Este miércoles, 11 de diciembre, se lleva a cabo la audiencia para la solicitud de medida de aseguramiento contra la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, por su presunta participación en la estructura criminal que saqueó los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Durante la diligencia, todas las partes intervinientes respaldaron la solicitud de la Fiscalía de enviar a la exfuncionaria a prisión para garantizar que se mantenga al margen de la investigación.
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El único en oponerse, como era de esperarse, fue Oswaldo Medina, abogado defensor de Ortiz.
En su intervención, Medina denunció presuntas presiones ejercidas sobre su cliente por parte de la Fiscalía General. Según su relato, la delegada del ente investigador ofreció un principio de oportunidad a cambio de que Ortiz aceptara unos cargos que, en ese momento, le eran desconocidos.
Añadió que la funcionaria le dio un plazo de tres días para aceptar la propuesta y que, al no hacerlo dentro del tiempo estipulado, procedería a formularle los cargos, tal como finalmente ocurrió.
“Esto es un claro mensaje de presión hacia mi representada. Es ilógico que una persona que se le hace un primer arraigo se le hagan tres posteriores sin ninguna justificación. Cuando los investigadores de la Fiscalía se desplazaron a la casa de Sandra Ortiz, ella les indicó que si quería les entregaba el pasaporte para demostrarles que ella no se iba a volar, pero no, fue una escena de llanto, entre el asedio, la coacción, el escándalo. Los investigadores irrumpieron delante de todos los vecinos, solo para volver a tomar huellas cuando eso ya lo habían hecho”, detalló el abogado.
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El defensor calificó como de improvisada la actuación de la Fiscalía en el caso de Sandra Ortiz. De hecho, se cuestionaron por qué es la única implicada imputada por lavado de activos.
“La Fiscalía no ha tenido en cuenta su condición de única mujer investigada, de madre de una hija menor de edad, sino como usted lo podrá notar, señora juez de control de garantías, es la única persona imputada e investigada por el delito de lavado de activos. Ni a Sneyder Pinilla, ni a Olmedo López, ni a las más de 10 personas que la Fiscalía investiga en este momento, ni la Corte Suprema de Justicia que está investigando a los senadores y representantes a la Cámara que dicen haber tenido alguna vinculación con esta investigación por el delito de lavado de activos”, añadió el jurista.