Hay que decirlo claramente desde el principio: el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí tiene facultades legítimas para investigar a Gustavo Petro como candidato, lo mismo que a su campaña y a quienes en ella fungieron como gerente, auditor y tesorero. Así lo ha ratificado el Consejo de Estado. Lo que no puede hacer el CNE, y no lo está haciendo, es investigar a Gustavo Petro como presidente, porque el mandatario tiene fuero presidencial, por lo que una investigación en su contra le corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
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En cumplimiento de sus funciones y en el marco de su competencia legal constitucional, el CNE decidió este martes formularle pliego de cargos a Petro candidato y a los responsables financieros de su campaña por presumiblemente haber violado los topes. El Artículo 109 de la Constitución regula la sanción por violación de topes para todos los cargos de elección popular y la Ley 996 expresamente regula la elección presidencial y establece que, en caso de violación de topes, resultado de una investigación del CNE, se remite la decisión a la Comisión de Acusación para que adelante un juicio de indignidad política. Esa norma fue analizada por la Corte Constitucional, que la encontró ajustada a la Carta Política colombiana.
Sin embargo, el mandatario y sus seguidores insisten en la narrativa de que se le está violando su fuero presidencial —algo que claramente no está ocurriendo— y de que así se está dando inicio al pregonado golpe de Estado blando. En ese sentido se pronunció este martes por la noche, después del anuncio del CNE: “Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse, este acto representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país”.
¿Y si, en el lejano y especulativo campo de lo hipotético, el candidato Petro y su campaña sí hubieran violado la ley de alguna manera, nada ni nadie podría investigarlos por el solo hecho de que obtuvo 11 millones de votos? Ningún resultado electoral da patente de corso frente a la ley. ¿Quién, según el presidente y sus seguidores, tiene entonces la facultad de investigar la presunta omisión de su campaña al no reportar los aportes de Fecode por 500 millones de pesos; del partido Polo Democrático por otros 500 millones de pesos, el pago a testigos electorales por más de 931 millones de pesos, y los gastos por concepto de propaganda electoral por más de 356 millones de pesos?
Si no hubo esa omisión ni ninguna otra irregularidad, o si, como dice el presidente Petro, los aportes de Fecode y la USO no fueron a su campaña, sino al partido Colombia Humana; los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña; los gastos por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva; los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo que no necesariamente fueron utilizados por la campaña con los vuelos realizados efectivamente y todas las facturas fueron entregadas por la campaña a la Dian, y, finalmente, el evento del triunfo electoral en el Movistar Arena ya no hacía parte del período de campaña, ¿por qué él y su campaña no aportan las pruebas en esta fase de la investigación del CNE prevista para esos efectos?
El presidente de la República, primera figura representativa de la Nación llamada a dar ejemplo de ciudadanía, debería enfrentar las acusaciones en su contra siguiendo los cauces constitucionales y demostrar su inocencia y la de su campaña con pruebas. Dar las explicaciones que correspondan. Si su campaña no sobrepasó los topes de financiación permitidos nadie podrá vencerlo en juicio. Son las pruebas las que determinarán el veredicto final.
El mandatario, en cambio, ha optado por al menos cuatro caminos que siguen sendas diferentes a la institucionalidad, todos con la pendencia como común denominador: i) descalificar a los miembros del CNE tachándolos de “politiqueros pagos”; ii) anunciar que comenzó el supuesto “golpe de Estado”; iii) agitar a sus seguidores para que salgan a las calles (“La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado”); y iv) volver al espejo retrovisor preguntando por qué a Iván Duque y a Juan Manuel Santos no los investigaron si hubo acusaciones en el sentido de que sus campañas se vieron permeadas por dineros de José ‘el Ñeñe’ Hernández y de Odebrecht, respectivamente.
Decisión de CNE sobre Gustavo Petro muestra que democracia funciona
En medio de todo este alboroto, el único que se muestra como el adulto mayor en la habitación gubernamental es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que admitió en la red social X, con brevedad y claridad: “El Consejo Nacional Electoral es competente para investigar la campaña presidencial de @petrogustavo y sus directivos, no lo es para investigar al Presidente de la República, quien cuenta con fuero integral en la Comisión de Acusaciones, como todos los jefes de estado anteriores”. Eso es, precisamente, lo que está ocurriendo, y hay que repetirlo: El CNE abrió una investigación contra Petro-candidato y su campaña, no contra Petro-presidente.
La decisión del CNE sobre el candidato Petro (no contra el presidente) y su campaña es la prueba de que el sistema de pesos y contrapesos de la democracia está funcionando. Gobiernos anteriores como los de Santos y Duque también fueron investigados por esa misma autoridad electoral, pero las investigaciones caducaron porque pasaron los tres años que tienen las autoridades administrativas (como el CNE) para investigar una conducta. Al abrírseles las investigaciones no tuvieron una reacción como la del presidente Petro y sus seguidores.
Inmediatamente después de conocer la decisión del CNE, el mandatario volvió a su ya tradicional consigna, y en un discurso en Antioquia, antes de su alocución nocturna a toda la nación, dijo: “El presidente irá hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Hasta donde el pueblo diga…”, una cantinela con tinte caudillista que lleva al éxtasis a sus seguidores y es el acicate para impulsarlos a salir a las calles.
Pero no existe la más mínima posibilidad de que el CNE pueda sacar al presidente Petro de su cargo. Por eso, resultan peligrosamente tendenciosas las voces que aseguran que eso es lo que se busca. Si el CNE llegara a fallar en contra del mandatario y de su campaña, las sanciones tendrían que ver con multas económicas o con devolución de dineros por reposición de votos. Para ese eventual escenario, como para el de un fallo a favor de Petro, que también se puede dar, falta mucho tiempo. Después de la decisión del CNE de formular pliego de cargos contra la campaña, ahora debe notificar formalmente a los abogados del presidente y que ellos aporten pruebas.
La fase probatoria tendrá un plazo aproximado de dos meses, al cabo de los cuales vendrá la fase de alegatos finales. En seguida, los magistrados elaborarán una nueva ponencia, por lo que deberán volver a sesionar. El fallo puede tener uno de dos sentidos: a favor de sancionar económicamente o en contra de ello. Si el CNE considera que hay lugar a una sanción penal contra el presidente Petro en su condición de candidato y contra su campaña, trasladará el expediente a la Comisión de Acusación, juez natural del jefe de Estado, en donde se abrirá una nueva etapa de pruebas y alegatos hasta eventualmente llegar a la plenaria de esa corporación y hasta el Senado.
Así esta diseñada la arquitectura institucional de pesos y contrapesos entre los poderes públicos de la democracia colombiana. Esa mecánica, ya ha quedado claro desde el inicio de su mandato, le incomoda al presidente Petro, a quien le molesta que lo investiguen, cuando ningún colombiano, incluso él, está por encima de la justicia. El funcionamiento normal del Estado lo entiende el mandatario como un golpe de Estado. Los votos que lo llevaron legítimamente al poder no lo eximen de enfrentar responsabilidades, si las llegara a tener.