Aún no se sabe quién está detrás de la amenaza en contra de María Alejandra Benavides, la exasesora del ministro de Hacienda, que quedó en la mitad de un complejo escenario por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
La amenaza de muerte llegó la noche de este miércoles a su número, el de su tía y su abogado Jaime López, que ya lo denunció oficialmente a las autoridades.
Pero la historia tiene varios problemas que dan muestra de que los responsables podrían ser parte del crimen organizado. Lo más importante es que tres números privados y que no cualquier persona podría tener fueron identificados de manera exacta para repetir la amenaza que fue enviada por whatsapp.
“Rin rin renacuajo... María Alejandra Benavides Soto, su mamá y su tía, así como el hpta de su abogado van a entender que hablar no paga, brille para ellos la luz perpetua. Hptas”, dice el mensaje acompañado de una imagen de una calavera y un ataúd.
EL COLOMBIANO habló con su abogado para entender por qué se habría dado este mensaje que busca silenciar a la exasesora.
”La amenaza llegó el miércoles por la noche vía mensaje de whatsapp a mi celular, al celular de la mamá de María Alejandra y al del tío. María Alejandra sigue ejerciendo su derecho de guardar silencio y como leemos la amenaza es para que precisamente a ella la amedrenten si ella decide colaborar con la justicia. No tiene un esquema de seguridad, por lo tanto hoy se denunció a la Fiscalía General este hecho de la amenaza y se le pidió a la fiscal del caso las medidas urgentes y necesarias para salvaguardar la vida de María Alejandra, la de su familia y su equipo jurídico”, aseguró López.
El protagonismo de Benavides en el aparente entramado de corrupción ocurre porque el ministro Bonilla le habría ordenado hacer seguimiento y verificación a unos contratos que –ha insistido Olmedo– iban a ser direccionados para la compra de congresistas que, a cambio, votarían afirmativo a los proyectos de interés del Gobierno en el Legislativo.
Aunque la adición presupuestal fue de 1.4 billones, el aparente interés del ministro Bonilla se centró en 92.000 millones de pesos que se iban a distribuir en tres contratos. En teoría, esa plata iba a invertirse en obras para la contención y prevención de inundaciones y la mitigación de la erosión por lluvias.
En los chats, entregados por Sneyder Pinilla, se nota una presión de Jaime Ramírez Cobo, asesor de Presidencia, la propia Benavides y el ministro Bonilla para que esos contratos fuesen aprobados porque como, dijo Ramírez en uno de sus mensajes, “necesitaban que los créditos de la nación fueron aprobados”.
Los congresistas interesados en esos tres procesos, según dijo Sneyder Pinilla, habrían sido Wadith Manzur y Karen Manrique. También Liliana Bitar (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Julián Peinado (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).
El 11 de junio, Manzur, Manrique, Peinado y Bitar votaron positivamente el proyecto que lideró el ministro Bonilla para ampliar el cupo de endeudamiento en 17.607 millones de dólares. Todos insisten en su inocencia. Esto sucede en un contexto en el que Sandra Ortiz, la exasesora para las regiones, también denunció una posible manipulación de los frenos a una camioneta de la Unidad Nacional de Protección que todavía la protege.
Ella también es clave en el escándalo. Por estos hechos ya fueron imputados el exdirector Olmedo López; el exsubdirector Sneyder Pinilla; el contratista Luis Eduardo López Rosero; y el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, quien al parecer trató de sobornar a los testigos para que cambiaran su versión.
De igual manera, están siendo investigados el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz; la exasesora del MinHacienda y ahora amenazada, María Alejandra Benavides; el expresidente del Senado, Iván Name; y el expresidente de la Cámaras de Representantes, Andrés Calle, entre otros políticos sospechosos de participar en la repatición y recepción de las coimas.
Lo más relevante es que este diario conoció que Benavides sí estaría contemplando cambiar su estrategia para colaborar con la Fiscalía por la gravedad de los chats entregados por Pinilla y especialmente una matriz en la que ella habría enviado el número de uno de los contratistas de los contratos. Por ahora el principio de oportunidad no se ha entregado ni a López ni a Pinilla.
Los contratos
El primero de los contratos era para Cotorra (Córdoba) por 50.000 millones de pesos, otro para El Salado (Bolívar) por 12.356 millones de pesos y el último para Saravena (Arauca) por 30.000 millones de pesos.
Varios chats revelados por Noticias Caracol revelaron que Benavides escribía con insistencia a Sneyder Pinilla, para entonces subdirector de la UNGRD, para que apresurara la firma de los contratos.
Benavides, por ejemplo, habría entregado un listado a los entonces directivos de la UNGRD con los nombres de alcaldes, funcionarios y contratistas que debían quedarse con los contratos en representación de los congresistas que se habrían dejado comprar.
El proceso licitatorio empezó a avanzar, pero se atravesaron las investigaciones periodísticas que destaparon el escándalo de los carrotanques en La Guajira y allí le pusieron freno a la adjudicación de los contratos.