Los abogados del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla se alistan para defender al funcionario ante su aparente vinculación con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ya pidieron cita con la Fiscalía para presentar pruebas.
“El ministro actuó dentro del deber objetivo de cuidado exigido por el principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público, y no como parte de un intercambio de favores”, señaló Mauricio Pava, abogado de Bonilla.
La aparente vinculación de Bonilla con el escándalo de corrupción en la UNGRD se reforzó cuando se conoció una confesión de Alejandra Benavides, una de sus exasesoras en el ministerio.
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Benavides le dijo a la Fiscalía que Bonilla sería una de las cabezas de una operación que se desarrolló en diciembre del año pasado y que tenía el propósito de aprobar de forma rápida una minoría suma en créditos internacionales para el Gobierno: parte de ese dinero, dijo, iba a ser usada para comprar congresistas.
Hasta ahora –lo que sí está probado– es que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, firmó dos resoluciones que terminaron adicionando hasta 1,4 billones de pesos al presupuesto de la UNGRD. Una de las inyecciones presupuestales ocurrió un mes antes de las elecciones regionales (septiembre de 2023) y la otra se firmó en diciembre del año pasado.
El protagonismo de Benavides en el aparente entramado de corrupción ocurre porque el ministro Bonilla le habría ordenado hacer seguimiento y verificación a unos contratos que –ha insistido Olmedo López– iban a ser direccionados para la compra de congresistas que, a cambio, votarían afirmativo a los proyectos de interés del Gobierno en el Legislativo.
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Aunque la adición presupuestal fue de 1.4 billones, el aparente interés del ministro Bonilla se centró en 92.000 millones de pesos que se iban a distribuir en tres contratos. En teoría, esa plata iba a invertirse en obras para la contención y prevención de inundaciones y la mitigación de la erosión por lluvias.
El primero de los contratos era para Cotorra (Córdoba) por 50.000 millones de pesos, otro para El Salado (Bolívar) por 12.356 millones de pesos y el último para Saravena (Arauca) por 30.000 millones de pesos.
“Respecto a los 92 mil millones, no hubo desembolso, y, por tanto, no se presentó una pérdida de recursos”, señaló el abogado del ministro Bonilla.
Los abogados de Bonilla aseguraron que están dispuestos a aportar algunas pruebas a la Fiscalía para que, de ese modo, el ente acusador evalúe si son recibidas y tenidas en cuenta en el marco de su investigación.
“El fiscal tiene el deber de recolectar pruebas y, si estas determinan la existencia de un delito, proceder con la imputación. Su objetivo no es la acusación en sí misma, sino garantizar que se haga justicia. Por su parte, la defensa busca preservar las garantías de su cliente, lo cual implica que este pueda ser escuchado, aportar pruebas y persuadir sobre su inocencia”, añadió Pava.
Bonilla es uno de los ministros más leales al presidente Gustavo Petro. De hecho, el jefe de Estado salió a respaldarlo y aseguró que es una “víctima” de un entramado “extorsivo” de los congresistas.