No cesa la controversia en el Congreso de la República por cuenta de un artículo de la reforma a la justicia que da vía libre a que haya rebaja de penas para abusadores y agresores de menores de edad. Todo esto, justo cuando el país sigue consternado por el crimen de la pequeña Sofía Delgado en Valle del Cauca.
Este martes, hubo una reunión entre los senadores ponentes y los autores de la iniciativa para analizar la propuesta. El encuentro se desarrolló en la mañana en la Presidencia de la Comisión Primera del Senado, hasta donde llegaron 11 de los 22 miembros de esa célula legislativa, así como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra y la fiscal Luz Adriana Camargo.
Pese a los ánimos de concertación, las partes no lograron ponerse de acuerdo frente a la viabilidad del controvertido punto 7 de la reforma, en el que se consagran los beneficios para aquellos agresores de menores que colaboren con la justicia.
“Hay tres alternativas. Eliminar todo el artículo 7 y mantener la legislación como está; segundo, aprobar lo que presentaron los autores de la iniciativa, la Corte, la Fiscalía y el Gobierno Nacional; y tercera, que he presentado, es mantener una especie de principio de oportunidad solamente cuando se trata de desmantelar bandas criminales”, explicó el senador de oposición Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), vicepresidente de la Comisión Primera.
En respuesta, la fiscal Camargo defendió que, más allá de una reforma estructural a la justicia, la iniciativa busca modificar varios puntos del Sistema Penal Acusatorio con miras a otorgar mayores garantías frente a asuntos como los preacuerdos. Con todo, reconoció que “hay posturas válidas de lado y lado”.
“No tenemos ninguna postura radical, ni en el artículo 7 ni en ningún otro artículo. Estamos escuchando razones, que pueden ser válidas de lado y lado. Hay opiniones divididas entre los mismos ponentes y quedamos en una hoja de ruta muy sensata: con base en lo que hemos escuchado vamos a realizar unas observaciones para el examen de los ponentes”, manifestó la jefe del ente investigador.
Se prevé que una vez más en la tarde de este martes sostengan otra reunión la fiscal General y presidente de la Corte Suprema, pero ahora con la participación de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, con miras a lograr acuerdos.
El objetivo de las partes es comenzar la discusión del proyecto la próxima semana y lograr que haya una ponencia acordada por las partes que permita viabilizar la reforma.
Previamente, durante la primera audiencia pública en la Comisión Primera del Senado sobre el proyecto de reforma a la justicia, sus ponentes —la ministra de Justicia, la fiscal general y el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra— defendieron los 13 puntos contenidos en la iniciativa, haciendo especial énfasis en el artículo siete, que trata sobre los beneficios a los agresores de niños, niñas y adolescentes.
La controversia se ha desatado en redes sociales tras las declaraciones del magistrado Chaverra, según las cuales el proyecto de reforma contempla rebajas de pena de hasta el 25 % para quienes cometan violencias contra los menores de edad. Esto, según explicó, serviría como estrategia para disuadir al procesado a reconocer su responsabilidad en el delito.
“Lo que disuade al delincuente no son las penas de 50, de 40, de 30 años abstractas. Lo que a él lo anima en la ejecución delictual es saber que esa pena por alta que sea no se le va a aplicar. En cambio, si nosotros a través de un proceso penal abreviado logramos la aplicación efectiva de una pena codigna a la gravedad del delito, seguro que el efecto va a ser más positivo para la comunidad, para la sociedad y para la víctima”, dijo el presidente del alto tribunal.
De acuerdo con el magistrado, la imposición de una pena real, y no abstracta, refiriéndose a penas de 40 y 50 años que no terminan cumpliendo, ayudaría a disminuir la comisión de estos delitos, con efectos “positivos para la comunidad”.
“Esa efectividad de una pena impuesta en un plazo razonable sí va a disuadir la comisión del delito (...) logramos el efecto de la prevención especial de sacar a ese delincuente que afectó la dignidad y la libertad de un menor de edad del entorno social, que muchas veces es la propia familia, y no lo que está pasando ahora, que cometen ese tipo de delitos y a los seis meses vuelven otra vez a ese entorno”, añadió el presidente Chaverra.
En el mismo sentido, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defendió el proyecto y aclaró que la propuesta incluye sanciones máximas de 14 años, lo que, según ella, garantizaría que los responsables de estos crímenes enfrenten consecuencias adecuadas.
De acuerdo con la funcionaria, el proyecto brinda una respuesta clara y efectiva frente a la impunidad, toda vez que sí contempla sanciones.
La discusión en torno a la reforma se ha polarizado, en especial en lo que respecta a la posibilidad de aplicar penas más severas, como la cadena perpetua, que ha sido propuesta por diversos sectores sociales y políticos.