Salud
Un Estado con más responsabilidades, EPS que no asumen riesgos y más gastos: esto plantea la reforma de la salud
Edwin Caicedo
09 de marzo 2025 , 12:01 a. m.
09 de marzo 2025 , 12:01 a. m.
Un Estado con más responsabilidades, EPS que no asumen riesgos y más gastos: esto plantea la reforma de la salud
La iniciativa, tal como está planteada, sigue siendo muy similar al primer proyecto presentado por el Gobierno.
Edwin Caicedo
El proyecto de reforma a la salud, que esta semana superó su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, es, en esencia, un resumen del primer texto presentado por el Gobierno y la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho. En líneas generales, la iniciativa mantiene las mismas bases: que el Estado asuma cada vez más responsabilidades y administre todos los recursos a través de la Adres; que la atención primaria en salud sea prioritaria y, para ello, se construyan CAPS; y que las EPS, tal como operan hoy en día, salgan del sistema o se transformen en un actor menos relevante.
La iniciativa, que ahora deberá superar su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado (donde ya naufragó una vez), se fundamenta en varias columnas clave. La primera de ellas es el manejo de los recursos. Si la reforma se aprueba, ya no serán las EPS las que paguen a hospitales y clínicas, sino el Estado, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Aprobación de la reforma de la salud en la Cámara
César Melgarejo. EL TIEMPO
La entidad tendría que crecer exponencialmente en número de funcionarios y gestionar billones de pesos en pagos mediante la modalidad de giro directo a hospitales, clínicas, gestores farmacéuticos y otros actores que hoy son financiados por las EPS. Para los expertos, esto podría dar pie a situaciones de corrupción en el manejo de los recursos, especialmente debido a la falta de personal técnico y calificado para llevar a cabo esta labor.
Frente a esta crítica, Félix León Martínez, presidente de la entidad, señaló que desde hace tres años ya han venido manejando una parte de los recursos del sector de esa manera, por lo que, en su criterio, la objeción es injustificada. “No es algo nuevo; lo que sucede ahora es que la última palabra en el gasto la tendrá la Adres. Si bien las Gestoras auditarán y enviarán las cuentas para pago a la Adres, la entidad revisará esa auditoría y verificará cómo se gasta cada peso de los colombianos con detalle y absoluta transparencia”, afirmó en el noticiero de la Cámara de Representantes.
Felix Martínez, director de la Adres.
Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto
En todo caso, actores como la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) han denunciado que, hasta la fecha, el Estado es el quinto mayor deudor de las IPS afiliadas en la asociación. Además, han señalado que las EPS administradas actualmente por el Gobierno, a través de la Supersalud, no han reducido sus deudas, sino que las han aumentado entre diciembre de 2023 y agosto de 2024. Tal es el caso de Nueva EPS, que es el mayor deudor de la ACHC y cuya deuda creció un 7,7 por ciento en ese periodo, o de Emssanar, cuya deuda aumentó un 4,1 por ciento.
Por otro lado, uno de los puntos clave del proyecto de reforma ha sido la atención primaria y la mejora en el acceso a la salud para los usuarios. Según ha prometido el Gobierno, la iniciativa facilitará la obtención de citas con especialistas y el acceso a atención médica, asignándole a cada ciudadano un Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) cercano a su hogar. Muchos de estos serán IPS que ya existen, mientras que otros se construirán.
Es en este punto, el de la nueva infraestructura, donde surgen preocupaciones y alertas entre expertos y algunos congresistas que discutieron el proyecto. Según lo planteado en el artículo 44 del texto, que varios congresistas solicitaron eliminar, se crearía un ‘Fondo de Infraestructura y Dotación de la Red Pública Hospitalaria’ (FIDH) como un fondo cuenta del Ministerio de Salud y Protección Social, sin personería jurídica ni estructura administrativa propia. Su objetivo sería promover, apoyar y ejecutar la infraestructura y dotación de la red pública hospitalaria, así como cofinanciar y asesorar técnica y financieramente a las Instituciones de Salud del Estado (ISE) y a las entidades territoriales para el desarrollo de proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria.
Básicamente, se crearía un fondo privado que, aunque regido por normativas del sector privado, se financiaría con recursos públicos para la construcción y adquisición de infraestructura hospitalaria. Para los expertos, esto representa un riesgo de corrupción.
"En español, esto significa que los hospitales, al ser obras públicas, deben contratarse bajo la Ley 80, respetando el principio de publicidad y publicando los documentos en el Secop. Sin embargo, ahora se construirían a través de un fondo regido por el derecho privado. Es decir, desaparecerían las licitaciones y la transparencia, y los contratos para hospitales públicos se otorgarían a dedo. Ya sabemos cómo podría terminar eso", señaló la representante Catherine Juvinao en entrevista con EL TIEMPO
La representante de la Alianza Verde, Catherine Juvinao.
Cámara de Representantes
Finalmente, otro de los grandes cambios en el sistema sería la transformación de las EPS, muchas de las cuales están actualmente intervenidas por el Estado a través de la Superintendencia de Salud. Estos actores privados, que hoy asumen el riesgo en salud, tendrían dos opciones en el nuevo sistema: convertirse en Gestoras de Salud o retirarse. Si eligen la primera opción, actuarían como administradoras de los pacientes, pero compartiendo el riesgo con otros actores, lo que preocupa a los expertos, ya que “no habría un único actor responsable”.
Según los establece el artículo 28, su trabajo será “gestionar el riesgo en salud conjuntamente con las entidades territoriales del orden departamental y distrital o municipal, incluyendo a los CAPS desde la atención primaria en Salud hasta la prestación de los servicios de salud de mediana y alta complejidad”. En palabras sencillas: antes era la EPS la que asumía todo el riesgo, y a la que se le exigía en caso de no cumplir con la prestación, pero ahora entran otras entidades a compartir ese riesgo; lo que plantea una discusión de competencias. Por ejemplo, una de las dudas jurídicas, con tantos actores gestionando el riesgo de un usuario es: ¿a quién se pone una tutela cuando se ve vulnerado el derecho a la salud, al CAPS, a la entidad territorial, a la Gestora, al Ministerio de Salud?
Por dicho trabajo, las Gestoras recibirán un 5 por ciento de pago por gestiones administrativas, que puede verse reducido si no cumplen con los indicadores solicitados por el Gobierno, que plantea así un sistema en el que el Estado (no siempre reconocido por su manejo de los dineros públicos) maneja y distribuye los recursos; fragmenta el riesgo en salud sin dejar un único actor como responsable; y deja un sistema en el que la atención primaria y la construcción de infraestructura hospitalaria depende de un fondo que aunque se alimenta con recursos del erario se rige bajo normas privadas.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros