¿Qué clase de sociedad somos para asesinar niños?, se preguntó un usuario de la red social de X luego de conocer que Sofía Delgado, la niña de 12 que estaba desaparecida, había aparecido muerta, desmembrada y abandonada en un cultivo de caña en el Valle del Cauca. El hecho no solo consternó a ese tuitero, sacudió a todo el país que busca responsables y reclama al Estado por la protección de sus niños.
Porque así como Sofía, en lo que va de este año otros 375 niños, niñas y adolescentes han muerto de manera violenta. Un detonante de paranoia colectiva sobre los múltiples riesgos que corren los niños y niñas en un país como Colombia.
En entrevista con EL COLOMBIANO, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, respondió una de las preguntas más reclamadas desde que hallaron los restos de la niña:
¿Quién falló con Sofía?
“Fallamos todos como sociedad. En el caso de Sofía lo que ocurrió fue que la niña desapareció el 29 de septiembre y su presunto agresor al parecer era muy cercano al entorno de Sofía, entonces hay un tema y es que no podemos asignar una única responsabilidad. Sabemos que el primer entorno protector es la familia y la familia está compuesta tanto por el padre como por la madre, pero también tiene que ver con esa seguridad que hay en el entorno, en este caso del barrio y la búsqueda inmediata de casos como estos. Es muy importante que toda la sociedad de alguna manera sea garante de los derechos de los niños y las niñas”.
¿Qué lectura hace del grave panorama de violencia en Colombia contra los niños, niñas y adolescentes?
“Desafortunadamente yo creo que la crisis más grande está relacionada con los entornos protectores. Yo creo que esa es la reflexión más importante. Esos entornos protectores empiezan por una política pública de Estado fuerte alrededor de la protección de la niñez. Que los niños y las niñas tengan en los diferentes espacios en los que se mueven no solo el familiar sino también el social, el educativo, en general de la comunidad, una protección adecuada de parte de todas las personas”.
¿Debería reformarse la actual política pública de protección a la niñez?
“Yo creo que más que un cambio hay asuntos que pueden ser de fortalecimiento legislativo. Por ejemplo, hay que capacitar y sensibilizar a los funcionarios y funcionarias públicas para atender estos casos. La Corte Constitucional ha identificado lo que se denomina la violencia institucional que es cuando viene primero un asunto de violencia contra la mujer que se refleja a veces en violencia contra las niñas, y el problema no es todo lo que ocurrió, que ya es gravísimo, inadmisible y alarmante, sino que cuando las personas van a la autoridad pública se le resta importancia al caso. Entonces hay un problema grave, necesitamos que los hechos sean graves también para las instituciones que tienen que atender los casos”.
El Gobierno radicó el proyecto de reforma a la justicia que contempla beneficios para los responsables de delitos contra los niños, ¿esos alivios aportan en la reducción de los hechos violentos?
“Yo creo que eso está por verse y ese es el tema central que estamos mirando. Históricamente, la reducción de beneficios no ha contribuido a la superación de la impunidad. En el proyecto de reforma se están planteando mecanismos de justicia premial, no principio de oportunidad, pero todas estas rebajas o exención de la responsabilidad, generalmente lo que hacen es alentar la permanencia de los hechos. Es muy importante que haya condena penal y eso es algo que se debe mantener. También consideramos lo que dice la Fiscalía y es que los mecanismos de justicia premial alientan el reconocimiento de responsabilidad. Sin embargo, si la sanción penal es muy baja, pues no va a cumplir la función de que efectivamente no se sigan repitiendo los hechos”.
En ese contexto, ¿qué papel tendrá la Defensoría en favor de la niñez?
“Yo he hablado de un tema que es el derecho al buen futuro, que es un tema que estamos fortaleciendo en la Defensoría del Pueblo y que quiero que sea uno de los ejes durante los cuatro años en que me desempeñe como Defensora del Pueblo. Hemos visto que hoy en día los niños y niñas, y en general menores de edad, también adolescentes, no tienen suficiente esperanza en su futuro, esperanza de vida. Yo siempre pongo un ejemplo que suena un poco básico, pero que es verdad, y es que cuando el niño o niña, el adolescente, le diga a su familia, a su entorno, a su profesor, yo cuando grande quiero ser arquitecto, o yo quiero ser médica, o bueno, el sueño que tenga, que pueda sentir la seguridad y la confianza de su familia, de su profesor, de que puede ser así, de que le van a apoyar y que va a poder salir adelante con su sueño. Hoy en día desafortunadamente eso no es así, que es lo que yo llamo el derecho al buen futuro, a soñar y a confiar en que va a realizar su proyecto”.
¿Falta mucho para que el Estado garantice un país sin violencias para los niños, niñas y adolescentes?
“Todavía falta mucho. Pero yo creo que tenemos potencial, que tenemos buenas bases para la protección de la niñez”.
El conflicto armado sigue siendo un escenario de violencia contra los niños en el país...
“Sí y muy grave. En el Cauca, por ejemplo, entre enero y agosto, 190 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento forzado. Esta cifra podría ser aún mayor porque hay un subregistro estimado en más del 30%, debido al temor de las comunidades y familias afectadas a denunciar. Hay que tener en cuenta que varios niños y niñas reclutados en el norte del Cauca, especialmente indígenas Nasa, son llevados a otros lugares del Cauca o departamentos vecinos, y no solo les asignan funciones de combate, sino que también funciones de inteligencia para que vigilen los movimientos desde donde los ubiquen, para que cobren extorsiones o para atraer a otros niños y niñas a ingresar a las filas”.
¿Qué registros tienen desde el inicio de la Operación Perseo en el corregimiento El Plateado?
“Desafortunadamente la operación generó el desplazamiento forzado de unas 1.200 personas de El Plateado. Me decían que puede que suba unas 100 o 200 personas más. Adicionalmente el presidente le pidió a la comunidad del Cañón del Micay apoyar a la Fuerza Pública. Ojalá la población estuviera en condiciones de libertad y autonomía para tomar una decisión, pero una situación de conflicto armado no es así. Entonces, hice un llamado respetuoso al presidente de abstenerse de pedirle a la población que tome posición en favor porque aunque suena que es lo razonable, una situación de conflicto armado les incrementa el riesgo, ya que además están amenazados por el grupo armado para que también tomen posición en favor de ese grupo”.