La orden del juez penal de Bucaramanga Hernán Suárez que en 2020 le otorgó la casa por cárcel a Óscar Camargo Ríos alias 'Pichi', considerado por las autoridades como el responsable del 90% del microtráfico que se mueve en la capital de Santander, y su fuga en la tarde del jueves, horas antes de que el Inpec fuera notificado de la revocatoria de ese polémico beneficio, volvió a encender las alarmas en el país sobre los huecos jurídicos que siguen siendo aprovechados por los grandes capos de las organizaciones delictivas.
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'Pichi', quien desde la madrugada de este viernes se convirtió en el delincuente más buscado del país, purgó los primeros años de una condena de 7 años de prisión por concierto para delinquir agravado en la cárcel la Tramacúa de Valledupar. En diciembre de 2023 fue trasladado a la cárcel de La Paz de Itaguí, por su buena conducta. Y en julio de este año la Juez Tercera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, Mónica Londoño, le concedió la prisión domiciliaria. Ella asegura que lo hizo tras conocerse otra decisión del Juzgado Segundo Especializado de Bucaramanga que absolvió a Pichi por los delitos de homicidio agravado y tráfico de estupefacientes.
Entre julio y agosto de este año, el Inpec registró que Pichi se evadió de su detención domiciliaria en 14 ocasiones.
Esta es la última foto que se conoció de alias Pichi previo a la fuga del domicilio en el que cumplía detención domiciliaria en Medellín.
Suministrada.
Cruce de acusaciones
La jueza Londoño asegura que ordenó la revocatoria de la domiciliaria de alias Pichi el 8 de octubre, dos días antes de que se fugara, atendiendo los llamados del Inpec que desde el mes de julio le informó a la jueza sobre su alta peligrosidad. 'Pichi' ya había sido condenado en el año 2019 por el delito de fuga de presos, por escaparse en 2015 de un hospital de Girón en el que atendía una diligencia judicial.
Pero el Inpec insiste en que sólo fue notificado formalmente de la revocatoria de la casa por cárcel a las 8:59 a.m. del viernes. Llama la atención que a la 1:09 p.m. del jueves, un día antes de que el Inpec fuera notificado de la revocatoria, el alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán anunció en su cuenta de 'X' que a 'Pichi' le habían tumbado su beneficio de casa por cárcel.
El Inpec asegura que el mismo jueves acudió al domicilio de 'Pichi', en el sector de El Poblado en Medellín. Estuvieron entre las 4:40 p.m. y las 5 p.m. verificando que estaba detenido. Pero a las 5:20 p.m. recibieron un reporte de que se había quitado el brazalete. A las 5:40 p.m. acudieron nuevamente, infructuosamente.
Conocido el escándalo por la fuga de este peligroso expendedor de drogas, que además es señalado de cometer múltiples homicidios en Bucaramanga y su área Metropolitana, inició una andanada de acusaciones.
Por un lado, la ministra de Justicia Ángela María Buitrago cuestionó desde Medellín que el Inpec no fuera notificado oportunamente de una decisión que el alcalde Beltrán le divulgó al país. “Si no llega la notificación de revocatoria el juez debió haber notificado de manera inmediata. Además la filtración es un tema muy grave, porque hizo alerta para que esta persona haya hecho lo que hizo, entonces ¿quién filtró la decisión de revocatoria ayer que no se había conocido?", cuestionó Buitrago.
Fiscal Luz Adriana Camargo.
Fiscalía
La fiscal general Luz Adriana Camargo también se refirió al caso advirtiendo que la Fiscalía no tenía mayor competencia porque la vigilancia de la casa por cárcel la tenía la juez. "Lo que tenemos entendido es que él venía cumpliendo la pena, estaba bajo órdenes de un juez de ejecución de penas, es importante tener esa claridad. La Fiscalía tiene ahí una función limitada. Estamos, de todas maneras, muy comprometidos con lograr su recaptura", expresó la Fiscal en la mañana del viernes.
Lo que Camargo, al parecer, no conocía era que la casa por cárcel a favor de 'Pichi' surgió producto de un preacuerdo que firmó en 2020 el fiscal 124 especializado de Bucaramanga, Henry Ardila Plata, con la defensa del delincuente. El preacuerdo fue respaldado por el procurador delegado Agustín Quiñones Forero y fue avalado por el juez Hernán Suárez.
El magistrado Alfonso Cajiao, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial también reaccionó al caso y señaló: "Como juez de jueces lamentamos profundamente la fuga del conocido delincuente alias Pichi, persona que ha generado muchísimos daños a la sociedad colombiana. Estamos investigando las presuntas irregularidades relacionadas con la resolución de la situación jurídica de este mismo personaje. Y en Santander estamos investigando las presuntas irregularidades de una juez de Bucaramanga que a finales de julio de este año profirió una decisión absolutoria a su favor", afirmó
“Todos quieren culpables y los jueces son objetivos fáciles. No pueden defenderse y nadie lee sus decisiones. En este caso todos apuntaron al juez de ejecución, inclusive yo pensé que su decisión fue desproporcionada. Luego conocí que todo partió de un preacuerdo y caí en cuenta de mi error. Es un problema grave, porque hasta representantes de la Rama apuntaron sus dardos contra los jueces, sin conocer sus decisiones. Serio problema si ya se percibe una línea que pretende deslegitimar políticamente la Rama Judicial”, expresó el penalista Alejandro Sánchez.
