El Metro y la Alcaldía de Medellín tendrán que comparecer ante un juez para explicar cómo va la reubicación de las familias afectadas por el metro ligero de la 80 en el barrio El Volador, esto dentro de un proceso que tuvo segunda instancia a favor de la comunidad en 2023.
La decisión viene por cuenta de un incidente por desacato que se abrió en contra del gerente Tomás Elejalde, el alcalde Federico Gutiérrez y la gerente del Isvimed, Valentina Aguilar, en el que se revisará si las entidades a su cargo han cumplido con un fallo emitido el año pasado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el que se les ordenó formular soluciones de reubicación más robustas para los afectados.
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Si bien dicho fallo fue proferido durante los últimos meses de la administración de Daniel Quintero, cuando el proyecto precisamente comenzó a arrastrar cuestionamientos por su gestión predial, esta papa caliente ahora resultó en las manos del nuevo gobierno, que desde hace varios meses ha señalado estar dispuesto a ajustar las compensaciones a las familias de la zona de influencia de la obra, pero sin alcanzar un acuerdo hasta ahora.
Entre tanto, la pelea jurídica destapó parcialmente otra situación por la que atraviesa el megaproyecto, esta vez por cuenta de una modificación en los plazos de su contrato, con el que se busca darle mayor margen de tiempo a la formulación de los diseños. En abril de 2023, cuando se firmó el acta de inicio, el proyecto había informado que la etapa de preconstrucción (que incluye esta tarea) tendría un plazo de 12 meses, pero la misma ahora está estipulada en 18.
El inicio de este incidente por desacato se remonta al 19 de diciembre de 2022, fecha en la que un juez administrativo negó una demanda interpuesta por los afectados por el Metro de la 80, sobre todo del barrio El Volador, en la que sostenían que el Distrito y el Metro no estaban cumpliendo con los principios de la política pública de protección de moradores, que establece que los afectados por una obra de infraestructura deben ser reubicados en iguales o mejores a condiciones al lugar que habitaban antes de ser desplazados.
Pese a esa negativa inicial, el fallo fue apelado y revisado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que el 12 de julio de 2023 tumbó la decisión de primera instancia y le dio la razón a los accionantes.
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El tribunal le ordenó varias acciones al Distrito, el Metro y el Isvimed, como entregar en un plazo de tres meses una copia con los diseños de la futura línea con cada una de las viviendas afectadas, identificar en un plazo de seis meses una zona en la cual reubicar las viviendas afectadas, establecer posibles reconocimientos por “daños emergente y lucro cesante para cada una de las familias” afectadas, estructurar y promover un plan de vivienda subsidiado en un plazo de doce meses, entre otros.
“El plan anterior deberá ejecutarlo a más tardar en el mes de diciembre de 2025. En caso de que alguna de las familias objeto del plan de vivienda, no lo acepten, deberá proceder al desalojo de las mismas de conformidad con las normas de policía y continuarse con los trámites a que haya lugar de negociación voluntaria y expropiación”, estableció el tribunal.
Según se lee en el proceso, fue el pasado 13 de septiembre de 2024 que los accionantes pidieron la apertura de un incidente por desacato, sosteniendo que transcurrido un año y tres meses el cumplimiento del fallo sigue en el limbo.
El pasado 20 de septiembre, poco antes de abrir el incidente, la jueza que lleva el caso requirió al Metro, el Distrito y el Isvimed para que informaran del cumplimiento de esas acciones.
Mientras el Isvimed señaló tener en su poder 14 expedientes en los que constaba la asignación de varios subsidios de vivienda y sostuvo que desde el pasado 7 de junio de 2024 firmó un contrato interadministrativo para atender a los afectados por la futura línea de transporte, el Metro entregó el 25 de septiembre otro escrito señalando no tener forma de entregar los diseños por el hecho de que todavía no estaban listos.
“A la fecha no contamos con los diseños definitivos del proyecto pues los mismos están en elaboración por parte del contratista”, expresó la empresa, sosteniendo que por esa razón se había tenido que firmar el pasado 30 de julio un cuarto otrosí al contrato principal del proyecto, para ampliar la etapa de preconstrucción a 18 meses y sin que esto significara, según la entidad, que los plazos totales estuviesen comprometidos.
