Con motivo del “Día Internacional de la Niña”, que Naciones Unidas celebra el 11 de octubre para promover el reconocimiento de los derechos de las niñas en todo el mundo, Turquía se encuentra en el centro de una tragedia que reaviva el debate sobre la violencia contra las mujeres. En las últimas semanas, varios feminicidios, entre ellos el asesinato de una niña, han conmocionado al país.
Con Anne Andlauer, corresponsal de RFI en Ankara
El asesinato de Narin, una niña de 8 años en Diyarbakir, en el sureste de Turquía, fue el primero en provocar indignación. Una docena de personas, entre ellas su madre, un hermano y un tío, están actualmente detenidas, pues los investigadores están seguros de que el crimen se cometió en el seno de la familia. Además, dos jóvenes fueron asesinadas la semana pasada en Estambul por el mismo hombre, que luego decapitó a una de ellas antes de suicidarse.
Un sistema que no protege a las mujeres
Estos crímenes, aunque estremecedores por su brutalidad, recuerdan una trágica realidad que denuncian las ONG feministas: la violencia contra las mujeres en Turquía. Desde principios de año, al menos 295 mujeres han sido asesinadas, la mayoría de las veces a manos de sus cónyuges, ex parejas o familiares cercanos, como padres, ex maridos, novios o hermanos.
Las ONG feministas de Turquía denuncian un sistema que no protege a las mujeres. Señalan deficiencias en varios niveles, como las comisarías de policía, donde no siempre se escuchan las denuncias de las mujeres víctimas de violencia. Luego están los tribunales, donde algunos jueces siguen encontrando atenuantes para los autores de feminicidios; a veces reducen la pena porque el asesino se comportó “bien” en la audiencia; conceden la libertad condicional a maridos violentos que se apresuran a matar a sus esposas; o hacen comentarios sobre la vestimenta de las mujeres que acuden a declarar.
¿Responsabilidad del gobierno?
Las organizaciones feministas responsabilizan a las autoridades de esta situación. Aunque Turquía tiene leyes adecuadas sobre el papel, el gobierno da prioridad a la protección de la “familia”, que considera amenazada por los movimientos feministas, el movimiento LGBT y las influencias occidentales. Esta elección de prioridades está repercutiendo negativamente en los derechos y la seguridad de las mujeres. Por ejemplo, en 2021, el presidente Erdogan decidió retirar a Turquía del Convenio de Estambul, tratado internacional del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.
Por su parte, el gobierno ha prometido nuevas medidas tras los asesinatos de las últimas semanas. Esta semana, el ministro de Justicia habló de la posible supresión de las reducciones de pena por “buena conducta” y de una revisión de las medidas de libertad condicional para, según sus palabras, “acabar con la sensación de impunidad”. El *presidente Erdogan utilizó la misma expresión.
Sin embargo, también defendió su propia trayectoria: afirmó que Turquía había dado “un salto cualitativo” en la lucha contra la violencia contra las mujeres, que la retirada del Convenio de Estambul no había perjudicado en nada a las mujeres y que el consumo de alcohol era el principal motivo de violencia, afirmación que no está respaldada por ningún estudio. Estos comentarios son más preocupantes que tranquilizadores para las ONG feministas turcas.