En un operativo realizado de forma conjunta entre autoridades colombianas y agencias estadounidenses, 13 personas fueron capturadas por presuntamente pertenecer a dos grupos dedicados al tráfico de migrantes.
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De acuerdo con las pesquisas de las autoridades, ambas agrupaciones tenían operaciones en Medellín, desde donde partían varias rutas hacia Estados Unidos pasando por el Golfo de Urabá o el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Según informó la Fiscalía, que hace parte del caso a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el primero de los dos grupos estaría integrado por nueve de las 13 personas detenidas.
Esta agrupación cobraría entre 200 y 450 dólares para recibir en Medellín a migrantes de países como Haití, Cuba y de Asia para luego trasladarlos por tierra hasta el Golfo de Urabá y allí embarcarlos en lanchas rápidas para llegar a Panamá.
Durante ese traslado, además del transporte, la agrupación también se encargaba de suministrarle alimentación y hospedaje a los foráneos.
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En la segunda agrupación, a la que son vinculadas las cuatro personas restantes, las autoridades sostuvieron que estaría integrada por dos funcionarios públicos que presuntamente se aprovechaban de sus cargos para permitir que los migrantes ingresaran a San Andrés Islas en su ruta hacia Estados Unidos.
En este caso se investiga la presunta implicación de una funcionaria de la Gobernación de San Andrés y un funcionario de la Oficina de Control de Circulación y Residencia (OCCRE).
“Los elementos de prueba dan cuenta de que los otros cuatro investigados pertenecerían a una estructura ilegal que estaría involucrada en el traslado aéreo de ciudadanos chinos desde Medellín hasta San Andrés Islas, para posteriormente moverlos por vía marítima a Nicaragua”, informó la Fiscalía en un comunicado, precisando que dentro de los implicados también habría un hombre de nacionalidad nicaragüense.
Tras la captura de esas 13 personas, el ente acusador señaló que todas ellas ya fueron presentadas ante un juez de control de garantías y les fueron imputados los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir agravado.
Mientras las primeras nueve personas fueron recluidas en sus casas mientras se determina su culpabilidad, las cuatro últimas fueron enviadas a la cárcel bajo medida de aseguramiento.
Estos operativos se producen en medio de una creciente preocupación por una nueva crisis migratoria en el Golfo de Urabá, que comenzó a reaparecer este año luego de la llegada al poder del presidente José Raúl Mulino a Panamá, quien prometió una política de mano dura en contra de quienes transitan por la frontera entre ese país y Colombia.Lea más: Los países de Europa que adoptan posturas más duras sobre la migración: ¿Está en riesgo el espacio Schengen?
A mediados de este año, el gobierno panameño levantó incluso en plena selva un cerco con el que buscaba impedir el paso de personas por el Tapón del Darién, una de las principales y más peligrosas rutas de cientos de miles en su camino hacia Estados Unidos.
Además de esa estructura, desde ese país se ha prometido redoblar los controles terrestres y marítimos para interceptar los grupos de migrantes que estén ingresando irregularmente.
Por cuenta de esa estrategia, se reavivó el debate por la falta de soluciones estructurales a la problemática de la migración en el Golfo de Urabá, que en el caso de varios municipios antioqueños como Turbo y Necoclí y el municipio chocoano de Acandí, se ha traducido en años recientes en varias crisis con migrantes represados y graves problemas de salud pública.
En julio pasado, la Procuraduría General de la Nación ya había lanzado una alerta por considerar que en medio de ese panorama geopolítico los riesgos para los migrantes estaban incrementándose, advirtiendo que son los grupos ilegales los más beneficiados de que pasar por la zona tenga que hacerse en la clandestinidad.
“Persiste la falta de capacidades instaladas en municipios clave como Necoclí, Turbo y Acandí. La respuesta institucional ha sido insuficiente. No se entiende cómo entre 3 y 4 funcionarios de Migración Colombia realizan las labores de registro y control a los no menos de 400 y hasta 3.000 migrantes que hacen tránsito en un solo día por el municipio de Necoclí”, expresó entonces la procuradura Margarita Cabello.
Desde finales de septiembre pasado, tanto el presidente panameño Mulino como el colombiano, Gustavo Petro, habían informado del inicio de una serie de acercamientos para estructurar una política conjunta para atender la problemática.Siga leyendo: Vientos de crisis migratoria vuelven a soplar en el Golfo de Urabá tras cinco años de promesas rotas