Trescientos asesinados en la guerra de Ucrania, 22 acribillados en el conflicto de Sudán, 17 encarcelados en Haití por un golpe de Estado y seis desaparecidos en México a manos de carteles del narcotráfico, entre otros NN que entregaron su sangre en los confines del mundo. Así es el oscuro panorama de los mercenarios colombianos en el exterior, presas de un negocio en el que no todo lo que brilla es oro.
Los últimos titulares de prensa corrieron por cuenta de la tragedia en Sudán, una nación africana al borde del colapso por una guerra interna. El pasado 29 de noviembre, las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) informaron que destruyeron un convoy en el que viajan 22 exmilitares colombianos y cuatro emiratíes que trabajan como mercenarios. Los atacaron desde el aire con drones, en la región de Darfur.
Los verdugos aseguraron que los muertos estaban trabajando para las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una facción paramilitar disidente que busca un cambio de gobierno.
Como evidencia de que se trataba de colombianos, exhibieron los documentos personales en un video que circuló por internet, como pasaportes y tarjetas del Transmilenio.
La situación enfureció al presidente Gustavo Petro, quien escribió en X: “El mercenarismo debe prohibirse en Colombia. Los militares deben tener un mejor nivel de vida en Colombia, pero los dueños de la sangre joven derramada por dinero en pueblos extranjeros deben ser castigados penalmente. Le solicito a la Cancillería buscar caminos en África de retorno de nuestros jóvenes engañados”.
Este encargo se le sumó al Ministerio de Relaciones Exteriores con otro que ya tenía por la guerra de Ucrania. El pasado 19 de noviembre, diez días antes de conocer la noticia de Sudán, el canciller Luis Gilberto Murillo comentó que se había reunido con su homólogo ruso Serguéi Lavrov, y que este le dijo que en suelo ucraniano habían muerto 300 colombianos desde el inicio del conflicto (febrero de 2022).
Añadió que 100 más seguían peleando en el frente de batalla y que otro centenar había regresado a Colombia.
“Es muy doloroso para el país”, acotó y Murillo, y anunció que su despacho trabaja en un proyecto de ley para restringir el reclutamiento de colombianos en el exterior y tipificar delitos relacionados con esta actividad.
A estos hechos se agregan otras situaciones que han contribuido a desprestigiar esa ocupación. Una de ellas es el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, perpetrado el 7 de julio de 2021.
En el asalto mortal a su residencia participaron 26 exmilitares colombianos, de los cuales hay 17 detenidos, tres muertos y seis prófugos.
Los carteles mexicanos del narcotráfico, en especial los de Jalisco y Sinaloa, también reclutan exmilitares y expolicías colombianos para sus fechorías. Tal cual ha venido informando este diario, muchos llegan engañados creyendo que tendrán un contrato legal, y terminan custodiando cargamentos de droga.
En la actualidad hay por lo menos seis desaparecidos allá. La lista podría ser más larga, pero no hay denuncias, según las autoridades.
Fuentes militares le contaron a EL COLOMBIANO que los contratistas extranjeros suelen llevar a los mercenarios colombianos a 16 países, principalmente: Estados Unidos y México (Norteamérica); El Salvador, Haití y Honduras (Centroamérica); Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Qatar, Siria y Yemen (Asia); Sudán, Somalia, Libia y Nigeria (África); y Ucrania (Europa).
De esos, Estados Unidos, Qatar y Emiratos Árabes (en particular los emiratos de Dubai y Abu Dabi) funcionan como países “ancla”.
“En esos lugares están los contactos y las empresas de seguridad contratistas, pero una vez llegan allá, los mercenarios son desplegados a las áreas de conflicto”, narró una de las fuentes.
En algunos casos, los exmilitares y expolicías conocen todos los detalles antes del viaje, pero hay denuncias instauradas por familiares en la Fiscalía que dan cuenta de que también hay reclutamientos bajo engaños.
“En el caso de los muchachos que terminan en zonas conflictivas de África y el Medio Oriente, el anzuelo con el que los pescan es casi siempre el mismo: les dicen que un jeque o un petrolero millonario los va a contratar para su anillo de seguridad, y después les dicen que ese jeque tiene negocios en esas áreas rojas y que les toca ir allá a cuidarle los intereses”, agregó.
Esta es justamente una de las hipótesis que se manejan sobre lo ocurrido en Sudán.
Las indagaciones preliminares apuntan a que un oficial retirado de las FF.MM., radicado en Bogotá, fungió como puente con una empresa en Dubai, para contratar a por lo menos 50 mercenarios.
Una vez llegaron a ese destino, los movilizaron a África para supuestas operaciones de vigilancia y protección de los intereses del contratista.
Las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS), al anunciar la muerte de los colombianos, recalcaron que trabajaban para la facción enemiga de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), organización que presuntamente recibe ayuda logística y militar de Emiratos Árabes, una acusación que esa nación ha negado.
Recibir un sueldo que puede ser cinco o seis veces más grande, a cambio de asumir riesgos similares a los de las zonas conflictivas de Colombia, es la principal razón por la cual muchos uniformados renuncian a instituciones castrenses y acceden a las ofertas del exterior.
“Vi la convocatoria por redes sociales y luego un documental. Así me convencí. El riesgo allá es igual al de Colombia, solo que pagan mejor. Aquí me ganaba $1’800.000 y allá $14 millones, además yo sabía que eso me abriría muchas puertas después”, contó en una reciente entrevista a este diario el mercenario Audel Rojas Beltrán, quien estuvo cinco meses en el frente de guerra en la región ucraniana del Donbás.
EL COLOMBIANO dialogó con otros dos exmercenarios, quienes pidieron la reserva de la identidad. Uno de ellos relató que “los salarios para trabajar con jeques y petroleros del Medio Oriente están entre los $12 y $18 millones de pesos al mes, o sea el equivalente en dólares, dependiendo del cargo, que puede ser conductor, escolta o jefe de seguridad”.
Añadió que cuando terminan combatiendo uniformados en alguno de los conflictos africanos, es porque les prometen unas primas especiales. “Aunque hay algunos que dicen que terminaron engañados, pero yo no creo eso. Uno sabe a lo que va”, aseveró.
El tema del mercenarismo parece ser tan complejo en términos diplomáticos, que consultamos la opinión de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, y ninguno quiso tomar la vocería.
La Cancillería nos remitió a un comunicado del pasado 29 de noviembre, en el que informó que había “iniciado gestiones concretas para encontrar caminos que sirvan de retorno a los colombianos que han sido engañados en Sudán”.
Una semana después, tales gestiones no han dado resultados.
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ANEXO: ¿EN QUÉ VA EL PROYECTO DE LEY?
La Cancillería informó que en esta legislatura fue radicado el proyecto de ley “Por medio del cual se aprueba la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989”.
Ya fue aprobado en su primer debate por la Comisión Segunda del Senado, el pasado 12 de noviembre, “y será un instrumento que brindará herramientas para que Colombia pueda establecer delitos específicos para quienes participen en actividades de mercenarismo. Instamos al Congreso a darle aprobación, para que se convierta en ley”.
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