Lina Marcela Arce recuerda cuando llegó a Medellín hace ya dos años. Venía desplazada por causa del conflicto armado, como los demás indígenas embera katío que la acompañaban. Huyeron del Chocó hacia la capital antioqueña, desconocida para casi todos, y se establecieron en Niquitao, donde habitaron en inquilinatos, hacinados, con necesidades apremiantes. El hambre y la pobreza se sumaron a entornos de riesgo para los más pequeños, el peligro de caer a las calles, en el consumo de drogas, en la mendicidad.
“Pensando en el futuro de los niños”, dice Lina, salieron de allí hace casi un año y se asentaron en Enciso El Faro, en la comuna 8, Villa Hermosa. Ella, con 23 años y que lleva casi uno como gobernadora de esa comunidad, afirma que hoy son alrededor de 25 familias, entre las que hay por lo menos 20 menores de edad y que en Enciso los mantienen alejados de los riesgos que los hicieron salir de Niquitao. Pero la situación no es color de rosa. Allá también les falta el empleo, muchas veces se ven a gatas para conseguir la comida y subsistir. No se quieren quedar en Medellín, pero tampoco pueden regresar al Chocó, porque persisten los riesgos de seguridad.
Le puede interesar: Personería alerta por crítica situación de indígenas en Medellín: deben ejercer la mendicidad para subsistir
Por ello, solicitaron que los reubicaran en otro municipio de Antioquia y están esperando que el proceso culmine para llegar al campo, donde puedan tener un resguardo y vivir bajo las tradiciones ancestrales. Mientras tanto, los integrantes de la comunidad deben salir a las calles a vender las tradicionales artesanías, algunos se aferran a la caridad de la gente para que les den una moneda, muchos no entienden el español y es casi imposible conseguir trabajo. Pero el empeño de Lina como lideresa se centra en que ningún niño, niña ni adolescente de su comunidad se vaya a las calles con los adultos; los menores de edad asisten a la escuela sin falta: “Me parece bonita la educación, siempre de la comunidad de El Faro puntualmente estudian, cumplen y los coordinadores me llaman si un niño no va”.
Sin embargo, la realidad de la mayoría de los embera katío que hay en la ciudad es más crítica. El gerente de Etnias del Distrito, Johnatan Hernández, explica que casi todos viven en Niquitao y que están en condición de calle o ejerciendo la mendicidad en zonas como El Poblado o Laureles. “Es en la comunidad embera katío en la que se ve el ejercicio de la mendicidad. En Niquitao tenemos caracterizadas 145 personas que la están ejerciendo. De esas, 91 son niños y 54 son adultos. Puede haber 300 embera katío en la ciudad, pero 154 en esas condiciones”, señala el funcionario.
Además puede leer: Indígena de la comunidad Misak del Cauca se graduó como médico cirujano de la UdeA: esta es su historia
Aunque en Medellín hay alrededor de 7.000 indígenas de 36 pueblos de todo el país, muchos de ellos agrupados en ocho cabildos, Hernández anota que los embera katío, en especial los que provienen de El Carmen de Atrato, Chocó, van de paso por esta y otras ciudades colombianas, expulsados de su territorio principalmente por el conflicto, lo que los deja en alta vulnerabilidad de pedir dinero en sitios públicos poniendo en diversos riesgos a los niños y niñas.
Es por esto que el pasado 10 de diciembre, la Gerencia de Etnias inauguró para esta población la Casa de los Sueños, ubicada en Niquitao, justamente en el lugar donde habita la mayoría de embera katío que pasa por esos problemas. No es un lugar para vivir, pero tiene las puertas abiertas todos los días, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., afirma el gerente, y cuenta con capacidad para recibir al mismo tiempo a unas 30 personas de esta población. Es como una especie de centro que agrupa la oferta de las distintas dependencias de la Alcaldía de Medellín, para acceder a salud, educación, oportunidades de empleo, orientación psicosocial y de género, nutrición y recreación, entre otras.
Es allí donde se activan, por ejemplo, las rutas para que los niños y niñas de la primera infancia tengan un cupo en Buen Comienzo, para que los más grandecitos y adolescentes ingresen al colegio, para que tengan cobertura del PAE, accedan a brigadas de salud, a actividades del Inder, a paquetes alimentarios, a apoyo para sus unidades productivas, todo con enfoque étnico diferencial. Incluso, los indígenas que llegan a la Casa de los Sueños pueden tener asesoría y atención de parte de la Personería de Medellín o la Unidad para las Víctimas y cada día se pueden beneficiar alrededor de 80 o 100 personas que van llegando en grupos.
Es decir, los indígenas siguen residiendo en los inquilinatos, pero se les brindan opciones para que disminuyan las condiciones que los obligan a acudir a la mendicidad como alternativa para subsistir y para que puedan proteger a sus niñas, niños y adolescentes.
Por lo pronto, dice el gerente, una de las urgencias que tienen es lograr una articulación real con el gobierno nacional, en pro de acciones que ataquen en concreto la mendicidad en esta comunidad indígena, lo cual es un problema a nivel nacional. “Ellos vienen por desplazamiento forzado la gran mayoría, y no hay respuesta del Estado. Entonces, nos toca a las ciudades dar la cara y afrontar estas situaciones tan complejas, pero el tema de mendicidad lo han ignorado completamente, o sea, no hay una directriz para los municipios, distritos o gobernaciones respecto al tema”, sostiene Hernández.
Ya sobre esto se había pronunciado la Personería de Medellín, afirmando que hace falta una articulación real entre el Distrito, el departamento del Chocó y el gobierno nacional, que permita atender este problema, pero también coordinar acciones frente a la situación de emergencia de los desplazamientos masivos que se presentan constantemente desde El Carmen de Atrato.
Lina es consciente de que a su territorio no pueden regresar, por lo cual espera que se resuelva pronto lo necesario para que reubiquen a la comunidad que lidera. Mientras tanto, esperan que en la Casa de los Sueños, donde ya ha estado varias veces, encuentren el apoyo que requieren para tener una calidad de vida y la garantía de sus derechos mientras permanezcan en Medellín. “Nosotros necesitamos un apoyo a las comunidades, que den alimentos o bonos cada mes mientras nos reubicamos. Nos dan salud cuando llamamos, pero necesitamos oportunidades de empleo y garantizamos que los niños van a estar en la educación”, puntualiza la gobernadora.
Entérese: El flagelo de la violencia sexual contra las indígenas: más de 210 casos desde 2023 en Antioquia