Una convocatoria de nuevos empleos en Colombia es casi siempre una buena noticia en medio de la informalidad laboral y el desempleo –9,9% en julio de este año, según el Dane–. Pero el anuncio de la creación de una planta temporal de 1.170 nuevos puestos en la Unidad Nacional de Protección (UNP), con plazo hasta el 31 de diciembre de este año, despertó inquietud y cuestionamientos al interior de la entidad, según conoció EL COLOMBIANO.
Desde la entrada de la Casa de Nariño, Augusto Rodríguez, director de la UNP, exM-19 y unos de los funcionarios de mayor confianza del presidente Gustavo Petro, explicó el motivo de la convocatoria: “No hay ninguna nómina paralela. Esto lo venimos trabajando como parte del proceso de dignificación del empleo que prometió el presidente desde su plan de Gobierno. Y sencillamente estamos eliminando la tercerización y que empresas se queden con parte de los recursos que tendrían que llegar a los trabajadores (sic). Y en el caso de los escoltas, nosotros vamos a pagar un poco menos por esos servicios y ellos van a recibir más”, señaló Rodríguez citando el Decreto 1268 del 2024, emitido el pasado 11 de octubre.
El documento de cinco páginas, firmado por los ministros del Interior y Hacienda, Juan Fernando Cristo y Ricardo Bonilla, y el director de la Función Pública, César Manrique, desglosa en una tabla la distribución de los 1.170 empleos: 1.000 oficiales de protección, 90 profesionales universitarios, 64 técnicos administrativos y 16 profesionales especializados.
“Nosotros le pagamos a los tercerizadores alrededor de $10 millones y medio por cada escolta y ellos reciben aproximadamente $4.700.000, una suma así. Hay una parte gruesa del recurso que nosotros pagamos que se queda en las tercerizadoras y ese es el negocio tan grande que tienen”, agregó el director de la UNP.
Sin embargo, sobre esos valores suministrados por Rodríguez es necesario precisar que las tercerizadoras cubren un valor superior a los $4’700.000 de salario, pues sumados los porcentajes de ARL, salud, pensión, caja de compensación familiar, cesantías, primas de servicios, intereses sobre cesantías y vacaciones, realmente cada escolta cuesta casi siete millones de pesos, según documentos en poder de este diario. Además, hay otros costos y gastos asociados al servicio que la UNP no cuenta en sus declaraciones como apoyo para vestuario, bonificaciones, apoyo para movilidad, armamento, seguros de vida y chalecos blindados que ascienden aproximadamente a los $800.000 mensuales por cada escolta. En ese sentido, la brecha con la que se quedarían las tercerizadoras no es tan amplia como lo hizo ver el director de la UNP.
De todos modos, el hecho de que sea la entidad la que contrate directamente a los trabajadores, como lo dijo Rodríguez, puede mejorar los procesos de selección de los escoltas respecto a sus antecedentes y perfiles, pues en el pasado han ocurrido algunos episodios en los que escoltas participan de delitos como el tráfico de estupefacientes en los vehículos blindados asignados para la protección de personas amenazadas.
“En dos meses no alcanzamos”
Este proceso de contratación despertó cuestionamientos de funcionarios de la entidad y algunos sindicatos que no ven con buenos ojos que se cree una planta temporal tan grande en poco más de dos meses. “Sencillamente es contradictorio, el presidente Petro indica a través de la reforma laboral que deben crearse empleos con estabilidad y con dignificación salarial, pero parece que los escoltas que protegen a los altos dignatarios del Estado incluidos Presidencia, son la excepción. Con esa planta temporal no hay estabilidad, no hay vocación de permanencia, y a la basura los concursos de méritos a través de la CNSC (Comisión Nacional del Servicio Civil). Acá lo que les interesa es la burocracia y el clientelismo y someter a los escoltas a continuar con salarios de miseria, sin estabilidad laboral y sin pago de horas extras”, señaló Yesid Barragán, presidente del sindicato ASEP de la UNP.
Otra funcionaria al interior de la entidad, que prefiere no revelar su nombre por temor a perder su empleo, explica que “en dos meses no alcanzamos. Toca comprar las armas, chalecos y preparación de personal. El concurso va a ser entre la Universidad Nacional y la UNP. Acá, en la entidad, van a rajar a los que no sean cuotas o favores políticos”. La compra de armas, por ejemplo, es uno de los temas que preocupa pues temen no poder adquirir antes de que finalice el año el número suficiente de Córdova, la referencia de pistola semiautomática fabricada por Indumil Colombia.
Otros cuestionamientos
Aunque Rodríguez ha entablado diálogos y mesas de negociación con varios sindicatos al interior de la entidad, lo cierto es que persiste cierta molestia sobre algunos manejos administrativos y presupuestales (ver recuadro).
De hecho, a principios de este mes de octubre, la Procuraduría pidió suspender el proceso de licitación y selección de contratistas para la compra de 170 camionetas blindadas utilizadas para los esquemas de seguridad a cargo de la UNP. Según el Ministerio Público, se estaría limitando de forma irregular la participación de oferentes con menos de tres años de trayectoria en el negocio, desconociendo la posibilidad de incluir la experiencia de sus socios o accionistas como lo dice la ley.
Lo cierto es que además del cuestionado proceso de convocatoria laboral, la UNP no podrá escaparse de los reflectores pues para la COP16, el esperado evento sobre medio ambiente con sede en Cali, la entidad apoyará la seguridad de mandatarios, diplomáticos y funcionarios.