La JEP ordenó a la Unidad para las Víctimas incluir en sus registros a 2.721 víctimas de secuestro de las otrora Farc-EP y evaluar si procede con el pago de indemnizaciones como reparación.
La entidad tiene a más tardar hasta el 1 de septiembre de 2025 para incluir a estas personas, sobrevivientes de secuestro y familiares, que fueron acreditadas en el caso 01 de la Justicia Especial, que investiga este crimen cometido por la otrora guerrilla durante el conflicto.
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Actualmente, el Registro Único de Víctimas (RUV) cuenta con 9'781.883 personas, de las cuales 38.880 fueron incluidas por secuestro. El país está a puertas de llegar a los 10 millones de víctimas y la petición de la JEP ayuda a engrosar esta cifra que, haciendo la conversión, sería casi el 20 % de los colombianos.
Esta decisión del alto tribunal, en cabeza de la magistrada Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimiento y relatora del macro caso 01, responde a la petición de las víctimas vinculadas en la investigación, quienes a través de escritos o en las audiencias públicas han insistido en su derecho a ser reparadas. Y para acceder a esta y a las demás medidas de atención y asistencia disponibles deben ser agregadas al RUV.
La JEP también pidió a la Unidad para las Víctimas revisar los casos de las personas que ya están incluidas en el RUV por otros delitos, pero que no han sido reconocidas por la totalidad de los hechos victimizantes que sufrieron y, de ser necesario, proceder con las indemnizaciones y reparaciones faltantes. Resalta, por ejemplo, las víctimas de secuestro que sufrieron otros vejámenes durante el cautiverio como homicidio, violencia sexual, desplazamiento forzado, esclavitud, desaparición forzada, tortura y tratos crueles e inhumanos.
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Desde la Jurisdicción Especial recalcaron su responsabilidad no solo con investigar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves del conflicto, sino de contribuir con "la satisfacción del derecho a la verdad y la reparación integral de las víctimas".
Para hacer una rendición de cuentas de esta orden judicial, la Unidad deberá presentar tres informes: el primero, el 2 de diciembre de 2024; el segundo, el 3 de marzo de 2025; y el tercero, el 2 de junio de 2025, que deberán contener los avances de la inclusión de víctimas y dar un parte de lo que hace falta para resolver su situación.
Julieta Lemaitre, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, encargada de abrir los macrocasos.
Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO
El informe final tendrá que estar en el despacho de la magistrada Lemaitre el 1 de septiembre del otro año, con la información consolidada de las víctimas, las decisiones tomadas por la entidad y las medidas de asistencia, atención y reparación que les han sido brindadas.
En la petición de la JEP también se lee que todas las organizaciones representantes de víctimas deberán aportar la información necesaria para que se realice de forma efectiva el proceso de inclusión al RUV y garantizar que "todas las voces sean escuchadas".
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SARA VALENTINA QUEVEDO
Redacción Justicia
Sara Valentina Quevedo Delgado