El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) prendió las alarmas sobre el estado de las finanzas públicas del país.
En su informe de seguimiento fiscal de abril de 2025, el organismo técnico señaló que, con corte a febrero, el déficit primario del gobierno nacional alcanzó el -0,9% del PIB, una cifra muy por encima de la meta establecida en el Plan Financiero de este año, que era de apenas -0,2%.
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La situación obliga a que en los próximos meses se generen superávits primarios si el país quiere cumplir con los compromisos de la regla fiscal y sostener la credibilidad de su política macroeconómica.
Uno de los puntos más sensibles del informe tiene que ver con los ingresos tributarios, que presentan un crecimiento nominal anual del 6,2%, muy lejos del 22,7% necesario para cumplir con la meta de recaudo del Plan Financiero de 2025.
Con corte a febrero, el recaudo bruto fue de $49,4 billones, lo que implica un crecimiento real –descontando la inflación– de apenas 0,9% anual.
En este comportamiento, los tributos externos y el IVA han sido los que más han jalonado los ingresos, aunque claramente no es suficiente para cerrar la brecha fiscal.
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La situación de liquidez del gobierno también es crítica. A 31 de marzo, los depósitos del Estado en el Banco de la República se ubicaron en apenas $10 billones, el nivel más bajo para este mes desde que se tienen registros.
Esto representa un deterioro frente a febrero y refleja una presión directa sobre la caja del gobierno para cumplir con sus pagos.
A la presión por el gasto se suma el aumento de los costos de financiamiento. Según el CARF, entre febrero y marzo, las tasas promedio de los títulos de deuda pública en pesos aumentaron 80 puntos básicos, siendo los de largo plazo los más afectados.
El diferencial entre las tasas de corte en las subastas y los cupones de los TES es ahora más de tres veces superior al de hace un año. Este encarecimiento refleja la fragilidad fiscal del país, percibida por los inversionistas, y podría limitar el acceso futuro a financiamiento barato.
Otra señal de alarma: entre enero y febrero, Colombia destinó el 29,8% de sus ingresos tributarios al pago de intereses de deuda, nueve puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2024.
Esta carga limita de forma severa el margen fiscal para invertir en gasto social o productivo, afectando el crecimiento y el bienestar.
Como reflejo de la creciente desconfianza en la sostenibilidad fiscal, el Credit Default Swap (CDS) de Colombia —indicador que mide el riesgo de impago soberano— ha presentado un aumento más rápido que el de otros países latinoamericanos en el último mes.
Según el CARF, Colombia ya venía mostrando primas de riesgo más altas que sus pares desde años anteriores, y este nuevo repunte agrava la situación. La lectura para los mercados es clara: Colombia está entrando en zona de vigilancia fiscal.
Frente a este panorama, el CARF concluyó que el gobierno debe adoptar cuanto antes acciones de ajuste, ya sea mediante mayores ingresos tributarios o reducción del gasto, para asegurar que se cumpla la regla fiscal este año.
La advertencia no es menor. De no tomarse medidas, el país podría enfrentarse a una pérdida de credibilidad fiscal, dificultades de financiamiento y mayores tensiones en los mercados.
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