A principios del año pasado, para el 4 de enero, Antioquia reportaba el segundo y el tercer caso de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el país. Ambos ocurrieron en el Suroeste, los dos fueron desaparecidos antes de que los encontraran muertos. Emerson Pulgarín Sánchez era reconocido por su labor como líder comunitario y deportivo en Amagá, pero también por ser candidato al concejo de ese municipio en las pasadas elecciones territoriales, aunque no logró una curul.
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El 2 de enero salió de su casa en una motocicleta y le perdieron el rastro, hasta que dos días después encontraron su cuerpo con signos de violencia. Luis Fernando Osorio, también conocido por su liderazgo y por ser enfermero comunitario en Andes, fue hallado sin vida seis días después de que lo desaparecieran.
A partir de entonces, los casos de homicidios a los líderes y defensores siguieron sumando hasta llegar a por lo menos 25 en el departamento al cierre de 2024. No hubo un solo mes en el que no se presentara por lo menos un registro y Antioquia quedó como el segundo departamento con más cifras de estos hechos en Colombia, según el consolidado de organizaciones como la fundación Sumapaz e Indepaz, que hacen seguimiento juicioso al tema.
El Occidente fue la única subregión antioqueña que no ha aportado nombres en el último año a la dolorosa lista, en la que el Magdalena Medio se ubicó como la de más casos, con seis en total: Faber Rincón Pérez, Lisímaco Zamudio, Johanny Patricia Sepúlveda y Yonathan Pérez Hueso, todos cuatro de Yondó (los tres últimos el mismo día), así como Jaider García Uribe y Steven Andrés Fajardo, ambos de Puerto Triunfo.
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El Suroeste se ubicó segundo, además de Emerson y Luis Fernando, también fueron asesinados Ómar de Jesús Muñoz Vasco, en Salgar, y José Fernando Velásquez Molina, en Titiribí. En el Urabá asesinaron a Argemiro Mayo García, en Mutatá, y a Fidel Antonio Hernández, en Apartadó. El Valle de Aburrá registró dos casos en Caldas: Cristian Alberto Castrillón y Karis Saldarriaga.
En el Bajo Cauca asesinaron a Efrén Zapata Elorza y a Jorge Ávila, ambos en Cáceres, y a Juan Diego Cubides, en El Bagre. En el caso del Nordeste las víctimas fueron Manuel José Bermúdez Andrade, en Santo Domingo, Robinson Franco, en Segovia, y Dideison Espinosa, en Cisneros.
Por su lado, en el Oriente asesinaron a Julio Zapata, en San Rafael, a Rubén Antonio Jaramillo, en Sonsón, y a Jhon Fredy Ramírez, en El Carmen de Viboral. En el Norte se registraron los casos de León Eugenio García Jiménez, en Toledo; de Alcides Sucerquia, en Ituango; y de Jaime Alexánder Betancur, en Valdivia.
Todos eran conocidos en sus territorios por el trabajo que ejercían como líderes comunitarios, campesinos, sindicales, políticos, comunales; por la defensa de los derechos humanos, de niños, niñas y adolescentes, de la población LGBTIQ+; como gestores deportivos o como comunicadores. Sin importar el perfil que tenían, sus asesinatos constituyen una afrenta al tejido social, a comunidades que quedaron en medio de la zozobra y el temor, y demuestra que en el departamento, como en otras zonas del país, persiste un patrón de agresiones en contra de quienes cumplen estas labores.
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De hecho, de acuerdo con Sumapaz, el temor en algunas zonas es tan alto que ni siquiera se conocen las denuncias de las agresiones que persisten, pero en el silencio también influye la impunidad en la que quedan algunos casos. En las cifras que lograron recopilar este año, la fundación da cuenta de que se registraron 103 amenazas, de ellas 12 colectivas; 52 desplazamientos forzados; 9 señalamientos individuales y 4 colectivos; 4 casos de tortura; 4 retenciones; 2 detenciones ilegales; y 2 casos de robo de información.
Ante este panorama de agresiones, quienes no se han desplazado, “han abandonado completamente su rol y responsabilidades de manera silenciosa, lo que agrava la situación de vulnerabilidad para todos aquellos que continúan su labor”, señalaron desde la ONG.
En consideración de Sumapaz, además, hay una debilitada tarea de la institucionalidad, en cabeza de entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y las autoridades locales y departamentales en la protección y las garantías de los líderes y defensores de derechos humanos.
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Desde la Gobernación de Antioquia indican que en 2024 atendieron 38 casos de amenazas contra líderes sociales, lo que representa un aumento del 192% porque en el mismo periodo del año fueron 13. La cifra que manejan para este último año es mucho menor que la reportada por la fundación Sumapaz porque no corresponden al total de amenazas, sino a aquellas en las que han activado la ruta de atención, que incluye, entre otras cosas, apoyo económico por tres meses, asistencia psicológica y albergues ubicados en puntos estratégicos.
La Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia de Antioquia ejecuta un proyecto de prevención y fortalecimiento institucional en 43 municipios para proteger a los líderes y defensores de derechos humanos y se proyecta ampliar la cobertura en otros 39 para 2025.
Mientras tanto, para Sumapaz la falta de garantías y la desprotección de quienes defienden los derechos humanos y velan por las comunidades es un tema sobre el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro “tiene una alta deuda que debe ser saldada cuanto antes”.