La Unidad Nacional de Protección (UNP) negó que le hubiera “quitado” el esquema de seguridad al excomandante paramilitar y gestor de paz Salvatore Mancuso, quien se había quejado por redes sociales de la situación.
Por el contrario, la UNP no solo indicó que se mantenía el esquema, sino que le sacó en cara algunas conductas irregulares, como la modificación de los vehículos blindados asignados.
El rifirrafe comenzó el fin de semana, cuando el exconvicto comentó en redes sociales que “he sido notificado sobre el retiro de mi esquema de seguridad. Mi vida, la de mi familia y abogados están en riesgo por esa decisión. No es casualidad que se retire el esquema al momento en que recorro el país para encontrar los bienes que entregamos y que fueron desaparecidos de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), bienes que deben destinarse a la reparación de las víctimas del conflicto”.
La UNP llegó en un comunicado. “En ningún momento la protección de Salvatore Mancuso Gómez ha sido debilitada o anulada. Por el contrario, tiene un esquema de protección robusto y suficiente en concordancia con su nivel de riesgo”, indicó la entidad estatal.
Además, aclaró que las modificaciones que asustaron a Mancuso se dieron porque ya no está bajo la tutela de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), sino de la Oficina del Comisionado Consejero de Paz. “Por ello el esquema de protección ha sido unificado y consolidado y, además, extendido a su familia”, recalcó la UNP.
Para rematar, la entidad le hizo un llamado de atención al exjefe paramilitar, por haber modificado vehículos y solicitado el acceso de personas armadas no autorizadas.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, contó en una entrevista radial que Mancuso estaba pidiendo la adhesión de escoltas de una empresa privada con armas largas de dotación, y que mandó a modificar la suspensión de una de las camionetas y le hizo instalar antenas para la conexión de internet.
Hay que recordar que, además de Mancuso, otros 17 excomandantes paramilitares fueron designados como gestores de paz por el gobierno de Gustavo Petro, aunque algunos de ellos permanecen en cárceles de Estados Unidos, como Diego Murillo Bejarano (“don Berna”).
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