Al considerar que se cumplen los criterios y está probada su responsabilidad, la Procuraduría General solicitó ratificar la imputación contra los exlíderes de las antiguas Farc por delitos de violencia sexual.
El Ministerio Público reaccionó al pedido de nulidad presentado por la defensa de los exguerrilleros ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el que buscan desvincularse del proceso de responsabilidad.
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Los abogados argumentaron que hubo varias irregularidades procesales, entre ellas que las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos debieron haberse agrupado en lugar de identificar un patrón específico, el cual, según ellos, fue resultado de sesgos y manipulaciones en los aportes de verdad de los firmantes.
La imputación contra los excombatientes también abarca crímenes de lesa humanidad cometidos en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño).
En este contexto, el Ministerio Público envió un documento de 27 páginas a la magistrada Belkis Izquierdo y a la Sala de Reconocimiento, solicitando que se rechacen las pretensiones de nulidad de los firmantes del Acuerdo de Paz, y que se les exhorte a respetar a las víctimas.
“El macrocaso cuenta con 57 informes incorporados al expediente, de los cuales 17 tratan de forma específica sobre las conductas de violencia basada en género”, dice el organismo.
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El documento fue firmado por la procuradora delegada, Uldi Teresa Jiménez López, quien subrayó que la JEP “identificó las circunstancias de victimización a pueblos étnicos y el control territorial a gran escala, con un elevado número de víctimas”.
Para Jiménez, rechazar la nulidad es crucial para que el Estado no incurra en omisiones respecto a la investigación de conductas de violencia sexual, violencia de género y violencia contra orientaciones sexuales diversas en el contexto del conflicto armado.
“La eventual declaratoria de nulidad, lejos de cumplir su propósito como remedio procesal, generaría una afectación real a los derechos fundamentales de las víctimas de violencia sexual, basada en género y prejuicio”, señala el documento.
La procuradora enfatizó que el derecho a la defensa de los comparecientes no puede contraponerse a los derechos de las víctimas, por lo que solicitó a la Sala de Reconocimiento que “exhorte” a evitar cualquier forma de revictimización.