La emergencia que vivieron los habitantes del barrio El Sinaí, en la Comuna Santa Cruz, el pasado 11 de noviembre, los hizo recordar algunos de los peores estragos que han padecido en cuatro décadas de azarosa convivencia con el río Medellín. Pero esta no fue ni será la peor amenaza que enfrenten las más de 3.000 personas que habitan este asentamiento informal (con cifras de 2020).
El Sinaí, el lugar donde se volcó la solidaridad de los medellinses hace unos días, será completamente borrado del mapa porque desde 2015, en el Plan de Desarrollo local de la Comuna 2, quedó estipulado que este sector tiene que dar paso a Parques del Río Norte. La reubicación de esas más de 3.000 personas (casi todos desplazados o descendientes de desplazados y también migrantes), es completamente difusa pues encontrar en el barrio quien tenga escritura pública de su vivienda es una rareza. El Sinaí es un barrio informal desde que comenzó el rejunte de casas y ranchos a mediados de los 80.
El interrogante de qué pasará con esta comunidad plantea un debate más grande que abarca el futuro de la ciudad, cómo garantizar hábitat digna a la población que crece aceleradamente y cómo evitar que esos barrios informales que son bombas de tiempo sigan creciendo. Hasta hace una década, los asentamientos precarios ocupaban el 22,92% del total del suelo urbano en Medellín, esto equivale a más de 9.000 hectáreas. No hay cifras actuales sobre la oleada de expansión en laderas desatada tras 2020, sobre todo en las comunas 2, 3, 4 y 8.
Medellín tiene una historia de más de 30 años en cuanto a programas de mejoramientos de barrios y transformación de asentamientos informales, es decir, todo ese paquete de estrategias orientadas a reformas las problemáticas físicas, ambientales y legales de los barrios erigidos de manera informal, garantizando el derecho al hábitat digna y la calidad de vida de sus habitantes. En 1996 la ONU convirtió a la ciudad en piloto para un ambicioso Programa Integral de Mejoramiento de barrios subnormales, que terminó por formalizar y consolidar las zonas bajas de la Comuna 13, donde hoy se levanta el Grafitour. Pero en general, los planes que ha trazado la ciudad para lograr ese mejoramiento y consolidación de barrios y asentamientos subnormales han quedado en el papel.
Aunque se suele pensar que la problemática de la expansión de asentamientos informales, la mayoría en zonas de riesgo, recae completamente en el aumento de la población, con llegada de población desplazada y migrante, en realidad la problemática se alimenta también con las grandes decisiones urbanísticas de las administraciones de turno que determinan también las segregaciones físico-espaciales, técnicas, legales, sociales y económicas. Por ejemplo, las grandes obras de infraestructura, según plantea Fernando Zapata, de la Corporación Región.
Para ilustrarlo con un caso, el exgerente de vivienda de la EDU, Carlos Montoya, señala que el corredor de Parques del Río Norte, requiere un plan institucional de renovación urbana que incluya mejoramiento integral con enfoque de prevención de riesgo y una política de viviendas para el reasentamiento habitacional en barrios receptores (zonas periféricas) de esas familias que quedarían en el aire y resalta que aumentar el espacio público, que es el objetivo de esta megaobra, no es suficiente para garantizar equidad y una ciudad digna para los habitantes de esta zona. O en términos sencillos, ¿para qué espacio público si no hay dónde vivir?
La ciudad tiene las herramientas. El Plan de Ordenamiento Territorial que cumplió una década este año estipuló diez áreas de Intervención Estratégica (AIE), que contemplaban una masificación de planes de legalización y en el que se incluía, por ejemplo, el macroproyecto BUR-NOR, que buscaba lograr la consolidación de las zonas altas de las comunas 1, 3 y 8, las de mayor riesgo ante emergencias, el cambio climático y las que han enfrentado los procesos de asentamiento y autoconstrucción más complejos. Sin embargo, las administraciones posteriores de Federico Gutiérrez y Daniel Quintero estos macroproyectos quedaron engavetados, en medio de reclamos, denuncias y procesos de las comunidades por las omisiones y negligencias de ambas administraciones para ejecutarlos. La Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 8 le pidió, año tras año, a la anterior alcaldía que dispusiera presupuesto que ejecutar allí un piloto de legalización y regularización urbanística, pero Planeación se negó abiertamente.
Desde la Mesa de Vivienda de la Comuna 8 y el Movimiento de Laderas alegan que de haber adelantado esos procesos de legalización y regularización, de haber ejecutado el mejoramiento integral de barrios, que contempla ese BUR-NOR la ciudad habría logrado definir de manera exitosa el perímetro urbano, evitar la expansión y ocupación irregular y, en definitiva, consolidar los barrios de esa comuna que ahora crece amenazantemente ante la impotencia e ineficacia del Distrito que solo puede limitarse a hacer operativos cada tanto para demoler casas y construcciones, acciones de choque que de ninguna manera tienen un efecto real en la peligrosa expansión de esta franja de la ciudad.
Los barrios informales y autoconstruidos de la ciudad vienen de cuatro años de esperanza desmoronada. El Plan de Desarrollo de Daniel Quintero planteó el programa de mejoramiento integral de barrios más ambicioso en las últimas décadas con un enfoque en gestión, mitigación y adaptación al cambio climático. Pero de nada sirvió su ambiciosa formulación, porque al finalizar su mandato el ítem de mejoramiento integral de barrios terminó con un avance del 0%.
Según han planteado las mesas de Vivienda y Hábitat en la ciudad, el programa de “Viviendas dignas, espacios seguros para las familias de Medellin” que plantea el Plan de Desarrollo actual, y que tiene un presupuesto de $398.000 millones para el cuatrienio, no ofrece un verdadero salto cualitativo ni ambicioso para lograr una transformación en cuanto a consolidación de barrios y contención de nuevos asentamientos irregulares.
En barrios como Moravia, la alcaldía tiene una ‘papa caliente’ que sus habitantes esperan que no la administración Gutiérrez no postergue y que discuta abiertamente con la comunidad. Allí, las organizaciones sociales han rechazado abiertamente el agresivo plan de renovación urbana que planteaba el Plan Parcial Moravia el cual consideran que se convertiría en el mayor motor de desplazamiento de habitantes, al imponer un mejoramiento del espacio público, proyectos de vivienda y cambios de vocación económicas que, según las organizaciones, podría desencadenar en un acelerado proceso de gentrificación y expulsión de moradores. Por eso lo que llevan años exigiendo, en lugar de renovación urbana, es el mejoramiento integral del barrio para, entre otras cosas, contener y erradicar nuevamente la invasión del morro. No parece ser fácil esa discusión porque el Plan Parcial Moravia fue aprobado por decreto justamente en la administración de Gutiérrez, en 2018.
En todo caso, en una ciudad que tiene el 25% de su territorio bajo riesgo por el cambio climático y donde los grupos ilegales se convirtieron en grandes constructores y loteadores en barrios periféricos, poner como prioridad la gestión y consolidación de barrios informales no parece ser opcional.