La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que tumbe dos artículos del decreto que daba medidas en materia de agua, saneamiento básico y vivienda, declarados con la conmoción interior en el Catatumbo. Medidas que surgieron tras la guerra que se desató entre las disidencias de las Farc y el ELN en esa región del país.El concepto que envió Eljach el pasado 4 de abril le solicita al alto tribunal: “Declarar inexequibles los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo 0121 de 30 de enero de 2025, por el cual se adoptan medidas en materia de agua, saneamiento básico y vivienda en el marco de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander y los municipios de Río de Oro y Gonzáles del Departamento del Cesar”. RE0000370-Concepto Del Procurador General de La Nación-(2025!04!04 14-57-47) by dlandinezc Esos artículos le daban facultades a las alcaldías municipales para que ajustaran los planes de ordenamiento territorial en atención a la población desplazada y competencia al Ministerio de Vivienda para estructurar y ejecutar proyectos de agua y saneamiento básico.Sobre el artículo 4 la Procuraduría detalló: “Es impreciso, pues en lo que tiene que ver con la suspensión del proceso de consulta previa y de los mecanismos de participación ciudadana, su alcance no se logra determinar de forma clara e inequívoca. Por lo tanto, se advierte que esa ambigüedad representa una contradicción directa con la Constitución y que, por lo demás, puede vulnerar las garantías fundamentales previstas en la Carta Política”.El ente de control también advirtió que suspender la aplicación de las normas sobre planeación urbanística y los parámetros mínimos de seguridad estructural, podría terminar en un incremento de generar asentamientos informales e inseguros. Lo que podría generar una permanente vulnerabilidad de las condiciones para las víctimas de desplazamiento.“Las medidas adoptadas en el artículo 4 resultan problemáticas de cara a los principios democráticos contenidos en la Ley 388 de 1997, la cual incluye etapas de socialización y concertación con la comunicdad e instancias institucionales en la elaboración del POT”, dice el documento que esta en poder de la Corte Constitucional.Para la Procuraduría, el artículo 5 de ese decreto tampoco cumple con los requisitos constitucionales exigidos, teniendo en cuenta que la medida modifica las disposiciones ordinarias sobre la competencia de los departamentos y municipios para desarrollar proyectos de agua y saneamiento básico.“El gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, asume una competencia asignada por la Constitución a las entidades territoriales sin garantizar su financiación”, advirtió el ente de control.
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