La pelea de tierras que tiene en vilo la entrada en funcionamiento de Puerto Antioquia dio un giro. Resulta que el controvertido proceso administrativo que venía adelantándose en la Alcaldía de Turbo, con el que el proyecto busca que la Policía la ayude a entrar a un terreno en el que debe levantar dos torres de energía, ahora quedó en manos de la Gobernación de Antioquia.
En contexto: Lío de tierras tiene frenado puerto en Urabá ¿Hay un plan de sabotaje detrás?
Al tiempo que el Departamento se prepara para volver a revisar el caso, la puja por el futuro de la terminal marítima cada vez se muestra más irreconciliable. Tan solo este mes, mientras la confrontación en los estrados sigue escalando, en el plano político la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao Clavijo, le subió la presión a la disputa señalando directamente el exsenador Julián Bedoya de ser el poder en la sombra que se le estaría atravesando a la obra de infraestructura.
Según aseveró la representante, el frenón que recientemente impuso Corpourabá a una licencia ambiental que autorizaba levantar precisamente esa línea de energía hoy en disputa sería una presunta presión orquestada por el político de origen liberal; un señalamiento que este rechaza y tilda de carente “de soporte probatorio”.
“El falso abogado y cuestionado político Julián Bedoya tiene como fortín burocrático a Corpourabá, con ayuda del gobierno de cambio. Ahora resulta que Corpourabá se le está literalmente atravesando a uno de los proyectos más importantes de la región, ¿con qué interés?”, cuestionó Juvinao.
En su denuncia, la representante aludió al problema que tiene contra las cuerdas al futuro complejo logístico desde abril pasado, que hasta mediados de noviembre se dividía en dos frentes principales.
Vale recordar que pese a tener un porcentaje de avance general por encima del 68% y tener entre sus cuentas estar listo para el primer semestre de próximo año, Puerto Antioquia viene afrontando un lío en un predio cercano identificado como La Presumida, en donde debe levantar las últimas dos torres de energía de una línea de transmisión que conectará al lugar con la subestación de energía de EPM de Nueva Colonia.
Lea también: A menos de un año de estrenar Puerto Antioquia: así es el gigante que revolucionará a Urabá
Esas dos torres están frenadas porque en dicho terreno hay un grupo de reclamantes que argumenta que la tierra es suya y no un baldío de la Nación, como figura en una resolución de expedida en septiembre de 2021 por la Agencia Nacional de Tierras en las que se constituyeron unas servidumbres para esa línea de energía.
Considerando que los reclamantes estarían bloqueando ilegalmente la obra y afectando esas servidumbres ya constituidas, el proyecto acudió a una inspección de policía para solicitar apoyo de uniformados para entrar al sitio e instalar las torres, obteniendo un no como respuesta en un proceso que tildó de irregular y que demandó ante un juez.
Mientras el Distrito de Turbo argumentó que las obras debían seguir frenadas hasta que no se resolviera a quién pertenece el predio, Puerto Antioquia argumentó que la decisión era irregular al entrar en conflicto con un proceso de restitución de tierras que incluye esa zona y que estaba amparado por unas medidas cautelares.
Para acabar de complicar el panorama, la familia reclamante del predio primero alegó contar con el respaldo del Consejo Comunitario de Puerto Girón, sujeto colectivo vinculado al proceso de restitución, pero este luego los desautorizó señalando que no pertenecían a esa comunidad y que no estaban de acuerdo con que el proyecto se quedara varado.
Le puede interesar: Por apoyo a Independientes, declaran nulidad en elección del alcalde de Apartadó
En medio de esa confrontación fue que Corpourabá apareció en escena y suspendió una licencia ambiental otorgada desde 2021, no invocando líos ambientales, sino señalando que los papeles prediales no estaban en regla.
Según aseveró Juvinao en su denuncia, esta suspensión habría sido efectuada por presiones políticas.
“Cuando desde Puerto Antioquia se confrontó a Corpourabá por esta situación sobreviniente, ¿adivinen qué les respondieron a los directivos de Puerto Antioquia? Que arreglaran con Julián Bedoya”, sostuvo la representante, señalando a renglón seguido al exsenador de tener vínculos no solo con la plana directiva de Corpourabá, sino con el alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, quien en segunda instancia había negado la solicitud de amparo policivo.
Para conocer su versión sobre el tema, EL COLOMBIANO consultó con Bedoya, quien remitió una copia de un derecho de petición enviado por él a la gerencia de Puerto Antioquia, señalando que esas versiones lastimaban su buen nombre. “Los señalamientos realizados sin respaldo probatorio no solo afectan mi imagen, sino que también generan un clima de desconfianza alrededor de una iniciativa de alto impacto económico y social, como lo es el Puerto Antioquia”, expresó el político, exigiéndole al Puerto probar si él o algún empleado de su empresa habían recibido alguna presión suya en ese sentido.
Por su parte, Corpourabá también le salió al paso a la controversia el pasado 11 de diciembre, y su director (e) Jorge David Tamayo sostuvo que la entidad solo se estaría suscribiendo a un proceso “guiado por criterios técnicos” y anticipó que la suspensión de la licencia se mantendrá.
Además de Juvinao, otro político local que ya había alzado su voz de alerta fue el exconcejal de Medellín, Daniel Duque, quien en una columna de opinión publicada por este diario también señaló a de Bedoya de ser el presunto interesado en torpedear el puerto a escasos meses de su culminación.
Precisamente en medio de ese ambiente de desconfianza, el proceso administrativo que comenzó en el Distrito de Turbo ahora quedó en manos de la Gobernación, luego de que el alcalde de Turbo se abstuviera de continuar con el mismo.
Según confirmaron tanto desde el puerto como desde el equipo legal de los reclamantes, el pasado jueves se realizó una audiencia pública a cargo del Departamento en la que ambos lados volvieron a dar sus argumentos. Según pudo conocer este diario, la diligencia fue suspendida mientras se validaban unas coordenadas del área disputada.
Entre tanto, en los estrados avanza otro proceso iniciado por los reclamantes con el que se busca tumbar la validez de la misma servidumbre que el Puerto busca amparar en el proceso administrativo. La disputa va para largo.