La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la libertad por vencimiento de términos a Ciro Alejandro Ramírez Cortés, excongresista del Centro Democrático, quien es investigado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
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Ramírez, quien está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, está siendo investigado por la presunta injerencia indebida que sostuvo en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) para la contratación de obras públicas en varios departamentos.
La investigación que se adelanta contra el político está relacionada con el entramado de corrupción que llevó a la cárcel al fallecido exsenador Mario Castaño y que es conocido en los medios de comunicación con el escándalo de “Las Marionetas”.
El exsenador –al que se le aplicó la silla vacía en el Congreso– fue detenido el 14 de diciembre de 2023 por orden de la Sala de Instrucción. El magistrado que lideró la investigación desde junio del 2023 fue Marco Antonio Rueda Soto y lo hizo bajo la tesis de que Ramírez es sospechoso de desviar 13 contratos.
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El caso se basa en que Ramírez presuntamente fue intermediario entre el Departamento de Prosperidad Social, dirigido por el procesado por la Fiscalía, Pierre Eugenio García Jacquier, y empresas con injerencia en obras en Quindío y Tolima.
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Uno de los convenios fue firmado por la empresa Proyecta Quindío e involucra a Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Ramírez, y al contratista Anderson González, quienes fueron imputados por la Fiscalía en 2023.
De acuerdo con la Fiscalía, Rivera Bohórquez fue el enlace del senador entre el DPS y Proyecta Quindío, lo que funcionó para firmar el contrato, por un valor superior a los $48 mil millones y prometer coimas que llegaban a los $1.000 millones.
El 31 de enero de este año, la Corte Suprema le notificó al Congreso de manera formal sobre la medida de aseguramiento proferida en contra del exsenador.
Esto después de que el 19 de diciembre de 2023 el Senado enviara una comunicación a la Corte Suprema de Justicia, solicitando que notificaran de manera oficial no solo de la captura de Ramírez, sino sobre su retiro del cargo, como lo dicta la ley.
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Ya el 20 de febrero, a través de una resolución emitida por la mesa directiva del Senado, se confirmó el decreto de silla vacía para la curul del exsenador, con lo que el uribismo y por ende la oposición del gobierno de Gustavo Petro, perdió un escaño en la cámara alta.
Con la llegada de la notificación, también se suspendió automáticamente el pago de honorarios tanto para Ramírez, como para los funcionarios que hacían parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).