No cesa la controversia tras las declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien levantó polvareda al sugerir un eventual cierre o acotamiento del mandato de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y si le faltaba un condimento a la polémica también se abrió otro frente de batalla entre el organismo y la Unidad para las Víctimas frente a la disponibilidad de recursos para la implementación de sanciones restaurativas.
En contexto: Otty Patiño aseguró que se evalúa que la JEP no se prolongue en el tiempo, ¿por qué?
En medio de semejante coyuntura, el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, habló con EL COLOMBIANO. Ratificó que “no es el Gobierno” el que decide “cuándo se abre o se cierra” el tribunal de paz. Dio explicaciones sobre el avance de los casos, denunció problemas en el Ejecutivo frente al manejo de los recursos y no descartó que puedan contribuir a conformar un gran tribunal de cierre del conflicto armado. Eso sí, advirtió que para lograrlo necesitaría reformas profundas.
La semana pasada se reveló que $450.000 millones que estaban destinados al Sistema Restaurativo de la JEP habrían sido redireccionados para la Unidad para las Víctimas. ¿Qué está pasando con el presupuesto?
“Decidimos las sentencias y los proyectos restaurativos los debe hacer el Gobierno, desde su implementación hasta la financiación. Pero ha sido una lucha tremenda. Hablamos con el presidente y nos asignaron $450.000 millones.
Eso lo pusieron en el Fondo Colombia en Paz, administrado por Presidencia. Hasta hace seis meses estaba todo listo para que comenzaran a cumplir con sus obligaciones. Pero hace dos meses nos dijeron ‘tenemos un problema presupuestal’ y no nos volvieron a dar razón. El temor es muy grande. Son sentencias que podrían caer en el vacío y no se podrían cumplir. Son obligaciones del Gobierno”.
¿Se refiere a las sentencias reparativas para hacer puentes, acueductos, carreteras?
“Sí, todo eso. Los puentes, la carretera, el desminado, todo lo tiene que hacer el Gobierno con su plata y sus instituciones. Por eso también hemos ido a tocar puertas en Medellín, donde el gobierno local y el departamental muy generosamente nos dijeron que podrían contribuir con fondos, pero eso lo debe ejecutar primero el Gobierno Nacional y secundariamente los gobiernos locales. Esa es la plata que está refundida”.
¿No sabe dónde está la plata? ¿Se la gastaron en otra cosa?
“Lo que nos dieron a entender era que lo estaban asignando a otras cuestiones de Estado. En estos días salió la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, a decir que el proceso de asignación de esos recursos no había concluido, que eso no está perdido y que están viendo dónde lo ponen. Eso es maravilloso, es una magnífica noticia, porque en los últimos dos meses no nos habían dado ninguna razón”.
Otty Patiño salió a decir que hay que acabar la JEP, que hay que ir saliendo de condenas para cerrar el tribunal. ¿Usted cómo recibió esas declaraciones?
“Nos prendió las alarmas. No es el Gobierno el que decide cuándo se abre o se cierra la JEP. Eso lo decidieron los acuerdos, que están en la Constitución. Cualquier decisión en ese sentido solo se puede tomar con una reforma. Uno se pregunta, ¿será que están gestionando una reforma constitucional para cambiar la JEP? Por eso, las aclaraciones que hizo Otty Patiño fueron importantes, precisando que no estaban en eso y que quizá no se habían expresado bien.
Aceptamos la explicación, porque sí resultaba terrible pensar que estuvieran pensando en cerrar la JEP prematuramente o cambiarnos los plazos, cuando está diseñada como un reloj. El plazo que tenemos es apenas el necesario para acabar. Además, desde que llegó Petro hemos dicho que no queremos prórrogas”.
¿Hasta cuándo va el mandato de la JEP?
“La JEP está diseñada para 15 años, con una extensión posible de cinco años para cumplir sentencias. En ese marco de tiempo estamos trabajando. Tenemos que terminar todas las investigaciones en 2025”.
También el presidente ha cuestionado el rol de la JEP. ¿Hay tensión con el Gobierno?
“Las relaciones entre los gobiernos y la justicia tienen momentos de conflicto y consenso. Está pasando con otros tribunales. Hay roce y para eso es la separación de poderes, para hacer control y entrar en conflicto. Es la democracia”.
Es que incluso Rodrigo Londoño, el jefe de Comunes, ha dicho que ustedes están revictimizando, que la JEP es lenta y engorrosa. ¿Cómo reciben eso?
“Uno entiende que las partes en la negociación de La Habana (Cuba) tengan una preocupación muy fuerte porque la JEP cumpla una de sus funciones fundamentales, que es pasar la página jurídica del conflicto. Es decir, resolverle la situación jurídica a la gente de las Farc, a militares, a funcionarios y a los terceros.
Pero frecuentemente omiten también el principio fundamental de la JEP: la protección de los derechos de las víctimas. Por ellas es que hacemos tanto trabajo de verdad y nos ponemos a buscar personas desaparecidas”.
¿Ha hablado con el presidente Gustavo Petro?
“Sí, claro. Desde el Gobierno nos han contactado y han propuesto que tengamos reuniones para avanzar”.
Hay cierta confusión frente al rol de condena de la JEP. Pareciera que aún hay quienes creen que los excomandantes de las Farc van a ir a una cárcel a pagar 20 años de prisión. ¿Tiene esa sensación?
“Es un tema muy difícil. El castigo en forma de cárcel está muy arraigado en la cultura. Es uno de los mayores desafíos: explicar que esto no es gratuito. La cárcel puede servir para la criminalidad común, pero es que imagine meter a los 14.000 miembros de las Farc que se desmovilizaron. Primero, no habría proceso de paz y, segundo, estarían en la cárcel en armas.
Por eso, en el Acuerdo se concluye que la mejor manera para lograr la reconciliación es incluirlos en proyectos para reparar a las víctimas, porque la cárcel a esas víctimas no les sirve para nada. Y ayudar a la reintegración de quienes estuvieron metidos en crímenes del conflicto. Es una reintegración tanto de las Farc, como de militares”.
¿Cómo van los procesos y los macrocasos en la JEP?
“Estamos con macroprocesos en los que se juzgan miles de conductas, cientos de miles de víctimas y cientos de comparecientes. Fácilmente, el Caso 01 equivale a 20.000 casos de la justicia ordinaria.
Hemos logrado con el cierre de seis investigaciones entregar resultados a comparecientes para que decidan si reconocen o no su responsabilidad. Es decir, se está definiendo quién es el culpable. El resultado más importante es que el 100 % de los miembros de las Farc han reconocido su responsabilidad, incluido todo el Secretariado. Y en el caso de la Fuerza Pública el 90 %.
Tenemos seis juicios funcionado con alrededor de 200 personas procesadas. Eso va a salir muy pronto. Lo que no podemos admitir es que digan que no tomamos decisiones”.
¿Siguen firmes en su idea de conformar un gran tribunal de cierre del conflicto?
“La JEP está lista para asesorar, aconsejar, explicar su experiencia y contribuir al debate. Hay un mundo de gente que no está bajo la competencia de la JEP y que necesita un tribunal de cierre. Pero hemos dicho que la JEP está estrictamente diseñada para su competencia. Si se hiciera una reforma para ampliar las competencias de la JEP sería necesario un rediseño”.
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