El corregimiento de El Plateado –un territorio enclavado en el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca– podría convertirse en el epicentro de un comercio sin precedentes: el dinero del Estado sería destinado para la compra de las cosechas de hoja de coca de los cerca de 8.000 campesinos que residen allí.
“En El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Nos van a caer rayos y centellas”, dijo el presidente Gustavo Petro el pasado viernes 18 de octubre en Bogotá.
Ese mismo día, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) entregó un balance que da cuenta del incremento de los cultivos de uso ilícito en el país.
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De acuerdo con la Unodc, en 2023 las hectáreas sembradas de coca alcanzaron las 253.000, lo que representó un aumento del 10 % respecto al año anterior (ver gráfico).
“Si no cambiamos los métodos, no cambiamos. Si vamos a repetir lo mismo, con los mismos instrumentos, todos sabemos que no solucionamos nada. Entonces, al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita”, añadió Petro sobre su propuesta para El Plateado.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que hasta ahora empezaron a “evaluar” –junto a la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos– la propuesta que lanzó el jefe de Estado.
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En El Plateado la propuesta del presidente fue recibida como un bálsamo. Allá hay 13.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas y la compra estatal podría ser un salvavidas ante la caída de los precios de esa mata.
EL COLOMBIANO dialogó con David Restrepo (DR), investigador del Centro de Estudios Sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes y con Daniel Mejía Londoño (DML), economista y experto en seguridad, para dimensionar la viabilidad de la compra estatal de cultivos ilícitos, los retos y las oportunidades que podría traer esta iniciativa del presidente.
¿Cómo se entiende este anuncio?
DR: Es una propuesta que tiene buenas intenciones y que busca que el Estado haga presencia en un lugar en conflicto, donde la economía cocalera durante mucho tiempo ha sido la fuente principal del sustento de la comunidad.
Pero estos anuncios pueden llevar a lo que se conoce como incentivos perversos
¿Cuáles serían esas consecuencias?
DR: El lío es que se incentive la producción de hoja de coca para narcotráfico y los cultivos terminen aumentando. Estamos hablando de una zona de interés ecológico, una zona que está en la frontera agrícola y que debería ser tratada con muchísimo cuidado porque es de un interés estratégico para el país.
DML: Esta compra de la coca con dinero estatal pondría a los campesinos contra la espada y la pared.
Básicamente el Gobierno asume que los productores de la cocaína se van a quedar quietos y no van a ofertar más, como en cualquier mercado ante la entrada de un competidor, por las cosechas de hoja de coca.
Entonces, ¿el Gobierno se va a poner a competir con narcotraficantes a ver quién paga más por la hoja de coca? Ya sabemos cómo van a reaccionar los grupos criminales: matando campesinos que se oponen a vender la hoja de coca a los narcotraficantes y que opten por la oferta del Gobierno.
¿Hay una vía jurídica para darle salida a la compra estatal de la hoja de coca?
DR: Hay usos legítimos para estas plantas y sobre la coca hay un montón de potenciales. Ya hay unos mecanismos jurídicos disponibles dentro del Fondo Nacional de Estupefacientes y el Consejo Nacional de Estupefacientes que lidera el Ministerio de Justicia. A través de ellos podría implementarse un plan piloto.
DML: Le corresponderá al Gobierno explicar cuál es el marco jurídico que sustente la compra, con recursos públicos, de un cultivo que en principio es ilegal y que los gobiernos históricamente han usado la ley para combatirlos.
¿Qué podría hacer el Gobierno con la hoja de coca que se compre?
DR: Podría usarse para la producción de biofertilizantes y de varios insumos agrícolas. También para producir cocaína de uso farmacéutico y que se aplica como anestésico local en países como Reino Unido, Estados Unidos y Holanda.
El uso que no aplicaría sería para los alimentos. Estos cultivos suelen estar llenos de de herbicidas, pesticidas y abonos químicos que hacen esta hoja de coca no sea apta para el consumo humano.
DML: El Gobierno insiste en que se usará para fertilizantes y otros productos derivados de la hoja de coca que son legales. Para esos usos le bastará con 3.000 o 4.000 hectáreas, ¿qué va a hacer con las otras 247 mil o 250 mil hectáreas que quedan, también las va a comprar?
¿Conocen antecedentes similares de compra estatal de cultivos ilícitos?
DR: En Perú existe la Empresa Nacional de la Coca (ENACO). Es estatal y le compra la coca a los cultivadores. Es una iniciativa que lleva décadas y de hecho venden al sistema productivo de Coca-Cola y es también la hoja de coca que usa para producir la cocaína farmacéutica.
La ENACO no ha logrado realmente generar las condiciones para que se desarrolle más cabalmente la industria legal de la coca y que favorezca las comunidades indígenas y locales que deberían beneficiarse de esa economía. Por esta razón, Colombia no debería encaminarse hacia un monopolio de Estado, sino caminar hacia unas formas de asociación productiva, como las que tenemos y que son muy exitosas, por ejemplo, la Federación de Cafeteros.
DML: En Colombia ya hubo un antecedente similar. Cuando se firmó el punto 4 del Acuerdo de Paz (Solución a las Drogas Ilícitas) se habló por primera vez de sustitución voluntaria de cultivos y de incentivos económicos para quienes hicieran la transición. Eso lo que generó fue un aumento sin precedentes en los cultivos de coca porque muchos campesinos querían acceder a los beneficios del Gobierno.
La propuesta del presidente está sobre la mesa. Los campesinos del Cañón del Micay esperan soluciones –más allá de la llegada de 1.400 militares en la operación Perseo–. El Gobierno prometió trabajar en su propuesta mientras analiza la manera en la que va a contener el crecimiento de las 253.000 hectáreas de sembradíos de hoja de coca que ya hay en el país.