Tras una serie de visitas técnicas, la Procuraduría concluyó en agosto pasado que el sistema para el agendamiento de citas de la Cancillería para expedir o renovar el pasaporte estaba “desactualizado y obsoleto”. Por ello, con miras a atender las dificultades, el Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió días atrás un contrato interadministrativo para actualizar el software por valor de $10.364 millones.
Sin embargo, el contrato fue denunciado por el concejal capitalino Daniel Briceño (Centro Democrático), quien reclamó que se hizo a dedo y que la empresa contratada no tiene el conocimiento ni la experticia en tecnología.
EL COLOMBIANO revisó la contratación y determinó que el Ministerio, a través de su Fondo Rotatorio, celebró un contrato interadministrativo con la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo), con vigencia hasta el próximo 31 de diciembre de 2024.
El objeto es la actualización y mejoramiento de los sistemas de información para la optimización de trámites internos externos y se suscribió a través de contratación directa.
Según se evidencia en los estudios previos realizados por el Ministerio, Aldesarrollo fue constituida en junio de 2017 con naturaleza pública y está integrada por dos instituciones de educación superior: Instituto Técnico Agrícola (ITA) y el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar.
En su objeto social se destaca que es una entidad pública descentralizada dedicada a “contribuir al progreso regional, nacional y al fortalecimiento del sistema educativo y CT+i colombiano y ejecutara su misión institucional a través del desarrollo e implementación de planes, programas, proyectos y otras iniciativas que fomenten y generen conocimiento e innovación”.
Además, en materia de ciencia y tecnología se precisa que Aldesarrollo cuenta con la capacidad de brindar “asesoramiento, implementación y desarrollo de productos y aplicativos tecnológicos, que le permitan a las entidades simplificar sus trámites y optimizar sus procesos, así como el desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje cualquier mecanismo de capacitación por medios electrónicos”.
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Entre otras, la Cancillería evidenció que la entidad suscribió varios contratos y convenios con al menos cinco entidades –entre ellas la Cancillería y la Procuraduría–, para brindar soluciones tecnológicas. “Cuenta con la idoneidad plenamente demostrada y la experiencia que le brindan la capacidad para ejecutar el contrato planteado”, concluyó el Ministerio en los documentos en poder de este diario.
Sin embargo, el concejal Briceño denunció que, para evitar hacer una licitación, la Cancillería elaboró el contrato para “prestación de servicios”, pese a que –advirtió– se trata del suministro de actividades y obligaciones. “El suministro no puede ser por contratación directa. Aquí hay delitos e irregularidades muy claras”.
Además de reclamar que Aldesarrollo ha recibido en los últimos dos años 188 contratos a dedo por $610.000 millones, Briceño advirtió que la entidad “sabe hacer de todo”, en referencia a otros contratos no solo de tecnología, sino de proyectos sociales y educativos, instalación de paneles solares y hasta organización de eventos.
“La Agencia Nacional de Hidrocarburos le entregó hace unas semanas $52.000 millones a dedo para el ‘fortalecimiento de comunidades en zonas de exploración y explotación de hidrocarburos’”, dijo, revelando además que Aldesarrollo “ha sido un desastre” frente a los proyectos de tecnología.
“El Ministerio de Deporte lo contrató para diseñar un sistema biométrico en los estadios e incumplió. La Superintendencia de Vigilancia lo contrató para actualizar sus sistemas informáticos e incumplió”, precisó.
Finalmente, Briceño indicó que Aldesarrollo tuvo utilidades por apenas $14 millones, según el certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá. “Este es el precario y pésimo estado financiero de la empresa (...) Esta empresa no pasaba una licitación pública. Por eso, el canciller Luis Gilberto Murillo violó la ley”, concluyó el cabildante.
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El caso ya está bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, que indagan si con la modalidad de contratación se estarían poniendo en riesgo los servicios a la ciudadanía que presta la Cancillería.
Este diario buscó respuestas por parte de la Cancillería frente a los señalamientos y denuncias; sin embargo, se limitaron a contestar que consultarían el tema.