En medio de ruidos frente a una eventual campaña al Senado, y pese a ser el presidente en ejercicio de la Corporación, ayer se conoció la renuncia del magistrado César Augusto Lorduy al Consejo Nacional Electoral (CNE).
La dimisión del dirigente –perteneciente a Cambio Radical y cercano al clan Char de la Costa– se conoce semanas después de que fuera denunciado por presunto acoso sexual y corrupción por parte de la congresista Ingrid Aguirre, del partido Fuerza Ciudadana.
De hecho, denunciados esos hechos, el propio presidente Gustavo Petro pidió en octubre pasado a Lorduy dar un paso al costado. Inclusive, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras –quien lidera el partido de forma colegiada con Cambio Radical– dijo a este diario que tiene “un muy mal concepto de Lorduy”.
Justamente su renuncia podría implicar un reacomodo en las fuerzas al interior del organismo electoral frente al proceso contra el primer mandatario por presunta violación de topes electorales durante la campaña de 2022.
En octubre pasado, el CNE resolvió abrirle una investigación a la campaña del Pacto Histórico, lo que desató la faceta más combativa del presidente, quien arreció en la tesis del golpe de Estado, con todo y que la sanción del organismo sería de carácter administrativo –es decir, no implicaría que Petro sea apartado del cargo–.
Detrás de todo estaría la intención del presidente de anular el proceso o, cuando menos, que sea asumido por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. ¿La razón? Al interior del CNE –cuyos magistrados son postulados por los partidos y elegidos por el Congreso, lo que llena de tufillo político cada una de sus determinaciones– el jefe de Estado no cuenta con mayorías para hacerle el quite al proceso.
De nueve magistrados, al menos cinco son contrarios u opositores al primer mandatario y se necesitan seis votos para que haya mayorías. Se trata de Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) –quienes adelantaron la investigación que terminó en la apertura de la investigación–, Maritza Martínez (Partido de La U), Alfonso Campo (Partido Conservador) y el saliente César Lorduy.
A ellos se sumaría el magistrado Cristian Quiroz, que, aunque fue postulado por la Alianza Verde –partido que sigue siendo parte de la bancada de Gobierno–, es sobrino de uno de los copresidentes del partido, Rodrigo Romero. No es un hecho menor: Romero hace parte del ala antipetrista de los verdes.
En el partidor quedan Alba Velásquez y Fabiola Márquez (ambas del Pacto Histórico) y el magistrado Altus Baquero (Partido Liberal), que recién se reintegró al organismo y cuya postura sigue siendo un misterio. Si bien Baquero votó a favor de abrirle una investigación a la campaña, se opuso a que al proceso fuera vinculado el jefe de Estado.
En medio de estas cuentas se da la salida de Lorduy. Si bien en el Congreso, tras aceptar la renuncia del magistrado, se respetarían acuerdos porque su plaza en el CNE siga siendo ocupada por alguien de Cambio Radical, no se descarta que –en un mano a mano político– el petrismo impulse un candidato propio que nivele las cargas.
Si bien las cuentas para el Ejecutivo no dejan de ser apretadas, tendría los votos para promover uno de los suyos. Así lo demuestran recientes decisiones, como la elección de Miguel Efraín Polo como magistrado de la Corte Constitucional con la bendición del petrismo o la aprobación de iniciativas como la reforma al Sistema General de Participaciones.
“El ministro (del Interior) Juan Fernando Cristo ha montado toda una aplanadora. No sería descabellado que no respeten los acuerdos y promuevan a uno de los suyos”, dijo un experimentado congresista de la oposición a este diario.
Sin embargo, la salida de Lorduy aún no es un hecho. Desde el propio Cambio Radical –partido al que pertenece Lorduy–, el senador Carlos Fernando Motoa anunció que solicitará a la Mesa Directiva del Congreso de la República convocar al Parlamento en pleno para abordar la renuncia del magistrado. De acuerdo con Motoa, si el Legislativo lo eligió, debe ser esa Corporación la que decida si acepta o rechaza la decisión.
“Voy a solicitar a la Mesa Directiva del Senado y la Cámara de Representantes que el Congreso en pleno se cite a este magistrado y explique las razones de fondo, por qué motiva esa renuncia. Vamos a defender a las víctimas mujeres, pero también a todos los procesos que él adelantó y en los que, en mi criterio, vulneró ostensiblemente el debido proceso”, indicó Motoa.
Restan menos de 15 días para que concluyan las sesiones ordinarias del Congreso, por lo que es incierto si, en medio de la apretada agenda legislativa, haya espacio para votar y decidir la salida o permanencia de Lorduy. La posición del Gobierno y sus mayorías será clave para despejar o trabar el proceso.
Tras oficializarse la renuncia de César Lorduy al CNE, la representante Ingrid Aguirre, quien lo denunció por presunto acoso sexual, calificó su dimisión como “un paso necesario, pero insuficiente”. Según la congresista, la renuncia implica que debe “dar la cara ante la justicia y responder por sus actos”. En esa línea, aseguró que “debe pagar por lo que ha hecho”.
Por su parte, la representante Jennifer Pedraza (Dignidad) sostuvo que la renuncia “era lo mínimo”. La congresista dijo que el magistrado renuncia “por su aspiración electoral en el 2026 (...) Además de quemarlo en las urnas, exigimos justicia en las investigaciones”.