Fiscal, procurador e incluso ministro de Justicia. El abogado Héctor Alfonso Carvajal –un aliado de antaño del presidente Gustavo Petro ante los estrados judiciales– ha sonado durante meses para llegar a un ramillete de cargos con el guiño del jefe de Estado; sin embargo, hasta ayer esas postulaciones no trascendieron de ruido y especulación.
Junto a las juristas Karena Caselles Hernández y Didima Rico Chavarro, el primer mandatario puso a consideración del Senado el nombre de Carvajal –su abogado defensor durante más de una década– para ocupar un cargo de primer orden: el que dejará la saliente magistrada Cristina Pardo en la Corte Constitucional a partir del 16 de mayo.
En juego está otro asiento en la que es considerada la corte más importante y respetada del ordenamiento jurídico colombiano, donde Petro ya puso a uno de los suyos: el exsecretario Jurídico de Palacio Vladimir Fernández.
De hecho, el magistrado desató controversia días atrás al avalar una tutela del presidente en la que pedía anular el concepto del Consejo de Estado que ratificó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí es competente para investigarlo a él y su campaña por presunta violación de topes de financiación. Incluso, pidió frenar el proceso mientras se resuelve el entuerto jurídico.
Decisiones de ese calibre evidencian la importancia y conveniencia de tener a un aliado en el tribunal de cierre del ordenamiento jurídico. La batuta queda ahora en manos del Senado, donde desde ya comienzan los movimientos y pujas políticas desde las diferentes orillas para evaluar las hojas de vida y escoger la mejor alternativa.
“La terna evidencia una clara orientación ideológica hacia el activismo judicial de izquierda, lo cual pone en entredicho la imparcialidad y el equilibrio institucional que se espera del más alto tribunal constitucional del país”, advirtió la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.
“De abogado personal de Petro a candidato a magistrado”, dijo a su turno la senadora Paloma Valencia.
Meses atrás, en diálogo con este diario, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras –jefe de Cambio Radical–, alertaba que el jefe de Estado buscaba mayorías para influir en las decisiones del alto tribunal entre las que se cuentan, por ejemplo, revisar la consulta popular o analizar las demandas que piden tumbar la única reforma que ha logrado tramitar el Ejecutivo: la pensional.
“Hoy ya el Gobierno cuenta con tres votos fijos al interior de la Corte Constitucional. Me refiero a Juan Carlos Cortés, Paola Meneses y Vladimir Fernández. Con cualquiera que sea elegido tendrá ya cuatro votos en la Corte y bastará con que el Gobierno se haga a un quinto voto de nueve para que consolide las mayorías”, alertaba.
Ahora, conocida la terna, señaló: “Este puede ser el año en que Petro se tome la Corte. Ojalá la Corte Suprema no se equivoque al conformar las ternas para reemplazar a otros magistrados ni el Senado al elegir. Están en riesgo las elecciones y el futuro del país”.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, salió con firmeza a cuestionar la terna. Su principal crítica: la inclusión de un hombre en una lista que, por principios de paridad de género, se esperaba estuviera compuesta únicamente por mujeres.
“Presidente, qué lástima haber perdido la oportunidad de contar con una terna de mujeres. Usted ha sido pionero en esa iniciativa y hoy, más que siempre, es necesario mantener la paridad en la Corte Constitucional”, reclamó la defensora.
Entre los postulados sobresale el nombre de Carvajal, quien defiende al presidente ante el CNE en la investigación por presunta violación de topes electorales. Al jurista semanas atrás el propio Petro le habría pedido que ocupara el cargo de ministro de Justicia; sin embargo, declinó.
Carvajal, quien es especialista en Derecho Administrativo y Derecho Procesal Civil, saltó a la palestra pública por ser el artífice de reunir en tres ocasiones al expresidente Álvaro Uribe con Petro. Desde entonces, empezó a ganar influencia en el Gobierno.
Es uno de los hombres de confianza del presidente, tanto así que Petro le delegó la defensa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuando la Procuraduría lo suspendió por participación indebida en política por apoyar al entonces candidato de Pacto Histórico. Sin embargo, su cercanía data de años.
La relación comenzó después del fallido proceso de destitución del hoy presidente como alcalde de Bogotá en 2013. Carvajal hizo parte de la defensa del ahora presidente en ese litigio.
Por otro lado, aparece Karena Caselles, oriunda de Villavicencio y quien ya fue magistrada encargada de la Corte, además de ser magistrada auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Inclusive, mientras se posesionaba formalmente la magistrada Natalia Ángel, llegó a ser magistrada encargada de la Corte Constitucional,
Justamente, esa experiencia en el manejo del alto tribunal y sus vínculos con algunos magistrados jugaría a favor de Caselles, en particular, su cercanía con el exmagistrado Alberto Rojas Ríos, quien guarda conexiones con el expresidente César Gaviria, mandamás del Partido Liberal. Sin embargo, no puede pasar por alto que el esposo de Caselles, Luciano Sanín, dirige la ONG Viva la Ciudadanía, cercana a figuras del petrismo.
Es abogada especializada en derecho constitucional y en derecho administrativo. Magíster en derecho con énfasis en derecho del trabajo y doctoranda en derecho.
La tríada la cierra Didima Rico, quien fue magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es profesora de filosofía de las ciencias penales y forenses, de derecho penal general y Derechos Humanos.
Rico también cuenta con respaldo político. Es cercana al Polo Democrático –que recién adhirió al Pacto de manera formal de cara a 2026–, en particular a figuras como Clara López o Iván Cepeda.