Cansados de la paupérrima situación en su lugar de trabajo, servidores públicos del ICBF en Medellín decidieron realizar un paro indefinido de sus funciones hasta que les mejoren la locación en la que deben realizar sus funciones.
En diálogo con EL COLOMBIANO, uno de los voceros comentó que 90 funcionarios del Centro Zonal Suroriente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar declararon el cese de actividades laborales a raíz de las graves condiciones de la sede en la que laboran y que este diciembre sufrió dos graves daños que fueron “la gota que rebosó la copa”.
Según detalló el vocero, el edificio de cuatro plantas, ubicado en la carrera 70 con la calle 44 San Juan, al occidente de Medellín, viene prestando sus servicios desde 2013 a la entidad y desde allí se deben atender cuatro comunas –entre ellas la del Centro– así como dos corregimientos.
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Sin embargo, desde hace cuatro años el sitio tiene graves problemas estructurales como faltas de mantenimiento y falta de ventilación natural. A esto hay que sumar que el edificio alberga a 90 funcionarios, pese a que su capacidad instalada apenas le permite tener en simultánea a 65 de ellos. Eso sin contar con los cientos de personas que requieren atención allí.
“Desde hace cuatro años venimos denunciando estas situaciones, pero no hay soluciones. Es más, el 6 de diciembre ocurrió un conato de incendio estructural en el cuarto piso que también causó la caída de parte del techo. El fuego justamente empezó por la falta de mantenimiento del aire acondicionado. Estuvimos en riesgo de que algo grave pasara porque acá ni ruta de evacuación hay. Además, el pasado fin de semana, con los fuertes aguaceros que hubo, el edificio se inundó, y se mojaron expedientes y computadores”, detalló el vocero.
A raíz de estas situaciones de riesgo y de falta de garantías laborales, los funcionarios decidieron anunciar un cese de actividades indefinido, por lo que cerca de 200 trámites de protección semanales quedarán represados.
“Acá hacemos cada semana cerca de 24 conciliaciones, 24 trámites notariales o reconocimientos de paternidad, 75 verificaciones de derechos por parte de las tres Defensorías encargadas de velar por los niños de la zona, así como casi 50 audiencias de restablecimientos de derechos. Es decir, son más de 200 trámites vitales para los niños y la comunidad que quedan paralizados hasta que se solucione esto” comentó el vocero.
Los servidores detallaron que la situación podría extenderse incluso al otro año a raíz de lo que calificaron como acción paquidérmica por parte de la dirección central y regional del Instituto.
“Todo es dilación y burocracia. Por eso nos tocó entrar a paro en pleno diciembre porque es que oficialmente tampoco tenemos donde trabajar. Primero, porque este es un edificio alquilado por el que se le paga arriendo a la Unidad de Víctimas, por medio de un contrato que se venció el pasado 15 de diciembre. Y segundo, porque si se hace una prórroga de seis meses, cuatro de ellos se van a ir arreglando lo del incendio y la inundación, por lo que el edificio va a estar cerrado porque no hay ni servicios públicos. Es decir, no hay ni prórroga, ni contrato, ni sede donde trabajar”, dijeron los empleados.
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Ante esta situación el ICBF expidió un comunicado en el que inicialmente comentó que la sede fue arrendada hace más de 15 años a Bienestar Familiar por la Unidad Nacional de Víctimas, por lo que esta entidad, en calidad de arrendador “iniciará una ruta para lograr la reparación del inmueble en todo lo que tiene que ver con el cableado eléctrico”. En dicha ruta habrá acompañamiento del Instituto, según explicó este.
El ICBF también comentó que su prioridad es garantizar la continuidad del servicio en condiciones seguras para los colaboradores y usuarios por lo que, “durante el tiempo de las reparaciones, una parte del equipo estará en teletrabajo y los demás se reubicarán en otras sedes administrativas en la regional”.
“Por eso enfocados en el deber misional de la entidad se espera que todos los colaborares continúen brindando la atención al público”, añadieron.
Finalmente, el ICBF dijo que una vez terminen las obras se realizará una evaluación técnica integral de la infraestructura para establecer sus condiciones de seguridad y si es posible continuar usando el inmueble.
Mientras eso ocurre, los empleados comentaron que seguirán en paro justo en una de las épocas que más requiere su atención ante la vulnerabilidad de tantos niños explotados en la ciudad.