Casi nadie lo sabe, pero el único laboratorio farmaceútico público que existe en Colombia queda en el bloque 1, al frente de la entrada por la calle Barranquilla, de la Universidad de Antioquia.
Actualmente, producen cerca de cinco millones de pastillas al mes para laboratorios o empresas privadas que no tienen capacidad de producción, es decir, funcionan como una maquila. Pero hace dos años empezaron a trabajar con el Gobierno Nacional para producir cuatro medicamentos para enfermedades desatendidas a bajo costo, de los cuales dos saldrán al mercado en el primer semestre del próximo año y los otros dos, en el segundo. Uno de estos medicamentos es para combatir la malaria y los otros son antiparasitarios que suelen ser poco atractivos para los privados, pues sus márgenes de ganancias son bajos.
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Además, hace un par de semanas firmaron el acuerdo para producir el fármaco genérico del Dolutegravir, el medicamento de primera línea para la atención de personas con VIH recomendado tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Guía de Práctica Clínica Colombiana.
En Colombia hay aproximadamente 186.000 personas diagnosticadas con VIH. Cifras del Instituto Nacional de Salud advierten que los contagios de VIH siguen aumentando en Colombia desde 2020. En el último año se han registrado 17.516 contagios, de los cuales 14.028 fueron hombres y 3.488 mujeres. En lo que va del 2024, según la misma entidad, se han presentado 25.892 casos de contagios o muertes por esta enfermedad, de los cuales 3.222, el 12,4%, se presentaron en Antioquia, siendo así esta la segunda región del país después de Bogotá. Además, el 94% de los casos del departamento se presenta en personas que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.
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El tratamiento con Dolutegravir (Tivicay de 50mg) por paciente puede costar cerca de $5.000.000 al año, mientras que si se produce de forma local, por un laboratorio público sin fines de lucro como el de la UdeA, el valor puede ser cercano a los $200.000 anuales, 25 veces menor. Además, en el acuerdo quedó estipulado que este sería distribuido por la Organización Panamericana de la Salud, no solo en Colombia sino en otros países del continente.
Hasta el año pasado, en el país solo tenían licencia para producir y distribuir este medicamento las farmacéuticas Shionogi & Co y ViiV Healthcare, que, al tener el oligopolio del mercado, podían elevar los precios sin mayores contratiempos. Cifras del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo dan cuenta que a nivel nacional la cobertura de las terapias antiretrovirales (para tratamiento del VIH) cayeron del 96,28% al 80,74% entre el 2021 y el 2024. Es decir, que en este momento, cerca del 20% de las personas con VIH no tengan acceso al tratamiento. El año pasado, solo el 43,5% de los casos se detectaron de forma temprana. Sin embargo, de 10 personas que acceden al tratamiento, nueve logran la supresión viral.
Sin embargo, en octubre del año pasado, el ministerio de Salud y Protección Social expidió una resolución en la que declaró de interés público el sometimiento del Dolutegravir a licencia obligatoria en la modalidad de uso gubernamental. Eso, en otras palabras, significa que los laboratorios que eran dueños de las patentes, ya no tendrían la exclusividad para comercializar el medicamento. Pese a que la figura de licencia obligatoria está reglamentada en Colombia desde el 2015, es la primera vez que el país hace uso de ella, aún con la pelea que implicaba con las poderosas farmacéuticas que interpusieron un recurso de reposición que en julio de este año les fue negado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Aunque, hay que aclarar que esta licencia no significa que los propietarios de la patente no puedan seguir explotándola, solo que no de forma exclusiva.
Las licencias obligatorias para medicamentos para el VIH han sido utilizados en países como Indonesia, Ecuador, Alemania, Brasil, Filipinas y Gana. De allí la importancia de que en Colombia también se puedan producir estos fármacos, especialmente para atender a la población migrante venezolana (regular e irregular) que rara vez tiene acceso a estos fármacos, a las personas recién diagnosticadas y a las personas con falla virológica.
Al frente del laboratorio de la UdeA está Wber Orlando Ríos, el decano desde hace seis años de la facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad. Ríos es hijo de un cotero y de una estilista. El tercero de cuatro hermanos. Estudió química farmacéutica en la misma universidad y trabajó para laboratorios privados durante casi 20 años, que es más o menos el mismo tiempo que llevaba el país sin producir sus propios medicamentos, hasta que llegó la pandemia del Covid y demostró que la generosidad y la capacidad de los países desarrollados y productores no es ilimitada. “Esto que estamos viviendo hace dos años, después de la pandemia, es como volver a los orígenes. Cuando yo estudié, los químicos farmacéuticos nos interesábamos por el trabajo industrial, nos íbamos a trabajar a los laboratorios donde producíamos vacunas y medicamentos, pero luego cuando se frenó la producción nacional, los químicos se iban al trabajo asistencial en hospitales y servicios farmacéuticos.
