Ya son por lo menos ocho las veces que el exconcejal del Partido Conservador y expresidente del Concejo de Medellín, Lucas Cañas, incumple la cita que tiene con la justicia para que la Fiscalía le impute los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado.
Entérese: Imputarán a Lucas Cañas y a Misael Cadavid por presuntas irregularidades en contratación
Aunque la información del caso sigue siendo en su mayoría reservada, se sabe que por este también son señalados Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exgerente del hospital, excandidato a la Cámara por Cambio Radical y cercano a Luis Pérez Gutiérrez; Juan Camilo Moncada Cárdenas, exrepresentante de la empresa Vasalud IPS; y Fernando Enrique Cadena Bonfanti, propietario del 50% de Vasalud IPS.
Vasalud, según la información que reposa en el Rues, es una sociedad por acciones simplificadas dedicada a las actividades médicas en hospitales y clínicas, creada en Barranquilla en 2014 y cuya matrícula se encuentra actualmente cancelada. En 2018, Cañas compró el 50% de las acciones de la empresa y la trasladó a la capital antioqueña (el otro 50% seguía siendo de Cadena). Luego, tras ser candidato al Concejo en 2019, con el aval conservador y bajo el padrinazgo de Carlos Andrés Trujillo, Cañas y Cadena traspasaron sus acciones a sus madres.
El motivo por el cual la Fiscalía está detrás del accionar de la empresa es porque encontró que, al parecer, entre 2018 y 2019, cuando Luis Pérez era gobernador y designó a Misael Cadavid como gerente del hospital La María, la empresa de Cañas y Cadena le vendió más de $2.100 millones en medicamentos al hospital, aún cuando no estaría autorizada por la seccional de Salud ni tendría permisos para la distribución y comercialización de fármacos.
En ese sentido, el ente investigador considera que la contratación entre el Hospital y Vasalud habría sido irregular y habría violado normas de contratación de la entidad para favorecer a la empresa de Cañas y compañía.
A pesar de que los supuestos delitos habrían ocurrido entre 2018 y 2019, solo hasta septiembre de 2023 la Fiscalía presentó la solicitud de imputación para las cuatro personas implicadas. Desde entonces, hace más de un año, el ente ha intentado imputar por los delitos anteriormente mencionados a Cañas y a Cadena, pero no ha sido posible, especialmente porque el exconcejal ha presentado excusas y recursos una y otra vez para dilatar el trámite.
El pasado 14 de mayo, la Fiscalía citó a los cuatro indiciados para la audiencia de imputación, pero a la diligencia solo asistieron dos: Juan Camilo Moncada, el exrepresentante legal de Vasalud, a quien señalaron de los delitos de concierto para delinquir en concurso con contrato sin cumplimiento de requisitos legales; y Misael Cadavid, quien deberá responder por concierto para delinquir agravado en concurso también con contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. No obstante, ninguno de los dos aceptó su responsabilidad en los delitos.
Desde esa fecha, la Fiscalía ha intentado tener una cita con Cañas en al menos otras siete oportunidades: 28 de mayo, 3 de julio, 10 de julio, 29 de julio, 22 de octubre, 12 de noviembre y, la más reciente, ayer 3 de diciembre.
Entre las excusas que ha presentado el exconcejal se encuentran una incapacidad médica de su abogada, una incapacidad médica suya y, según dijo, no se presentó ayer porque su abogada se encontraba en otra diligencia judicial que no pudo aplazar y por ende no pudo asistir. Además, en la diligencia del 29 de julio, la defensa de Cañas presentó una recusación en contra de la fiscal del caso que no trascendió.
Según Cañas, la fiscal no le ha entregado la información del caso necesaria para construir su defensa, aún cuando parte de esta ya fue revelada en mayo en la audiencia de imputación contra los otros dos implicados. Además, el exconcejal alega que con Cadena la fiscal no ha sido igual de insistente como ha sido con él. Sin embargo, no deja de llamar la atención la cantidad de veces que el político conservador le ha hecho el quite a la cita con la justicia.
Y es que además, este no es el único enredo de Cañas. El expresidente del Concejo de Medellín también salió salpicado en un caso en contra de Misael Cadavid en 2018 por la entrega de un contrato de más de $17.000 millones que, al parecer, no cumplía con los requisitos y que presuntamente presentó documentación falsa para construir un edificio de parqueaderos en La María, donde Cadavid fue gerente entre noviembre del 2017 y marzo del 2020.
Supuestamente, según la Fiscalía, Cañas, que en ese entonces no era funcionario público, era una especie de enlace entre el contratista y el hospital y habría intercedido para que la empresa se quedara con el millonario contrato aún cuando no cumplía requisitos.
Pero la vinculación de Cañas con el Hospital La María siguió incluso después de la salida de Misael Cadavid del hospital. En diciembre del año pasado, un reconocido cirujano de Medellín contó como Cañas, en compañía de otras personas, presuntamente lo estafaron por una suma cercana a los $1.250 millones.
De acuerdo con el testimonio del cirujano, estas personas le prometieron un negocio con una supuesta Alianza Público Privada para construir unas unidades médicas en el hospital, negocio que nunca se concretó y por el que al médico todavía le adeudan una suma millonaria. Incluso, en sus últimos meses como concejal, la justicia ordenó que a Cañas se le embargara una parte de su salario para pagar la deuda.