Al menos tres contratistas del Gobierno Petro —que también “ejercen” como activistas radicales del petrismo en redes sociales— replicaron, compartieron o expresaron comentarios en la red social X (antiguo Twitter) que atacaron a la química farmacéutica y activista por la salud de los pacientes, Hannah Escobar Correa.
La cuenta de la mujer en esa plataforma fue suspendida por unas horas el pasado 23 de diciembre, luego de que el presidente Gustavo Petro la señalara de “nazi”.
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Resulta que los petristas en redes le endilgaron a Escobar haber “perfilado” a un grupo de personas afines al Gobierno, opinadores y periodistas por medio de una imagen en la que salen sus perfiles.
Sin embargo, ese contenido no lo ideó ni fabricó ella, sino que compartió un flyer que hizo un activista del Pacto Histórico promocionando a los “responsables de generar un despertar ciudadano en Colombia”. Pero la activista lo compartió para “comprender las dinámicas de la propaganda” alrededor de Petro y “la jerarquía que se maneja”.
El tema escaló a tal punto que el mandatario dijo que era una acto de discriminación política (un delito) y le pidió a la Fiscalía investigar.
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Lo preocupante de lo anterior es que, además de que el comentario presidencial produjera una andanada de mensajes estigmatizantes y amenazantes en contra de la mujer, personas que tienen uno o varios contratos con entidades del Gobierno hicieron, de alguna manera, parte de esos ataques, que ella ha puesto en evidencia en sus redes.
Los contratistas que atacan
EL COLOMBIANO identificó al menos tres perfiles en X que auparon el sicariato digital contra Escobar. Se trata de Elizabeth Ortiz Peña (cuyo usuario es @ElizbethCristi7), Esther Castro López (cuyo usuario es @BioSaura) y Walter Rodríguez Chaparro (cuyo usuario es @MeDicenWally). Todos tienen al menos un contrato con el Gobierno Petro.
Ortiz ha firmado cinco contratos entre enero de 2023 y agosto de 2024, que suman más de $187 millones. Tres con el Ministerio de Justicia, firmados en enero de 2023, en mayo del mismo año y en enero de 2024; uno con el Ministerio de Minas, firmado en enero de 2024, y otro con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), firmado en mayo de 2023.
En medio de los ataques de esta semana contra Hannah, escribió en su cuenta de X que “está usando su plataforma para perfilar a personas petristas, exponiéndolas al riesgo de ser asesinadas por grupos armados”, pidió “acción de las autoridades” y etiquetó las cuentas del presidente Petro, de la Fiscalía y de la Policía.
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Castro, por su parte, ha firmado en los últimos dos años tres contratos con el Ministerio de Agricultura, en noviembre de 2022, en enero de 2023 y en febrero de 2024, que suman más de $74 millones. También fue contratista de la Alcaldía de Floridablanca (Santander), entre febrero y diciembre de 2023. Desde su cuenta de X compartió un trino del periodista Daniel Samper Ospina (en el que se solidarizaba con Hannah Escobar) con el mensaje: “No sea miserable y no convierta en víctima a la verdadera victimaria”, en referencia a la activista.
Entre tanto, Rodríguez —más conocido en redes por su seudónimo Wally— firmó un contrato con RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia) en noviembre de este año por $10’133.333 con el fin de prestar los servicios de realizador de contenidos para las plataformas del sistema de medios públicos del país. El comentario que hizo acerca de lo ocurrido con Escobar lo expuso como respuesta a un trino de la periodista Diana Saray Giraldo, en el que escribió: “Dizque entendí todo dice esta perfiladora”.
Corría mayo de 2017 cuando Gustavo Petro, recién salido de la Alcaldía de Bogotá, dijo en una entrevista con la Revista Semana que “las redes (sociales) son profundamente violentas, se parecen a las paredes de un baño”. Ese atinado comentario del ahora Jefe de Estado refleja fielmente lo que hacen las bodegas de todos los sectores políticos en esas plataformas, incluida la que le es funcional a su proyecto político que hoy rige los destinos de Colombia.
Casi que al día puede encontrarse un botón de muestra para ese comportamiento por parte de los activistas del petrismo, que actúan como matoneadores digitales. Nada más basta mirar los ataques que le llegan a las congresistas Catherine Juviano, Katherine Miranda y Jennifer Pedraza por sus posiciones independientes y críticas con el Gobierno, que incluyen ataques misóginos y sexistas.
El mismo comportamiento gavillero y agresivo lo sufrió Escobar Correa, que bien podría hasta ser objeto de investigación de la unidad especial contra la amenaza y la discriminación política que Petro le pidió establecer a la Fiscalía.
“A la señora Hanna Escobar la pueden visitar en la Torre Fundadores de Medellín”, escribió el usuario identificado como @PendeGhitis en X con una imagen del lugar que menciona. “Ya era hora de ponerle un tatequieto a la ‘señora’”, trino el usuario @La_del_501. “Hay que ser como ella, asesinar a diestra y siniestra a todo aquel que tenga un poco de inteligencia”, expuso otro perfil llamado @vanderley50670, que se caracteriza por sus irrepetibles ataques violentos contra las mujeres.
Así mismo, llegaron otros comentarios de militantes del Pacto Histórico del tipo: “Ahora sale a victimizarse la maldita asquerosa”, que puso la usuaria identificada como @LAPacifiKA, quien en su perfil recalca que “la paz es la única forma de avanzar”.
Por otra parte, el contratista del Departamento para la Prosperidad Social y de la Superintendencia de Industria y Comercio, Celso Tete Crespo, le dijo a Catherine Juvinao que “ahora te congracias con la extrema derecha y con los nazis” luego de que la congresista intercambiara trinos con Petro sobre los ataques a Hannah.
En diálogo con este diario, el abogado Francisco Bernate recordó que las opiniones en redes sociales tienen límites, en el marco de la libertad de expresión, que son “el hostigamiento, la discriminación o entrometerse en aspectos de la vida personal de la gente, que raya con el matoneo deliberado o incitar a cometer delitos”.
De hecho, la ley colombiana penaliza los actos de racismo y discriminación por raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, así como los de hostigamiento “orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual”.
En ese sentido, Bernate advierte que señalar a alguien de nazi o publicar datos personales o lugar de vivienda constituye un acto de discriminación, que “no se puede hacer bajo ninguna circunstancia”. “Usar la palabra nazi es una expresión muy delicada, que no está dentro de la libertad de expresión”, puntualizó.