La Asamblea de Antioquia fue convocada esta semana para realizar el debate final que definirá la suerte del proyecto del gobernador Andrés Julián Rendón para cobrar un nuevo impuesto de seguridad vía servicios públicos.
Con las cuentas preliminares apuntando ahora a su favor, Rendón instalará este miércoles 4 de diciembre un periodo de sesiones extraordinarias que solo se extenderá hasta este jueves 5 de diciembre y que tendrán como tema exclusivo revisar en plenaria dicho proyecto.
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Pese a que hasta hace dos semanas la iniciativa parecía cercada, todo apunta a que esta semana el bloque de gobierno en la Asamblea podrá darle el sí al proyecto, contando solamente con la oposición de al menos 10 diputados (de un total de 26).
Esta nueva iniciativa renació el pasado viernes 8 de noviembre, cuando el gobernador Rendón anunció a la opinión pública que radicaría por segunda vez un proyecto de ordenanza para crear una tasa de seguridad especial sobre el servicio de energía para los estratos 4, 5 y 6, y los clientes comerciales, industriales y oficiales.
Aquel segundo intento se produjo luego de que en julio pasado Rendón decidiera retirar una iniciativa similar que ya cursaba y en la que bancadas como la del movimiento Creemos, el mismo liderado por el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, ya habían expresado su oposición.
“Cometimos un error, que no fue socializar debidamente en su momento este proyecto de ordenanza. Hoy hemos hablado con distintos actores y tenemos mucha fe en que el proyecto tenga un curso muy diferente y que pueda ser aprobado antes de terminar el año”, expresó entonces Rendón.
En aquella presentación, Rendón hizo un recuento detallado de las necesidades de seguridad en el departamento, señalando que en todas las subregiones urge fortalecer el sistema de cámaras de seguridad, intervenir las estaciones de policía y batallones del ejército, dotar a la Fuerza Pública de implementos para sus operaciones, construir una cárcel para sindicadas, entre muchos otros puntos.
En el papel, el nuevo impuesto proyecta recaudar cerca de $1,2 billones en un horizonte de tres años, que irían destinados exclusivamente a esas inversiones.
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Pese a que tanto en la Asamblea como desde varios sectores hay un consenso por la urgencia de esas inversiones, desde ese mismo viernes se conocieron los primeros reparos a la iniciativa, por ejemplo por cuenta del Comité Intergremial de Antioquia, desde donde se advirtió una preocupación por incrementar la carga tributaria en las empresas.
“El sector empresarial antioqueño no aguanta un impuesto más”, expresó el presidente de esa agremiación Nicolás Posada. “Somos conscientes de la dificultades en materia de seguridad que atraviesa Antioquia y Colombia, por lo cual se debe hacer una firme exigencia al Gobierno Nacional para que cumpla con su obligación de salvaguardar los derechos de todos los colombianos”, planteó.
Luego de Intergremial, a la lista de reparos se sumaron empresarios en Itagüí, Fenalco Antioquia, la Andi, entre otros.
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No obstante, los dos golpes más severos para el proyecto aparecieron el pasado 22 y 23 de noviembre, primero por cuenta de un concepto de EPM en el que su gerente John Maya Salazar señaló que la nueva tasa no era viable jurídicamente y luego por cuenta de la bancada del movimiento Creemos en la Asamblea, desde donde anticiparon que se opondrían.
Previamente, el alcalde Federico Gutiérrez también ya había hecho pública su preocupación a la creación de esa tasa, instando a Rendón a buscar alternativas de financiación diferentes a un impuesto sobre la energía, cuyos precios se prevé puedan incrementar el próximo año por cuenta de líos como los faltantes en las reservas de gas.
El lunes siguiente a ese fin de semana, Rendón convocó en la Gobernación a más de cien alcaldes de Antioquia y señaló que se mantendría esta vez hasta el final en su iniciativa.
Esa misma semana, la Comisión Primera, encargada de temas de hacienda y asuntos económicos, le dio el sí en primer debate con una votación de seis diputados a favor, solo dos en contra y uno que no votó.
Precisamente luego de esa declaratoria pública de más de cien alcaldes, en la Asamblea las bases de Rendón se afianzaron.