El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda contra la Presidencia de la República y la Fiduprevisora, interpuesta por la Fundación para el Estado de derecho, en la que se denuncia la falta de publicación de contratos en el marco de la política de la paz total.De acuerdo con la fundación, el presupuesto del Gobierno nacional para las conversaciones y negociaciones con grupos armados se ejecuta a través de los fondos Colombia en Paz, Multidonantes de la ONU y Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz).En la demanda presentada, exponen que “hace meses” dejaron de publicar los documentos contractuales de la ejecución de recursos de la paz.Los fundamentos de la demanda precisan que el artículo 17 de la Ley 2272 de 2022 dispone que se deben publicar todos los documentos, ya sean de la fase precontractual, contractual o poscontractual, en el marco de las negociaciones o implementación de los acuerdos de paz. Esto, según la norma, se debía hacer en los diez días siguientes a su creación, con el fin de permitir que la sociedad ejerza control sobre los mismos.La fundación expuso que la totalidad de los documentos no se publican ni en SECOP II ni en las páginas web de las entidades.“Por ejemplo, no se encontraron los documentos precontractuales de las ‘convocatorias públicas’, ni las propuestas remitidas por los oferentes, no se cargan evidencias de ejecución, informes de cumplimiento, supervisión e interventoría, ni actas de liquidación de contratos ya adjudicados, entre otros”, indica la fundación en un comunicado.Además, la organización denuncia que el Gobierno Petro ha expedido lineamientos y procedimientos que van en contravía de la norma, con el fin de habilitar esa falta de publicación.Por ejemplo, según expone la fundación, la Fiduprevisora expidió un procedimiento el 16 de junio de 2023, que permite “omitir la publicación de la actividad contractual”.También lo hizo el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), emitiendo lineamientos de la publicación de información del Fondo Especial para la Paz.“El derecho que tiene la ciudadanía a conocer cómo se orienta la contratación pública considerando los principios de transparencia y publicidad que rigen al Estado de derecho en un tema tan importante como es la política de paz”, expresó Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de derecho.De esta forma, la Presidencia de la República deberá responder ante la justicia sobre los motivos que llevaron a la omisión de la publicación de dicha información.