El presidente Gustavo Petro recordó sus tiempos como alcalde de Bogotá y este fin de semana le hizo una particular invitación a los profesionales del derecho de Colombia: que denuncien por el delito de prevaricato contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), a raíz de la investigación que ese tribunal adelanta contra su campaña presidencial de 2022 por violación de topes electorales. Un movida que hace recordar las llamadas “tutelatones” a las que llamó cuando fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General en 2013.
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Esta invitación del mandatario, como es costumbre, la hizo por medio de su cuenta de X (antiguo Twitter), en donde escribió que “apenas entreguen el documento del CNE abriendo cargos contra el presidente de la República, y que ya esta firmado, invito a todas y todos lo abogados de Colombia a poner la denuncia por prevaricato contra los firmantes. Con este hecho inicia formalmente el golpe de Estado en Colombia”.
Vale recordar que el delito de prevaricato consiste en que una autoridad, funcionario o autoridad emite una decisión, sentencia o resolución que es contraria a la ley o injusta, siendo consciente de que es así. Es decir, con dolo o intención.
El enfrentamiento entre el jefe de Estado y el CNE se da alrededor del fuero presidencial, que en Colombia blinda al primer mandatario para que solo pueda investigarlo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En ese sentido, Petro, su partido, defensores y abogados sostienen que ese fuero impide investigaciones de tipo administrativo como las que hace el tribunal electoral, que en este caso indaga si su campaña de 2022 se voló los topes de gastos electorales y que el Consejo de Estado reafirmó que tiene potestad para hacerlo.
A raíz de esa investigación, el mandatario ha enarbolado con más fuerza su tesis de que hay un complot en su contra para sacarlo del poder, orquestado por sus opositores y sectores del Estado. A esto lo ha llamado “golpe blando”.
El llamado a los abogados de Colombia para interponer denuncias contra los magistrados del Consejo Electoral trae a la memoria una estrategia jurídica que usó el petrismo en 2013 en Bogotá.
A mediados de diciembre de ese año, el abogado del entonces alcalde Petro, Julio César Ortiz, interpuso una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que anulara el fallo de la Procuraduría que los destituyó del cargo y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años. En esa tutela se argumentó que la determinación violaba los derechos al debido proceso, al ejercicio de los derechos políticos y a la honra y el buen nombre.
A las pocas horas de radicar esa tutela, cientos de seguidores de Gustavo Petro hicieron fila en la sede del tribunal, en el centro de Bogotá, para interponer tutelas en el mismo sentido. Esta acción, a la que nombraron como “tutelatón”, estuvo al mando del grupo de personas que estaba en contra de la destitución de Petro, que se llamó “Comité Nacional de Defensa de la Democracia”.
Ese comité convocó esta particular protesta con recursos judiciales y hasta facilitó un borrador de la acción de tutela para que las personas solo tuvieran que agregarle sus datos personales, para así buscar que un juzgado suspendiera la decisión contra Gustavo Petro. Solo en el primer día se interpusieron 5 mil tutelas en ese sentido que inundaron los despachos judiciales.
Sin embargo, en agosto de 2014 —con Petro restituido en la Alcaldía de Bogotá tras una medida cautelar del Consejo de Estado— una decisión de la Corte Constitucional dejó en claro que la ‘tutelatón’, en otras palabras, no sirvió para nada en la defensa legal del entonces alcalde para no ser destituido.
Los magistrados que integraban la Corte en ese entonces advirtieron que el alcalde era la única persona habilitada para interponer una acción de tutela para reversar la decisión de la Procuraduría, así como que el único camino válido para oponerse a la destitución era una demanda administrativa ante el Consejo de Estado.
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