El presidente Gustavo Petro enfiló baterías, de nuevo, en contra de Thomas Greg & Sons por cuenta de una licitación que la Registraduría General de la Nación podría adjudicarle a esa empresa. En sus redes sociales, el mandatario expresó su preocupación por ese contrato y su supuesta injerencia en las elecciones en el país.
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En su cuenta de X (antiguo Twitter) escribió que “la toma de Thomas Greg & Sons de los procesos electorales es el mayor peligro para la democracia colombiana”.
Lo anterior es una tesis en la que ha insistido el presidente de la República desde inicios de año cuando intentó sacar a Thomas Greg & Sons de la elaboración de los pasaportes con la Cancillería.
Para entonces, Petro señaló a la compañía de controlar “por completo las elecciones” y hasta de poder “hacer un fraude monumental”. Incluso, en ese entonces, hasta llegó a decir que el sistema electoral colombiano “es muchísimo peor” que el venezolano.
El Jefe de Estado acompañó ese pronunciamiento con el trino del secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárrada Franco, en el que anunció que le había pedido a la Registraduría que suspendiera la audiencia de adjudicación de un contrato para hacer la asistencia logística y tecnológica de las elecciones, cuyo valor asciende a los $ 41.000 millones.
Según indicó el secretario, identificó “posibles acciones que podrían limitar el acceso plural de oferentes en el proceso de selección en mención, facilitando que al mismo contratista (por ejemplo, Thomas Greg & Sons) le sea adjudicado”.
En ese sentido, dijo que se identificaron “plazos de menos de dos meses, previos a la fecha estimadas para el desarrollo del proceso electoral y para la ejecución del objeto del contrato (parametrización de software, pruebas y alistamientos previos al escrutinio)”. Esto, a juicio de Idárraga, no garantiza la “ejecución de las actividades para un contratista que no haya ejecutado antes un contrato igual o similar en la entidad”.
Al respecto, señaló que la Registraduría “está especificando fechas de entregables que incluso deben ser presentados para la fecha de cierre del proceso de selección, situación que debe realizarse por un contratista seleccionado y dentro de la ejecución del plazo contractual y no con ofrecimientos propios de una propuesta presentada durante el proceso de selección”.
Lo anterior, según el funcionario de Presidencia, “implicaría la remuneración establecida en el contrato, se plantea contra ofrecimientos dentro de la etapa de cierre del proceso, donde no ha procedido la designación de una supervisión ni mucho menos la suscripción de un contrato”.
Ante esto, Andrés Idárraga mencionó que, de esa manera, podría generar que algunos “oferentes dispongan de información suficiente y previa para generar un ofrecimiento que satisfaga los requerimientos del contrato al cierre del proceso de selección y que serán aprobados, y reconocidos para pago, cuando se suscriba el mismo”.
Así mismo, expresó que los requisitos de la contratación “podría cerrar las condiciones de acceso, ya que al exigirse experiencia únicamente certificada por la autoridad oficial electoral en los últimos 10 años, en el caso de Colombia, estaría limitado a los contratistas que hayan ejecutado contratos de este tipo con la Registraduría”.
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Finalmente, indicó que las exigencias de la licitación —que son acreditar contratación directa y no en calidad de subcontratistas— “limitaría la participación a contratistas que hayan ejecutado contratos con las entidades en los últimos 10 años, que en su mayoría, ha resultado adjudicatarios para este tipo de procesos uniones temporales con integrantes como: Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A., y Prosegur de Colombia S.A. entre otros”.
Vale la pena recordar que, en entrevista con EL COLOMBIANO, el abogado Jaime Suárez Bayona, quien trabajó 25 años en la Registraduría en cargos como director Nacional de Identificación y registrador Delegado en lo Electoral, cuestionó las críticas de Gustavo Petro y dijo que es “imposible” que un contratista pueda hacer un fraude.
En ese diálogo, dijo que “con la experiencia de haber estado tantos años en la Registraduría, creo que es prácticamente imposible que una sola empresa logre hacer eso. Aún si se unieran muchas empresas es igual de imposible porque a todos se les hacen pruebas, simulaciones, controles, trazabilidad y todo está autenticado no sólo por funcionarios de la Registraduría, sino por la auditoría externa que contrata para el acompañamiento técnico”.