Martha Castro* debe viajar desde El Bagre (Antioquia) hasta Medellín cada tres meses para que el especialista le actualice la fórmula de los medicamentos que debe tomar para tratar la diabetes e hipertensión que tiene diagnosticadas. Es un viaje de cerca de seis horas. Debe hacerlo porque en ese municipio, en donde vive, no es posible que la atienda un especialista. Cada que hace este viaje renueva la fórmula para reclamar los fármacos.
La mujer de 60 años es profesora pensionada, por lo tanto está afiliada al régimen de salud del magisterio, que se rige por parámetros distintos al del sistema general y cuyo modelo cambió desde el 1 de mayo pasado, por orden del Gobierno de Gustavo Petro.
Su última cita de control fue en agosto, cuando le dijeron que los dos medicamentos (la Semaglutida y la Dapagliflozina) le llegarían a su casa. Los días pasaron y no llegaban. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses.
En este tiempo, según le contó a EL COLOMBIANO, se le venció la fórmula y le dijeron que tenía que volver a solicitar cita con el especialista para actualizarla. Esto le implicaba hacer otro viaje a Medellín, con los gastos que conlleva un imprevisto así.
“Si era con internista, tenía que pedir cita y si era control, era un mes después, entonces no tenía cómo pagar la irresponsabilidad de que no me hayan entregado a tiempo los medicamentos”, dijo Martha.
Así estuvo durante dos meses, tiempo en el que puso quejas ante la Superintendencia de Salud, ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y hasta Fecode (Federación Colombiana de Educadores).
Tocó distintas puertas buscando soluciones y quién le garantizara la llegada de los medicamentos, pues al ser de uso permanente por la diabetes, suspenderlos no es una opción para ella.
Al momento de la reportería de esta nota, el Fomag estaba atendiendo el caso y se comprometió con Martha a enviarle los medicamentos.
Sin embargo, esta no fue la primera vez que le ocurrió, según recuerda. En julio de este año tampoco le llegaron y tuvo que comprarlo de su bolsillo: $150.000. Aun así, estos medicamentos necesitan prescripción médica para ser adquiridos, por lo que tampoco es como salir a buscar un acetaminofén a la farmacia.
Y para esta ocasión también le tocó mandarlas a comprar en Medellín, por un valor de $168.000 más lo que le cobren por el transporte.
Tras consultar al Fomag por qué hubo demora con esta entrega, desde su oficina de prensa explicaron que podría deberse a “un poco de desconocimiento de la ruta” y que “los medicamentos, por el lugar donde reside, deben llegarle a la casa después de una solicitud por correo electrónico”.
Sin embargo, Martha le explicó a este diario que la solicitud la hizo por “un correo que nos mandaron y por medio de una plataforma virtual, en la que ingresé y radiqué la solicitud como me lo pidieron, adjuntando mi historia clínica”.
¿Qué está fallando?
Como todos los procesos en el sistema de salud de los profesores, el de la contratación de gestores farmacéuticos —los encargados de dispensar medicamentos a los afiliados— también cambió.
Con la salida de los antiguos operadores, que se encargaban de montar la red de prestadores de servicios de salud (IPS), la Fiduprevisora quedó con la responsabilidad de celebrar contratos con las IPS, entre los que se encuentran los gestores farmacéuticos.
“La contratación ahora es directa con la Fiduprevisora, que estructura la red de prestadores por territorios, la contrata y le paga. En ese sentido, los gestores farmacéuticos hacen parte de la red y es un prestador más”, explicó el investigador del área de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, quien agregó que en el régimen del magisterio todos los medicamentos están cubiertos y financiados por el Fomag.
Pero con una Fiduprevisora sin experiencia en crear redes de servicios ni en negociar contratos, fue cuestión de tiempo para que se vieran traumatismos en la atención de los maestros y sus beneficiarios. Como fue en el caso de la entrega de medicamentos.
“El gran problema se dio justamente con eso, pues cuando afloraron los problemas por la atención, el grueso de las quejas fue por retrasos en la entrega de medicamentos, ya que la mayoría de solicitudes que se generan en la atención primaria suelen ser para eso”, le explicó a EL COLOMBIANO la epidemióloga del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, Claudia Vaca.
“Fue una planeación inadecuada con un mecanismo de transición de golpe”, añadió.
De hecho, por esos problemas en entregas, el 16 de mayo el Fomag emitió la circular externa 002 de 2024 con la que autorizó a las IPS a entregar “los medicamentos de baja complejidad de alto costo o control especial sin previa autorización y facturar los servicios bajo la modalidad de pago por evento a la tarifa SOAT”.
Si bien los efectos de esa circular estuvieron vigentes hasta el pasado 31 de julio, esas soluciones muestran la inexperiencia de la Fiduprevisora. Como le dijo a este diario el abogado especialista en seguridad social, Christian Rivera, “organizar una red depende de las competencias técnicas y tener conocimiento del mercado para saber qué proveedor es fuerte o cuál maneja buenos precios”.
Según las cifras de la Superintendencia de Salud a corte de agosto, desde que cambiaron en mayo el modelo de salud de los maestros el número de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) concentra el 65 % de las de todo el año. Entre enero y abril hubo 14.356, mientras que entre mayo y agosto hubo 18.653.
*Nombre cambiado por petición de la fuente.