Del caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, parece que es poco lo que hasta ahora se conoce, aunque resulte escandaloso.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a los escritos de acusación contra Olmedo López, exdirector de la entidad; Sneyder Pinilla, exsubdirector; Pedro Rodríguez, exasesor Jurídico de la Dirección; Luis Carlos Barreto, exsubdirector de Conocimiento y Luis Eduardo López Rosero, contratista.
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El documento de 184 páginas, firmado por la fiscal novena María Cristina Patiño, realiza un minucioso repaso desde la creación de la empresa criminal que saqueó los recursos de la UNGRD hasta el desarrollo de diversas actividades ilegales. También detalla cómo se logró la captación de otros participantes, quienes fueron seducidos para actuar de manera ilícita a cambio de recibir millonarios sobornos.
“Desde por lo menos mayo de 2023 a septiembre de 2024, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez, Luis Carlos Barreto, César Augusto Manrique, para la fecha de los hechos, Director del Departamento Administrativo de la Función Pública; otros servidores públicos y contratistas de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, así como particulares, entre ellos Luis Eduardo López Rosero, empresario contratista (...) acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD”, detalla la Fiscalía.
El ente acusador subraya que la empresa criminal basó su accionar en la declaratoria de desastre Nacional y decretos calamidad pública, “logrando con ello consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad, en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros, haciendo prevalecer sus intereses económicos, sobre el general”, añade el escrito de acusación.
Como previamente afirmaron en sus declaraciones y testimonios los confesos corruptos Olmedo López y Sneyder Pinilla, en el entramado ilegal participaron activamente tanto funcionarios públicos como otras personas, cada uno con roles específicos según el cargo que desempeñaba.
“La organización delincuencial se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual cada uno de sus integrantes desarrolló un rol específico e indispensable en el suceso, sin el cual no se alcanzaría la finalidad propuesta”, añade la Fiscalía.
En el escrito de acusación se destacan las más de 70 órdenes de proveeduría para la ejecución de millonarios contratos en diferentes municipios del país. Algunas fueron pagados sin que se hubiera probado el cumplimiento del mismo.
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“En el marco de este concierto para delinquir se identificaron setenta y cinco (75) órdenes de proveeduría y contratos”, señala la acusación.
Estas órdenes quedaron enmarcadas en cuatro sucesos: adquisición de carrotanques, carros de bomberos y suministro de materiales; alquiler de carrotanques y los contratos de control y seguimiento de PROYECTA ING SAS; adquisición de carrotanques y contratos financiados con recursos reducidos del convenio celebrado entre el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD y la Agencia Nacional de Tierras y que fueran liberados y trasladados a favor del FNGRD y contratos de Interventoría de maquinaria amarilla celebrados con la empresa INTRAFFIC.
A favor de las empresas de Rosero, fueron aprobadas seis órdenes de proveeduría por valor de $108.257´981.468.
Tres de estas proveedurías eran para atención de desastres en los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño. Los restantes están relaciones con la adquisición de carrotanques, vehículos tipo carro de bomberos, entre otros.
Las tres proveedurías para atención a comunidades vulnerables, en zonas donde previamente ocurrieron desastres naturales, fueron adjudicadas a la empresa LUKET SAS, propiedad de Luis Eduardo López, tras un amañado proceso de licitación al que solo fueron invitadas empresas del mencionado contratista.
La primera por valor de $519´775.968, consistía en el suministro de 55 bultos de cemento, 3.000 ladrillos, 118 varillas y 28 tejas como ayuda humanitaria en el marco de la respuesta y recuperación del municipio de San Pablo, departamento de Nariño.
Veinte días después, les adjudicaron la orden de proveeduría No: SMD-GS-229-2023 del 31-oct-2023 por valor de valor: $1.340´055.000 para el suministro de 27.630 tejas de zinc como ayuda humanitaria para el municipio de Quibdó, departamento de Chocó.
