, desarrollo comunitario, salud, entre otros.
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Según se desprende del balance con corte a agosto, dicho ítem pasó de un total de $62.747 millones a agosto de 2023 a $16.316 millones durante el mismo periodo de este año, lo que equivale a un desplome del 284,6%.
“Al revisar los estados financieros se tiene que las transferencias y subvenciones eran de $22.893 millones y el gasto público social era de $16.316 millones, mostrando que, a agosto de este año, la entidad tenía una ejecución muy baja y difícilmente iba a cumplir su plan anual”, planteó Restrepo.
En contraposición, la directora Palacio sostuvo que al tratarse de un balance financiero parcial dicho indicador no podría interpretarse como que al cierre del año así sería la ejecución final del rubro de gasto social.
En ese sentido, la funcionaria argumentó que esa pronunciada variación porcentual no correspondería a un recorte en dichos gastos, sino a un contraste anual que se explicaría por el cambio de gobierno.
“Estamos sacando un comparativo entre el 2024 y el 2023, donde son dos años totalmente diferentes. El 2023 corresponde a un año de finalización de gobierno, donde todas las obras están en marcha y se les hace una inyección”, argumentó.
Palacio dijo además que dentro del gasto público social también están incluidos varios proyectos de infraestructura que financia la entidad y que se están impulsando, como rescatar 36 colegios del FFIE, obras viales, complejos deportivos, entre otros.
“En este primer año de administración, lo que pasa en el primer semestre es que se tratan de concluir todas las obras que vienen ejecutándose de la administración anterior y por eso hay una disminución en la ejecución”, adujo la directora, añadiendo que el grueso de la inversión vendrá con el reciente plan de gestión que se aprobó este año.