En el mes de agosto del año pasado, el presidente Gustavo Petro a través de un decreto, anunció la suspensión de las exportaciones de carbón colombiano hacia Israel, por “la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina con ocasión de la operación militar llevada a cabo por Israel después del 7 de octubre de 2023″.Ese día, Hamás atacó territorio israelí, incursión que dejó más de 1.200 personas muertas y decenas de secuestrados. La reacción de Israel en sus ataques en Gaza produjo la muerte de más de 10.000 personas, y fue el argumento del Gobierno Petro, para suspender las exportaciones colombianas de ese mineral a Israel, país con el que Colombia tiene un tratado de libre comercio.Estas ventas representan cerca del 5% del total de las ventas de carbón al exterior, suman cerca de 500 millones de dólares y representan en regalías e impuestos 650.000 millones de pesos.En Colombia la decisión del Gobierno frente al carbón a Israel, fue criticada por los gremios, por el impacto que representa para el sector, en momentos de gran incertidumbre por nuevas cargas tributarias y una regulación que a juicio del sector privado está asfixiando la operación, y restándole competitividad a uno de los sectores que fue motor de la economía en su pasado reciente. De hecho, al cierre del 2024, la minería decreció más de 9% y el carbón, específicamente lo hizo a una tasa superior al 13%.Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, en su momento rechazó la propuesta de suspender las exportaciones de carbón hacia Israel, al considerarla como una medida arbitraria, ilegal e inconstitucional, que atenta contra la libertad de empresa y que pone en riesgo la estabilidad política y económica de Colombia.El gremio argumentó que la propuesta hecha por el Gobierno Nacional trae graves perjuicios para Colombia, y en particular para las regiones productoras de carbón térmico con destino a Israel (La Guajira y el Cesar). “Esta es una medida comercial que atenta contra los intereses de la industria nacional, generando graves afectaciones e incertidumbre para el sector carbonífero, su cadena productiva y las zonas de influencia” manifestó Cante, en esa oportunidad.“Todo el mundo está trabajando por tratar de colocar sus carbones y seguir vendiendo, pues si no se le vende a Israel, se les venderá a otros destinos, porque lo cierto es que el mundo sigue consumiendo carbón en distintas partes y en distintas regiones. Ahora, sí, lo preocupante es perder un cliente como Israel, con unos volúmenes tan importantes como cerca de 3 millones de toneladas”, le dijo Cante a SEMANA.Sin embargo, el conflicto en Gaza ha venido evolucionando: hoy hay un alto al fuego y se ha dado la liberación de secuestrados por parte de Hamás, así como de prisioneros palestinos que tenía Israel.Ante este panorama, Cante puso sobre la mesa una nueva discusión: “Estamos por preguntarle al gobierno si con el cese al fuego se levantaría esa restricción, porque aún no está claro”.Este es apenas uno de los aspectos que tiene al sector minero, y en especial al carbonero, en medio de una profunda incertidumbre. En materia de leyes, decretos y regulaciones, el carbón fue incluido dentro de los sectores que tendrán que pagar un impuesto al amparo del decreto de conmoción interior para atender la situación del Catatumbo, pero podría volverse permanente si el Gobierno lo lleva a la discusión de la reforma tributaria que ha anunciado.“El decreto de conmoción está creando un nuevo impuesto, esto es como un IVA al consumo nacional y a las exportaciones de carbón, que es un impuesto regresivo y en cascada, en el sentido que grava de igual manera los carbones producidos por la pequeña, por la mediana o por la gran minería. Y pues esto tiene unos efectos totalmente distintos. Por supuesto que unos carbones producidos en el interior del país para el consumo nacional con un gravamen como el que se está colocando, que podría estar cercano a un dólar por tonelada, pues lo que significa es un impacto sobre los bienes de consumo nacional que usan carbón, llámese generación de energía, producción de coque, producción de acero, producción de cemento, producción de ladrillos, y eso sin lugar a dudas generará un efecto inflacionario”, explica Cante.Y agregó que sobre los pequeños mineros habrá un impacto adicional. Generalmente, los carbones que producen se aglutinan por parte de un comercializador internacional que reuniendo producto de diferentes zonas del país y de diferentes títulos mineros logra llenar un barco. “En ese caso, añade Cante, el impuesto es doble: se genera en la primera venta y en el momento de la exportación. Eso le resta muchísima competitividad a esos carbones que además tienen que enfrentar unos costos logísticos de transporte que hemos visto que, para este año, con la justificación del incremento del precio del diésel, se han incrementado de manera exagerada”.Insistió que todo esto es parte de la estrategia fundamental, más que de generar posibilidades fiscales para la nación, “de incrementar los costos de producción de los carbones colombianos que nos conduzcan a la inviabilidad en términos de competitividad internacional con el único fin de justificar una transición energética acelerada y mal hecha que hasta ahora no ha tenido resultados. Por el contrario, el consumo y la demanda de carbón a nivel global ha seguido creciendo”, añade Cante.Este hecho se suma a otras medidas que está tomando el Gobierno. Por una parte, lo relacionado con una serie de decretos como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appas), el decreto 044 que busca establecer un nuevo ordenamiento ambiental minero alrededor del agua, que le ponen una enorme incertidumbre a la inversión y al sector hacia adelante.“Vemos con mucha preocupación la creación permanente de diferentes figuras de restricción de carácter ambiental, ahora agropecuario, que a lo único que conducen es a limitar el aprovechamiento de nuestros recursos minerales. En el caso de las Appas está perfectamente probado que la minería no es excluyente del desarrollo agropecuario, particularmente en la minería del carbón del interior del país, pues en los municipios en donde más han crecido en los últimos 20 años, las hectáreas cultivadas son los productores de carbón del interior del país”, señala Cante.Sobre la figura del decreto 044 para delimitar zonas de reserva temporal donde se prohíba la actividad minera, el Gobierno, explicó Cante, aún no utiliza esta figura y de hecho, en las áreas de devolución de Prodeco, la figura que está usando el Ministerio de Minas es el Código de Recursos Naturales, “lo cual quiere decir que el mismo gobierno tiene total intranquilidad y dudas de utilizar esa figura”.Frente al decreto de conmoción se está a la espera de la revisión que efectúa la Corte Constitucional quien tiene el control automático de constitucionalidad. En torno al decreto 044 se demandó y existen varios procesos. Se espera decisión sobre la medida cautelar y el avance del proceso.Además, están en trámite en el Congreso dos iniciativas del Gobierno: la reforma al Código de Minas y la creación de Ecominerales. Según Cante, sobre Ecominerales ha sido aprobado el primer debate en Comisión Primera de Cámara. Aún no se ha agendado para que tenga su segundo debate en plenaria. Lo cierto es que, antes de que acabe esta legislatura, tendría que surtir los tres debates restantes o se hunde.Y la reforma al Código de Minas continúa en un proceso de consulta previa sobre el cual no se tiene mucha información y se está a la espera de que sea radicado ante el Congreso. Actualmente, cursa un proyecto de Ley radicado por el senador Nicolás Echeverry, al que aún no se le ha dado debate, pero que tendría que ser acumulado con el que sea radicado por el Gobierno Nacional.
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