Alta y costosa podría ser la condena para tres exfuncionarios y un contratista de la administración de Daniel Quintero implicados en uno de los graves casos de presunta corrupción ocurridos en el gobierno pasado en Medellín.
Según conoció EL COLOMBIANO, la Fiscalía dio a conocer el escrito de acusación en el que pide al juez una condena de más de 10 años de prisión para dos exgerentes de Metroparques y una exdirectora del Inder. Así mismo pidió una ejemplar condena contra el exrepresentante legal de la empresa Cyan, contratista mimado del Distrito.
Según el escrito emanado desde la Fiscalía, Diana Paola Toro Zuleta –en ese entonces directora del Inder– y Jorge Enrique Liévano Ospina –gerente general de Metroparques– tramitaron y celebraron el contrato interadministrativo No. 6700013390, bajo la modalidad de selección directa sin, presuntamente, verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales.
El objeto del contrato consistió en “la gerencia, coordinación y ejecución de recursos para el desarrollo de eventos recreativos, deportivos y de actividad física junto con todos los componentes, accesorios y demás materiales necesarios para el desarrollo de las actividades descritas conforme a los lineamientos de la Oficina asesora de Planeación así como los proyectos priorizados del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo del INDER”. El vínculo tuvo un valor inicial de casi $22.000 millones.
Lea también: Estos son los siete exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero imputados por presunta corrupción Según la Fiscalía, el Inder, representado por Toro, tenía la obligación de tasar adecuadamente el contrato y de revisar la tarifa ofrecida por Metroparques. Así mismo, para el ente investigador, Liévano –en cabeza de Metroparques– debía garantizar que administraba los recursos públicos bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía.
“Pero el incumplimiento de estos dos requisitos esenciales se reflejó en las siete modificaciones que se realizaron al contrato entre adiciones y prórrogas, motivo por el cual su vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre de 2022 y su valor se incrementó hasta más de $24.000 millones debido a la falta de estudios de mercado adecuados que garantizaran la selección de la oferta más favorable y ventajosa para la entidad en términos de precio y calidad”, escribió la Fiscalía.
La Fiscalía afirmó que Liévano sabía que estaba celebrando un contrato sin cumplir requisitos esenciales, pues asumió la administración de los recursos entregados por el Inder sin elaborar siquiera un estudio de mercado propio que obedeciera a precios reales de mercado.
Además, según el ente investigador, la contratación directa fue “una maniobra para eludir procesos de contratación más exigentes, transparentes y garantistas, pues el verdadero objeto del contrato era la logística y la adquisición o suministro de bienes y servicios razón por la cual, la modalidad de contratación adecuada era la selección abreviada”.
“En conclusión, el objeto del contrato es ilícito (...). Y como consecuencia del mandato sin representación otorgado por el Inder a Metroparques, Liévano junto a María Eugenia Domínguez Castañeda –jefe de compras de Metroparques y luego gerente general hasta finales de 2022– se interesaron de manera indebida en el trámite contractual No. 20201300728, a través del cual se seleccionó a la empresa Cyan Eventos Y Logística S.A.S. –representada por Mauricio Jaramillo Botero– para la ejecución del contrato con el Inder y por valor inicial de $19.850 millones, mediante la modalidad de contratación de invitación privada”.
La Fiscalía señaló a estas personas teniendo como base que en la desordenada invitación privada ninguno de los tres proveedores citados adjuntó el precio que ofrecían por la ejecución del contrato. Aún así, Cyan resultó ganadora pese a que el único criterio de selección era el precio más bajo, según el propio el manual de contratación de Metroparques.
“El interés de Liévano y Domínguez estaba dirigido a brindar un beneficio a Cyan. Además, durante la ejecución de los contratos entre 2020 y 2022, Toro, Liévano y Domínguez, en ejercicio de sus cargos y de manera continuada, se apropiaron de recursos del Presupuesto Participativo de Medellín (por $10.700 millones) en provecho de Cyan. A su vez, Jaramillo se apropió de $3.700 millones a través de los cobros realizados a Metroparques con precios inflados asignados al contrato”.
A raíz de esto la Fiscalía procesó a Toro Zuleta por los delitos de trámite y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales así como el delito de peculado por apropiación agravado en modalidad continuada y en provecho de un tercero. A Liévano Ospina lo acusó de la celebración del contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y el delito de interés indebido en la celebración de contratos. A su vez, del delito de peculado por apropiación agravado en modalidad continuada y en provecho de un tercero.
Mientras que a Domínguez Castañeda la acusa de ser responsable por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado en modalidad continuada y en provecho de un tercero. Y a Jaramillo Botero, lo acusa de ser responsable del delito de peculado por apropiación agravado, en provecho propio en modalidad continuada.
Según la Fiscalía, citando la jurisprudencia, si lo apropiado supera un valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (casi $200 millones), la pena deberá aumentar hasta en la mitad, por lo que los implicados podrían enfrentar entre 96 y 405 meses de cárcel. Sin embargo, si el delito fue en modalidad continuada, los márgenes punitivos suben a entre 128 y 540 meses de prisión. Es decir, entre 10 y 45 años de prisión, techo máximo al que llegaría la pena en caso de ser condenados. Además, deberán enfrentar una multa cada uno entre $2.665 millones y $4.940 millones.
Frente al tema, el alcalde de Medellín reaccionó en la red social X y comentó que “ya van más de 15 imputados y se han aplicado procesos de extinción de dominio para recuperar los recursos públicos que se robaron. Todo esto es producto de las denuncias de veedurías, ciudadanos, medios de comunicación y servidores valientes. Como Alcaldía al día de hoy hemos entregado más de 650 hallazgos con las pruebas correspondientes y testimonios. ¡Todos los corruptos van a caer! Esto apenas comienza”, dijo.