El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó a principios de mes la reforma a la salud 2.0 ante el Congreso. Lo hizo después de que se hundiera el primer intento en abril pasado, cuando se cayó en su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado.
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Si bien el Pacto Histórico insiste en que es un nuevo proyecto y con mayor concertación, desde la oposición y otros partidos independientes señalan que no cambió nada de fondo.
En diálogo con EL COLOMBIANO, dos de sus ponentes —los representantes a la Cámara Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) y Andrés Forero (Centro Democrático) expusieron sus argumentos, a favor y en contra, respectivamente, de este proyecto bandera del autodenominado “Gobierno del Cambio”.
¿Lo que propone la nueva reforma aborda los problemas del sistema de salud?
“El sistema le entrega los recursos públicos de la salud a unos privados para que hagan la gestión financiera, pero no solo han realizado malísimos manejos, sino que han sido episodios de corrupción billonarios. Se quiere corregir eso con la administración pública de los recursos y con auditoría privada, porque lo que hay es una administración privada y una auditoría de las EPS y eso ha facilitado que despilfaren. Otro tema grave son las millones de PQR (peticiones, quejas y reclamos) que acumulan en estos años porque no hay atención oportuna y les han impuesto barreras, que son las autorizaciones”.
Hay organizaciones de pacientes que dicen sentirse excluidas de la mesa técnica que anunció el Gobierno, ¿qué responde?
“Serán muchas mesas técnicas para hablar con todos los actores, estén a favor, en contra o con posturas ambiguas. Le aseguro que todas las organizaciones que estén interesadas en intervenir serán escuchadas”.
¿La reforma soluciona los rezagos de las zonas rurales y apartadas?
“Ese problema se generó porque las EPS estimularon que los prestadores se concentraran en algunos puntos localizados de las ciudades, mientras que zonas populares de ciudades como Bogotá, Cali o Medellín quedan desprovistas de centros de atención cercanos a su viviendas. Eso ha pasado porque dijeron que los privados iban a ser estimulados para dar los servicios y lo único que hicieron fue aumentar cobertura en afiliación, pero no materializaron la atención”.
¿Qué expectativas tiene con el debate?
“Esta propuesta ha sido producto de consensos con actores que han sido muy adversos a la reforma, como algunas EPS. Además, cada vez es más insostenible que las EPS puedan responder por los requisitos de habilitación para funcionar y eso ha llevado a que más del 70 % estén intervenidas. Entonces la reforma lo que está buscando es hacer una transición tranquila y eso me genera muy buena expectativa, pero reconozco que es una reforma que tiene muchos enemigos, medios de comunicación que tergiversan o que están vinculados a poderes económicos y políticos, así como una oposición feroz. Pero hemos avanzado”.
Cifras oficiales muestran que las EPS intervenidas han desmejorado, ¿cómo un sistema público administrará bien el sistema?
“Esos efectos no se han dado solo en este Gobierno, que es el que menos intervenciones y liquidaciones de EPS ha hecho. Uribe, Santos y Duque son los reyes de liquidaciones e intervenciones. Este no es un proyecto para establecer un manejo público total, sino un control público de los recursos con administración mixta. No queremos que unos privados, que tienen superpoderes, manejen la plata, definan redes de atención y que se autoauditen. Esas intervenciones se están haciendo porque son EPS malas e incumplen indicadores”.
¿Qué es lo más problemático de la nueva reforma?
“La reforma a la salud pasa a un plano secundario porque estamos viviendo una crisis en gran medida inducida por el Gobierno. Hemos visto cómo han asfixiado financieramente al sector, iniciando con las EPS y en un efecto cascada terminaron afectando a clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos. El Gobierno tiene que hacerse cargo de la crisis, pero no lo está haciendo y en lugar de concentrarse en cumplir con sus obligaciones, sigue dándole prioridad a una reforma altamente radical”.
¿Cree que en la mesa técnica del Gobierno están presentes todos los actores del sistema?
“Lo que se ha conocido es que asociaciones de pacientes que han sido críticas con la reforma no fueron invitadas. Pero al margen de eso, lo que está evidenciando el Gobierno es que hace las cosas al revés. Estas mesas técnicas debieron haberlas propiciado antes de radicar el texto. Ahora están tratando de rescatar algo de legitimidad, pero soy escéptico, pues ya hemos visto que en el pasado llaman a la concertación, pero al final el acuerdo nacional para el Gobierno es la imposición unilateral de sus puntos de vista”.
¿Qué debería tener una propuesta que aborde las fallas del sistema?
“Reconocemos que este no es un sistema perfecto, pero que para resolver los problemas que se presentan en las zonas rurales y dispersas no hay que poner en riesgo la prestación de salud en las zonas urbanas. El Gobierno debió haber hecho unos pilotos en esas zonas y hubiera ayudado a tener una discusión enriquecedora. Pero vimos un piloto que fue el sistema de salud de los maestros, según lo dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y ha sido un desastre”.
¿Qué expectativas tiene con el debate que se avecina para discutir la nueva reforma?
“Hay que decir que el texto, como lo han reconocido la exministra Carolina Corcho y el ministro Jaramillo, es lo mismo que se hundió en el Senado el semestre pasado. Creo que igual va a ser aprobada en la Comisión Séptima y en la plenaria de Cámara, pero como sucedió en el pasado, debería hundirse en el Senado. Los senadores que entonces hundieron el proyecto coinciden que esto es un resumen del texto anterior, con modificaciones cosméticas y con un orden distinto, pero en el fondo sigue siendo el mismo proyecto estatizante, que abre un riesgo de corrupción y que fragmenta los recursos de la salud y de la atención”.
Las EPS intervenidas por el Gobierno han desmejorado sus indicadores, ¿qué debería aportar eso para la discusión de la reforma?
“Lo que ha planteado el Gobierno es que con el manejo estatal van a resolverse los problemas, pero, por el contrario, tienden a agravarse y eso va en sintonía con lo que hemos denunciado: que se han incrementado las PQRS, las decisiones de reclamos y las tutelas. En lugar de resolverse se ha terminado agudizando. No son capaces de manejar esas EPS intervenidas, como advertimos que iba a suceder y tristemente se terminó materializando. Pero, además, ese otro piloto que es el sistema de salud de los maestros ha sido un completo fracaso y ahora dicen que no criaron a ese hijo”.
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