Quizá ante lo negacionista de los falsos positivos, una práctica que fue cometida por agentes del Estado y que está más que probada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó la semana pasada las identidades de 1.934 víctimas, de las 6.402 que han dicho tienen registradas según cruces de datos.
El debate entonces, se ha caldeado. Para no ir muy lejos, el pasado 6 de noviembre, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo atrajo una ola de indignación al criticar y desestimar un acto simbólico realizado por la Asociación de Madres de Falsos Positivos, en honor a las víctimas de dicho crimen. Unas botas de caucho colocadas en la Plaza Núñez, símbolo de las ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008, terminaron en la basura después de que el congresista las arrojara en un acto que calificó como una “protesta contra la manipulación de cifras”.
“Ese número de 6.402 no tiene soporte real. Ni la JEP ni la Fiscalía han confirmado todos esos casos. No podemos basar nuestra historia en mitos”, expresó Polo Polo en redes sociales.
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Las Madres de los Falsos Positivos de Soacha (Mafapo) no se guardaron su sentir y elevaron el debate, llegaron hasta el Congreso y exigieron respeto y una disculpa pública al congresista. Sin embargo, el tema escaló aún más con el anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado jueves, 28 de noviembre.
Durante la instalación de la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”, la JEP reiteró que el caso 03 que corresponde a las ejecuciones extrajudiciales tiene el suficiente sustento jurídico y reveló la identidad de 1.934 víctimas.
El anuncio de las 1.934 identidades por parte de la JEP fue un paso significativo, pero también ha incrementado el debate entre quienes consideran que es una investigación incompleta. Sin embargo, Jorge Iván Posada, subdirector de Comunicaciones de la JEP, explicó que el listado total no ha sido publicado “por respeto a las familias de las víctimas, para garantizar su seguridad y proteger el avance de las investigaciones judiciales”.
Según la JEP, si bien se tienen ya datos concretos sobre los hechos y las identidades, aún faltan detalles procesales que impiden revelar la información. “Este número está soportado por nombres, documentos de identidad y lugares donde ocurrieron los hechos”, aclaró el director de la JEP, el magistrado Giovanni Álvarez Ramelli.
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Y reiteró que aún hay casos en proceso de verificación, lo que ha retrasado la publicación completa. “Seguimos en la fase de contrastación de información para asegurar la precisión y la seguridad de los datos”, añadió.
A pesar de estas explicaciones, los anuncios siguieron siendo usados por opositores como Polo Polo, quien aseguró que “el petrismo hizo campaña con el número de 6.402 falsos positivos, pero la JEP solo ha entregado 1.900 nombres. ¡No los tienen!”.
Estas declaraciones refuerzan su narrativa de que la cifra fue utilizada políticamente y que carece de rigor.Las declaraciones y acciones de Polo Polo fueron un “golpe bajo” para las familias de las víctimas, en especial para las Madres de Soacha, quienes han liderado la lucha por la memoria y justicia.
“Estas botas no son basura, son el símbolo de nuestros hijos asesinados por el Estado”, expresó una de las madres durante un acto en Bogotá. “No es solo una cifra. Son jóvenes con nombres, rostros e historias arrebatadas por un sistema que los vio como trofeos de guerra”.
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El anuncio de la JEP, si bien es muy importante, dejó un sinsabor entre las víctimas por la ambigüedad que abre en el horizonte. “Esperábamos que todos los nombres fueran revelados. Este es un paso, pero no suficiente”, comentó una de las madres. La expectativa de conocer la verdad completa sigue siendo una carga emocional para las familias, quienes ven en la justicia transicional una oportunidad única para sanar las heridas del pasado.
Desde su creación, la finalidad de la JEP ha sido esclarecer los crímenes más graves del conflicto armado, incluyendo los falsos positivos. Hasta la fecha, el tribunal ha imputado a ocho altos mandos militares, entre ellos el general Mario Montoya, que ha sido uno de los casos más sonoros dentro del tribunal. Sin embargo, para los casi ocho años que lleva la jurisdicción, muchos esperaban más resultados.
Las organizaciones de víctimas consideran que el trabajo de la JEP es gigante y fundamental para la construcción de paz en Colombia y defienden los tiempos de su gestión por la rigurosidad que requieren los resultados de sus investigaciones. Por lo cual, la entrega parcial de nombres es considerada como un avance aunque cuestionan que se haya hecho en el contexto de turbulencia política generada por las acusaciones de Polo Polo.
En el centro de esta discusión está la cifra de 6.402, un número que se ha convertido en un símbolo, pero que también ha sido puesto en duda. Para los opositores como Polo Polo, la falta de un listado completo cuestiona la legitimidad del proceso.
“Buscaremos cada nombre, cada cédula y cada caso para verificar que todos sean reales. No podemos permitir que cifras infladas o errores deslegitimen el esfuerzo por la verdad”, afirmó el congresista.Sin embargo, para las víctimas y defensores de Derechos Humanos, la discusión va más allá de los números. “Un falso positivo es tan grave como 6.402. Esto no se trata de competir con cifras, sino de garantizar justicia y evitar que esto vuelva a suceder”, señaló MAFAPO.
El expresidente Álvaro Uribe, cuyo Gobierno coincidió con los años más críticos de los falsos positivos, también reaccionó al anuncio. Aunque evitó entrar en la discusión sobre cifras, cuestionó a la JEP por calificar estos crímenes como una “política de Estado”.
“Es un error grave confundir Estado con gobierno. Si quieren señalar que fue una política de gobierno, deberían decirlo claramente”, afirmó.
Uribe defendió los logros de su administración en materia de seguridad, como la desmovilización de más de 53.000 combatientes, pero criticó la narrativa de la JEP, argumentando que tiene “más carga política que soporte judicial”. Sus declaraciones, aplaudidas por unos, han sido vistas por otros como un intento de desviar la atención del tema central. Aunque aseguró que 1 sola de estas muertes es tan grave como las más de 6.000.
La revelación parcial de los nombres por parte de la JEP abre una nueva encrucijada para el cumplimiento del acuerdo de paz.
Mientras el tribunal asegura que está avanzando en la documentación y judicialización de los casos, la presión política y social sigue creciendo. Las víctimas por un lado, exigen verdad y justicia, mientras que la oposición consideran que los datos se han usado con fines políticos.
Las heridas del conflicto aún están abiertas en Colombia y la polarización ante la verdad hace que casos como el de los falsos positivos entre en controversias que a los ojos de muchos “son innecesarias”. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es: ¿Cuándo se conocerán todos los nombres? Ante esto la JEP guardó silencio, reiterando que privilegia el respeto por las víctimas y sus familias. Mientras desde la oposición aseguran que iniciarán un trabajo riguroso para verificar que las víctimas registradas por la JEP sí correspondan a ejecuciones extrajudiciales. Lo que ha sido visto desde las otras orillas como un proceso de veeduría que puede ser útil a la verdad.