Han pasado dos años y cinco meses desde el magnicidio en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini, y a la fecha los organismos de seguridad no han podido arrestar a las personas que lo ordenaron.
El crimen sucedió el 10 de mayo de 2022 en una playa de la isla de Barú, donde el jurista disfrutaba de su luna de miel con la esposa, cuando fue tiroteado por un sicario.
Este hecho regresó a la memoria tras el anuncio de que las fiscalías de Colombia y Paraguay crearán un equipo conjunto, con vigencia inicial y prorrogable de un año, para esclarecer la trama que condujo a la muerte de Pechi.
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De momento han sido capturados seis autores materiales (el sicario, dos transportistas, dos campaneros y su coordinador) y tres enlaces financieros, que movieron y entregaron $2.000 millones para perpetrar el ataque; no obstante, sigue siendo un misterio quiénes ordenaron la ejecución desde Paraguay.
Uno de los principales sospechosos es el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, a quien Pecci perseguía en sus días de fiscal antimafia. El extranjero de 33 años fue futbolista y productor musical, antes de dedicarse al narcotráfico y el lavado de activos transnacional, teniendo como base de operaciones la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay, desde donde coordina la exportación de cocaína colombiana y boliviana a Europa y Estados Unidos.
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Las autoridades estuvieron cerca de atraparlo el 30 de julio de 2023 en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde vivía con su familia en una mansión. La Policía allanó la propiedad, pero minutos antes Marset se había fugado con sus familiares y escoltas, secuestrando en el proceso a tres uniformados.
Su esposa Gianina García Troche se entregó a las autoridades en Madrid, España, el pasado mes de julio, atendiendo a una circular roja de Interpol por lavado de activos, pero el marido continúa en la clandestinidad.
Antes de morir, Pecci era uno de los fiscales que estaban al frente de la Operación A Ultranza Py, una acción conjunta de la Secretaría Antidrogas de Paraguay (Senad), la DEA y Europol, contra una red de narcotráfico y blanqueo internacional de capitales, entre cuyos cabecillas está Marset.
La operación destapó supuestos nexos entre el narcotráfico y la clase política, y terminó destituido el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa Burgos, quien resultó ser dueño de un yate incautado por las autoridades.
De igual manera, resultó salpicado el congresista Juan Carlos Ozorio, quien renunció a su curul, y otros funcionarios y contratistas del Estado.
Tal parece que esclarecer el homicidio de Pecci contribuiría a destapar esa oscura trama de narcos y políticos en Paraguay, lo que podría explicar por qué ha sido tan difícil llegar a los autores intelectuales.
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