El próximo viernes 11 de octubre el Estado colombiano, en cabeza del presidente de la República Gustavo Petro Urrego, pedirá perdón por las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica -UP- entre los años 1984 y 2006.
Así lo declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 30 de enero de 2023, en una sentencia en la que condenó al Estado colombiano por el exterminio de este partido político que surgió de un proceso de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc- y el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur.
El fallo advierte que hubo 3.170 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 1.596 víctimas de desplazamiento forzado, 521 víctimas de desaparición forzada, 285 víctimas de atentados o tentativas de homicidio, 64 de torturas, 19 de judicializaciones infundadas y 10 casos de lesiones personales contra militantes de la UP.
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Uno de los componentes de la sentencia de la Corte está relacionado con la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Para ese propósito, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado suscribió un contrato por $3.700.000.000, el pasado 27 de septiembre y de manera directa, con Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones.
El contrato incluye una comisión de operación logística del 7% y se reconoce, en todo caso, que al final puede que el monto que se pague sea inferior al convenido. La empresa antioqueña propuso una cotización por 3.319 millones de pesos y una comisión del 7.2%.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado suscribió un contrato por 3.700 millones de pesos para el acto de reconocimiento de responsabilidad con las víctimas de la Unión Patriótica.
César Melgarejo. EL TIEMPO
El contrato entre la Agencia de Defensa Jurídica y Plaza Mayor para el acto de reconocimiento de responsabilidad
En un documento conocido por El TIEMPO, la Agencia de Defensa Jurídica reveló que concertó con los representantes de víctimas que el presidente de la República, Gustavo Petro, participara e interviniera en el evento, que se llevará a cabo el próximo viernes en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Alterno a la plaza capitalina, que congregará a 1.500 víctimas y familiares, se realizará un evento satélite en Medellín por ser la región del país que concentra al 30% del total de las víctimas relacionadas con el exterminio. Esta decisión la concertaron con las ONG Derechos con Dignidad y Centro Jurídico de Derechos Humanos.
El contrato con Plaza Mayor Medellín, sociedad anónima de economía mixta, también incluye la realización de cinco eventos territoriales en los departamentos del Meta, Norte de Santander, Tolima, Antioquia y Chocó.
La empresa antioqueña quedará encargada del montaje del evento, la contratación del menaje, refrigerios, una orquesta, 600 alojamientos, 268 desplazamientos por vía terrestre y aérea (25 tiquetes internacionales y 879 nacionales) y otros componentes logísticos.
En los documentos de la Agencia de Defensa Jurídica se establece que, entre los años 2022 y 2024, Plaza Mayor ha suscrito contratos por 455 mil millones de pesos con el Estado colombiano.
En el proceso invitaron a cotizar al Canal Tro, Tele Café y Canal Trece pero presentaron ofertas con mayor valor.
¿Por qué contrataron directamente con Plaza Mayor si la sentencia de la Corte se notificó en enero de 2023?
César Palomino, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
MAURICIO MORENO EL TIEMPO
Aunque el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado, fue ordenado por la Corte Interamericana en enero de 2023, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado suscribió emitió el pasado 26 de septiembre una resolución justificando la contratación directa para tal fin.
La resolución advierte que sólo hasta el 3 de septiembre se terminó de concertar con representantes de las víctimas los detalles en el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional. Ello "en aras de poder garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas que durante más de dos décadas fueron afectadas por diferentes hechos victimizantes".
ANA MARÍA CUESTA
Editora de justicia anacue@eltiempo.com
Ana María Cuesta