En medio de la controversia nacional por el proyecto de ley que otorga beneficios a abusadores y agresores de menores de edad, se conoció un pronunciamiento de los jueces penales del circuito con función de Conocimiento de Bogotá, en el que manifiestan su pleno apoyo a la iniciativa, argumentando que contribuirá a reducir la impunidad en estos casos.
En una carta de cuatro párrafos, los jueces afirman que, como conocedores directos de procesos donde las víctimas son menores de edad, saben de primera mano que la tardanza en los procesos y el inicio de prolongados juicios son el principal factor para que los implicados reincidan en sus acciones criminales.
“Se ven palmarias las nutridas cifras de procesos que congestionan el aparato judicial y, debido a ello, se presenta impunidad por la tardía recepción de los testimonios de los menores, quienes olvidan los episodios o incluso resultan manipulados para buscar su retractación. Sin mencionar, además, el escarnio al que deben ser sometidas las víctimas cuando rinden su testimonio, lo que les obliga a evocar y exponer sus vivencias, redundando en revictimización”, explican los jueces.
Por ello, según señalan, lograr acuerdos con los responsables para emitir sentencias anticipadas garantizará la terminación oportuna de los procesos, brindando justicia tanto para la víctima como para su familia.
“Es a partir de este escenario que se observa viable y necesaria la postura de la Honorable Corte Suprema de Justicia ante el Honorable Congreso de la República, relacionada con el proyecto que permita terminar anticipadamente los procesos seguidos por delitos contra menores de 18 años”, concluye el documento.
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Justamente, este martes, hubo una reunión entre los senadores ponentes y los autores de la iniciativa para analizar la propuesta. El encuentro se desarrolló en la Presidencia de la Comisión Primera del Senado, hasta donde llegaron 11 de los 22 miembros de esa célula legislativa, así como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra y la fiscal Luz Adriana Camargo.
Pese a los ánimos de concertación, las partes no lograron ponerse de acuerdo frente a la viabilidad del controvertido punto 7 de la reforma, en el que se consagran los beneficios para aquellos agresores de menores que colaboren con la justicia.
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“Hay tres alternativas. Eliminar todo el artículo 7 y mantener la legislación como está; segundo, aprobar lo que presentaron los autores de la iniciativa, la Corte, la Fiscalía y el Gobierno Nacional; y tercera, que he presentado, es mantener una especie de principio de oportunidad solamente cuando se trata de desmantelar bandas criminales”, explicó el senador de oposición Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), vicepresidente de la Comisión Primera.