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Para conocer su postura ante la apertura de este proceso, EL COLOMBIANO consultó tanto con la Alcaldía de Medellín como con el Metro, desde donde remitieron un pronunciamiento conjunto en el que sostuvieron que en el desarrollo del proyecto se ha cumplido con la política pública de protección a moradores.
“Frente a la acción popular asociada al Metro de la 80 hemos cumplido con las medidas solicitadas, teniendo pendiente solo la entrega de los diseños definitivos del proyecto, entre ellos los del patio taller”, se expresó desde el proyecto, señalando que la culminación de los diseños se ha visto precisamente impactada por la decisión de cambiar la ubicación de los patiotalleres de la futura línea, moviéndolos a una zona situada en el barrio El Progreso.
“Nuestro propósito (Distrito de Medellín, Isvimed, EDU y Metro) es ejecutar el proyecto, garantizando los derechos de las personas, en especial de quienes es necesario adquirir su inmueble, entendiendo que no es un proceso, la mayoría de las veces fácil, dado que las personas tienen arraigo a su hogar y a su entorno. Por esta razón, nuestra gestión ha sido integral y acorde a la ley”, expresaron desde las tres entidades.
La apertura de este proceso aparece en medio de un panorama todavía tenso por cuenta de la gestión predial del proyecto, en el que aún no se llega a un acuerdo con múltiples familias que sostienen no tener cómo hacerse a una vivienda con los valores que les han venido ofertando.
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Dentro de los principales argumentos en los que más insisten los afectados es que mientras el proyecto les reconoce valores cercanos a $2 millones por metro cuadrado, la ciudad tiene sus precios de vivienda disparados y en la mayoría de zonas cercanas no se consiguen casas por menos de $5 millones el metro cuadrado.
“¿Si nos pagan a $2 millones y nos venden $5 millones, cómo va a hacer la gente? Casi todos somos personas que tenemos de 50 años para arriba viviendo en el sector, por nuestra edad no podemos adquirir deudas con ningún banco y tampoco postularnos a subsidios de vivienda, porque estos exigen una entrada mínima comprobada, tener capacidad de pago, una plata programada”, expresó Jaime Lopera, uno de los líderes de las familias afectadas.
A finales de septiembre pasado, a propósito de esa situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que se estaban buscando fórmulas jurídicas para reconocer mayores compensaciones económicas.
“Yo concuerdo con ellos y por eso le pedí a mi equipo que buscáramos formas para que fueran pagos justos de acuerdo a los avalúos y esto es lo que estamos logrando jurídicamente”, expresó el mandatario distrital. “Un proyecto que vale billones de pesos, que beneficia a gran parte de la ciudad, no puede terminar afectando a los que se tienen que ir de esta zona. Tiene que haber la compensación económica correspondiente para poder realizar el proyecto y ellos puedan buscar otra opción de vivienda”, añadió.
Al ser consultados sobre estas nuevas fórmulas y ofertas que se estarían revisando, varios de los líderes de los afectados señalaron que todavía no se llega a ningún acuerdo, pero que las conversaciones se han mantenido abiertas tanto con el Metro como con el gobierno distrital.
Según quedó plasmado en el fallo, tanto el Distrito, como el Metro y el Isvimed quedaron desde el pasado 11 de octubre, fecha en la que la decisión se notificó por estados, con un plazo de cinco días para entregar informes sobre el cumplimiento de dicha sentencia, plazo que se cumpliría este martes.
“Es importante aclarar que la acción popular está relacionada solo con el patio taller y no sobre todo el corredor del Metro de la 80. Y a la fecha, estamos dentro de los términos judiciales para aportar pruebas e información que nos permitan acreditarle al despacho el cumplimiento del fallo”, señalaron los tres entes.
Luego de que el Distrito, el Metro y el Isvimed se pronuncien, quedará entonces en manos del juez decidir si emite una sanción.