Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil fueron radicadas, este viernes 27 de diciembre, 3,3 millones de firmas recolectadas para solicitar la realización del referendo por la autonomía fiscal para las regiones, iniciativa del gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón y que ha recibido amplio apoyo de diversos sectores del país.
El comité promotor del referendo por la autonomía fiscal cumplió con dicha entrega como primer paso para sacar adelante esta propuesta que, de ser avalada, permitirá que los ciudadanos acudan a las urnas para decidir si la aprueban o no. Las firmas recolectadas durante los meses pasados, específicamente desde julio, superaron en casi 1,3 millones el umbral de 2 millones requerido por la ley para avalar el proceso. Ahora, el órgano electoral deberá revisar las rúbricas y dar una respuesta sobre su validez en un término de unos 45 días.
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Posteriormente, en caso de que la Registraduría determine que las firmas cumplen con los requisitos legales, el proyecto pasará a manos del Congreso de la República, donde se debatirá y se determinará si es procedente continuarlo. De tener visto bueno allí, deberá pasar a la Corte Constitucional, que deberá revisar que este se ajuste a los mandatos de la Constitución Política de Colombia para dar luz verde. En caso de que así sea, el presidente de la República deberá fijar una fecha para que los ciudadanos vayan a las urnas en 2025 y decidan si avalan o no esta iniciativa.
La propuesta que nació del gobernador Rendón pretende que los impuestos de renta y patrimonio se queden en los departamentos, con lo cual, por lo menos, se duplique lo que hoy reciben vía Sistema General de Participaciones (SGP). En otras palabras, se busca hacer un ajuste en la Constitución de Colombia para que las empresas y personas naturales tributen de forma directa a los departamentos en los que tienen su residencia, de modo que la llegada de esos recursos no dependa de forma exclusiva de las transferencias de la Nación.
“Buscamos modificar la Constitución para que lo que se genere en las regiones se quede en las regiones. No se pueden seguir tomando decisiones desde un escritorio frío en la capital, desconociendo las realidades del Amazonas, La Guajira o Putumayo. Es hora de que las regiones asuman los recursos y las funciones que les corresponden”, expresó Juan Guillermo Zuluaga, vocero del comité promotor tras la entrega de las firmas.
En concreto, dicho referendo pretende que se apruebe la modificación del artículo 298 de la Constitución, para que se les otorgue a las regiones la capacidad de administrar impuestos clave y se disminuya su dependencia de las transferencias nacionales. Pese a que recientes reformas al Sistema General de Participaciones (SGP) han introducido ajustes, los promotores del referendo consideran que estas medidas no son suficientes para garantizar una independencia fiscal real. “Este no es solo un cambio técnico, es una apuesta por la equidad y el desarrollo de nuestras regiones. Las decisiones deben tomarse desde los territorios, con los recursos que ellos mismos generan”, agregó Paola Rivera, también vocera del comité.
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Según los promotores, esto permitiría, en el caso de Antioquia, pasar de recibir $6 billones a $9 billones del Sistema General de Participaciones (SGP). Eso sí, aún estaría por debajo de lo que se genera desde estas montañas, que son aproximadamente $14 billones.
Cabe recalcar que este referendo, que es uno de los mecanismos de participación ciudadana que tiene el país, busca introducir una norma análoga y establecer un ingreso protegido de titularidad exclusiva de los departamentos y del Distrito de Bogotá, introduciendo un inciso y un parágrafo al artículo 298 que diga que solo los departamentos podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas que allí residan.
Pero también se pretende que haya un elemento de equidad y subsidiaridad, de modo que aquellos lugares como Chocó, Guainía o Vaupés, que tienen menos desarrollo empresarial, reciban rentas superiores a las que hoy reciben por las transferencias generales de la Nación. En caso de que todo sea aprobado, deberá ser reglamentado por ley el porcentaje que debe ir a un fondo para subsidiar los faltantes de dichos departamentos.
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