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Ahora los muchachos quieren otra vez volver a los laboratorios a investigar, a desarrollar a producir”, dice.
El Congreso también le ha seguido la cuerda al gobierno en búsqueda de la autonomía sanitaria. El pasado mes de julio, el legislativo expidió la ley 2386 de 2024 “por medio de la cual se establecen las pautas de la Político Nacional de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y producción de la industria farmacéutica para la autonomía sanitaria de Colombia”, con el objetivo de promover y fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la producción para tener disponibilidad oportuna de medicamentos “seguros, eficaces y de calidad”. Para el diseño de esta política, el gobierno tiene un plazo de un año. De acuerdo con el más reciente reporte del Invima, en el país hay escasez de nueve medicamentos, entro los que se destacan el virus contra la rabia, la insulina y el salbutamol. En el país, cerca del 92% de los productos farmacéuticos son importados, mientras que la exportación solo corresponde al 8%, según un informe de la Andi del 2022. Para ese año, el valor del mercado farmacéutico en el país era superior a los $20 billones.
El pregrado de Química farmacéutica de la UdeA tiene más de 100 años y es el más antiguo del país. La planta de medicamentos tiene casi 30. La planta nació como un lugar de prácticas académicas, donde los estudiantes de semestres más avanzados iban a experimentar lo que aprendían en los salones. Luego, durante un breve lapso, apoyaron a la seccional de salud de Antioquia en la producción de algunos medicamentos propios, pero en los últimos 20 años se había dedicado netamente a los actividades académica y, en la medida en la que aumentó su capacidad, a producir tabletas para terceros.
En la pequeña planta, que funciona casi como una planta de ensamblaje lineal trabajan todos los días de la semana a tres turnos: el equipo es de 25 personas. Y el compromiso que tienen con el gobierno (el país) es desarrollar en menos de un año el medicamento para producirlo. Para esta primera fase de desarrollo, el gobierno puso $2.500 millones.
El proceso es bastante intuitivo: lo primero es la mezcla de las materias primas pulverizadas. De allí pasan a una máquina que toma el polvo y escupe pastillas sin pausa. De ahí pasan a un molde donde toman la forma de una tableta y finalmente la reciben dos mujeres que las empacan en las cajas del cliente. La planta tiene además la ventaja de que en el salón del lado el Laboratorio Especializado de Análisis, LEA, donde hacen el respectivo control de calidad de la producción.
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Detrás de los operarios de la planta hay un equipo de seis personas en investigación y desarrollo. Allí hacen la revisión bibliográfica de las moléculas que se van a trabajar, analizan las materias primas, ensayan, llegan a las fórmulas y siguen estudiando y ensayando hasta que dan con la receta que es. David Felipe Molina, el gestor de proyectos de ese equipo insiste en que esta nueva era de producción es un regreso al génesis de la planta, de la facultad y casi que de la Universidad pública. “Estamos buscando regresar a lo que teníamos en los 90´s, no solo en la Universidad sino en el país, fortaleciendo la industria farmacéutica nacional y dejar de depender de las multinacionales que tienen un interés netamente comercial”, asegura.
Agrega que el interés de la planta de cara al futuro no es producir medicamentos comerciales, para atender enfermedades comerciales como la gripa, por ejemplo, sino que generen un impacto a nivel social, que lleguen a comunidades que en las condiciones actuales difícilmente pueden acceder a ellos. .
El aparente entusiasmo del gobierno nacional con la planta de medicamentos de la UdeA es tal que, el ministerio de Salud y el ministerio de Ciencia firmaron un acuerdo con la Universidad para construir una nueva planta de producción de medicamentos en el Oriente antioqueño, en la seccional del Carmen de Viboral. Allí, la UdeA puso a disposición un lote de $8.000 metros cuadrados y el gobierno deberá poner unos $350.000 millones para su construcción. Dicen que ya tienen mapeados al menos unos 20 medicamentos de bajo costo para enfermedades desatendidas y que no solo producirán tabletas como ahora sino también inyectables, líquidos, biológicos y biotecnológicos. El proyecto quedó contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro bajo el ítem de “Fortalecimiento de la planta farmacéutica de la Universidad de Antioquia”. Sin embargo, intentamos saber el estado de avance de este proyecto y al cierre de esta edición no recibimos respuesta de ninguno de los dos ministerios en cuestión.