Y tres meses Rosero se ganó el proceso para el suministro de 1.740 tejas de zinc, 1.785 bultos de cemento,6.745 varillas de acero, 35.385 ladrillos y 1.000 tanques de agua para la atención a familias del municipio de Guapi, Cauca. La orden de proveeduría fue por valor de $398´150.500.
Según la Fiscalía, la UNGRD desembolsó los millonarios recursos sin que estos se ejecutaran de manera adecuada. No existe evidencia de que las empresas de Luis Eduardo López Rosero hayan cumplido a cabalidad con el objeto de los contratos, cuyo propósito era beneficiar a las comunidades damnificadas. En su lugar, el dinero habría sido saqueado, tal como lo habría planeado la empresa criminal.
El contratista Luis Eduardo López Rosero también obtuvo el polémico contrato por $46.800 millones para la adquisición de 40 carrotanques, el cual destapó la corrupción que se había apoderado de la entidad. A pesar de presentar un sobrecosto superior a $20.000 millones, el contrato fue firmado y ejecutado, convirtiéndose en uno de los símbolos más representativos del escándalo.
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Pero fueron más: en diciembre de 2023, la Ungrd le autorizó al pastuso otra orden de proveeduría por $31.600´000.000 para la compra de 20 carros de bomberos, lo cuales serían distribuidos por todo el país como parte de la atención por emergencias naturales.
Y por si fuera poco, pese a que en el primer contrato para la adquisición de los carrotanques se evidenció un exagerado sobrecosto, meses después fue firmado un nuevo contrato por $27.600´000.000 para la compra de otros 20 carrotanques. Todos, recordemos, quedaron estacionados en un parqueadero público en el departamento de La Guajira sin que se cumpliera la misión para la cual fueron adquiridos.
El papel del contratista pastuso fue clave. Puso a disposición sus empresas para mover las millonarias sumas e inflar los montos de los contratos y así extraer las coimas que habrían ido a parar a los bolsillos de congresistas, quienes a cambio debían apoyar al Gobierno en sus reformas.
“Previamente a dar inicio al proceso contractual, contactaban a los contratistas de la organización, a quienes le informaban de los bienes y suministros que se iban a requerir próximamente, para que realizaran las cotizaciones con las que responderían a la invitación que se les cursaría, registrando sobrecostos que permitieran cubrir la coima que debían pagar”, detalla la Fiscalía.
El encargado de incorporar a Rosero en la organización criminal, según el ente acusador, fue el entonces asesor jurídico de la dirección de la UNGRD Pedro Rodríguez.
“Para Julio de 2023, previo al inicio del proceso contractual con la UNGRD, le suministró al empresario y contratista Luis Eduardo López, información de los bienes y servicios que la entidad requeriría, para que de manera anticipada realizara las cotizaciones de vehículos tipo carrotanque (...) Organizó con Olmedo López y Sneyder Pinilla el direccionamiento de las órdenes de proveeduría a las empresas de Luis Eduardo López a cambio de coimas por cada contrato adjudicado”, explica la Fiscalía sobre la participación de Rodríguez.
Lo que hasta ahora se desconocía, era que por su supuesta mediación, Pedro Rodríguez habría recibido $1.000 millones de pesos.
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“Desde el mes de octubre a diciembre de 2023, recibió de Luis Eduardo López $1.000 millones de pesos como contraprestación por el direccionamiento de la orden de proveeduría No. 192-2023, el cual fue cancelado en dos cuotas, la primera por pago en efectivo de $300´000.000, realizado por el contratista López Rosero en la vivienda de CLAUDIA VILLOTA ubicada en el municipio de Pasto, Nariño y la segunda por $700´000.000 de pesos mediante consignación bancaria a la cuenta de su pareja CLAUDIA VILLOTA”, dice el documento.
De Olmedo López y Sneyder Pinilla se reitera que eran las cabezas de la empresa criminal en la UNGRD, encargados de direccionar los contratos y adjudicarlos a contratistas con el fin de extraer millonarias tajadas. Aunque, en teoría, dichos contratos estaban destinados a beneficiar a comunidades afectadas por fenómenos climáticos, en la práctica esto nunca ocurrió.