La Comisión de Disciplina Judicial investiga presuntas irregularidades en la actuación de los funcionarios judiciales.
Cortesía
Las lecciones que quedan
El exministro de Justicia Wilson Ruiz asegura que "genera muchas dudas por qué a un delincuente como Oscar Camargo alias “Pichi” se le asigna una condena de prisión domiciliaria cuando tiene antecedentes de fuga. "Debo respaldar a todos esos jueces que cumplen con decoro sus funciones, para bien de la justicia son mayorías. No obstante la corrupción también toca a algunos servidores afectando la objetividad en la toma de decisiones, a estos últimos se deben investigar y sancionar con todo el peso de la ley", expresó.
El penalista Fabio Humar afirma que las fugas de condenados a casa por cárcel “demuestran graves incumplimientos de la persona con la sociedad, pero más grave aún, demuestra la incapacidad del Inpec de vigilar el comportamiento de las personas que se encuentran privadas de la libertad en su residencia. En ambos casos, ¿qué se puede hacer? Hacer más eficiente y efectivo el sistema judicial colombiano y en particular el sistema penal colombiano”.
El penalista Mauricio Cristancho advierte que el Inpec no tiene la infraestructura suficiente para controlar a los privados de la libertad. "Obsérvese que si existe déficit de guardianes en las cárceles, naturalmente esas deficiencias se proyectan en mayor medida en las domiciliarias. Por ello países como España hace años eliminaron la privación de libertad domiciliaria y se acude a otras alternativas como racionalizar la detención preventiva (para personas que están siendo procesadas), o a brazaletes o presentaciones periódicas para personas que ya han purgado pena de prisión y se hacen acreedoras del algún sustituto a la pena intramural".
Orlando de La Vega, penalista, señaló que el problema no es siempre la libertad, sino “la incapacidad del Estado de controlar a las personas en libertad”. Frente a la fuga de ‘Pichi’, el jurista asegura que “fue una apreciación incorrecta del juez, no un vacío legal”.
Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, expresó que "este caso de este delincuente es uno más que se suma a la promoción de la impunidad que ese sistema se está generando, porque es un sistema que se preocupa para generar múltiples beneficios para los victimarios y muy poco resarcimiento para las víctimas".
Para remediar esas falencias, agrega Herrera, que se "requeriría de una ley que fuera aprobada, claro que hay que defender el garantismo en el derecho penal, pero desde hace rato al Congreso se le fue la mano, y lo que viene promoviendo son medidas en exceso que benefician a los delincuentes, frente a la sorpresa del ciudadano común que cada vez más se ve indefenso para que el Estado lo proteja debidamente de las bandas criminales, de la inseguridad ciudadana y de los raponeros de turno".
El penalista Darío Bazzani sentenció que "no es deseable que se instrumentalice a los órganos de justicia en favor de intereses de grandes delincuentes”.
El penalista Luis Carlos Oviedo consideró que una de las soluciones ante este tipo de situaciones es el control “casi que permanente del Inpec” a los internos en domiciliaria. “Se dice como respuesta que el personal no es suficiente, he ahí donde radica una falla del sistema, propio del Estado, por lo que se deben articular en mayor medida y eficacia las comunicaciones entre entidades bajo el principio de colaboración armónica, con esto lograremos una mayor eficiencia en la prestación de un servicio, evitando que personas con alto perfil criminal no evadan los controles administrativos y judiciales”.
Es de la banda delincuencias los costeños
Migración Colombia
Se suma a la libertad de Digno Palomino
En las últimas horas también se confirmó que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, le concedió la libertad condicional a Digno José Palomino Rodríguez, quien ya pagó las tres quintas partes de de una condena de 24 meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.
Autoridades civiles y la Policía identifican a Palomino como un peligroso delincuente, líder del grupo delictivo organizado 'Los Pepes', que libra una guerra territorial en Barranquilla con otra red delictiva organizada que se hace llamar 'Los Costeños', en cabeza de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, privado de la libertad.
Por eso hay desconcierto entre las autoridades por las actuaciones de la justicia sobre este poderoso capo.
Según registros de la Rama Judicial, Palomino está sindicado en otro proceso por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.
El Inpec aún no ha concedido la libertad otorgada a Digno Palomino por la juez Diana Patricia Vera.
El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, le concedió la libertad condicional a Digno José Palomino Rodríguez.
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"El tiempo total restado por el sentenciado para la condena impuesta en este expediente, asciende a 19 meses y 4.5 días, superando así las tres quintas partes de la pena", indica Vera en su decisión.
Casos como el de Digno Palomino y el de 'Pichi' generan tensiones entre la Rama Judicial y las autoridades que esperan la reducción de la criminalidad en sus regiones.
La penalista Mariana Botero asegura que, previo a conceder medidas como esta, se debe evaluar la peligrosidad de los potenciales beneficiarios. "Todos tenemos los mismos derechos pero es absolutamente diferente dejar salir a una persona que cumplió las tres quintas partes, demuestra arraigo y se ha portado bien por un hurto simple. Es distinto eso a dejar salir a un feminicida o a un capo de la mafia", expresó.
El penalista Duvan Castañeda, de la Corporación Legítima Defensa, asegura que el legislador “no puede implementar una política criminal mediante la cual se le prohíban a los capos, por esa sola condición de capo, que no accedan a la prisión domiciliaria o libertad condicional, pues de prohibirlo, el legislador estaría imponiendo un derecho penal de autor".
Ana María Cuesta y Jesús Blanquicet
Redacción Justicia
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