La Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la sentencia de 10 de abril de 2024 del Tribunal Administrativo de Antioquia que decretó la pérdida de investidura de las concejales itagüiseñas Gloria Herrera Ospina y Luisa Zapata Bernal por haber incurrido en un conflicto de intereses en la elección del secretario de dicho cabildo.
Los apartes del caso dan cuenta del nivel de informalidad con el que actuaron las corporadas y sientan un precedente para futuras decisiones en este y en otros cabildos.
La decisión judicial se tomó luego de que la demanda interpuesta por el concejal de oposición Walter Betancur, a principios de año llegara a la alta corte tras la apelación de las corporadas.
El concejal del Centro Democrático denunció que las recién posesionadas corporadas Herrera y Zapata votaron en la elección del secretario del Concejo local, certamen que terminó ganando Gustavo Betancur Castaño, pese a que este había sido compañero de las dos cabildantes en el movimiento significativo de ciudadanos Itagüí Somos Todos, con el que buscó un escaño en el concejo en las elecciones de octubre de 2023.
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En los apartes del proceso judicial aparece que el proceso de selección para el puesto de secretario lo hizo la cuestionada Universidad del Atlántico en noviembre de 2023, justo después de surtirse las elecciones locales, y tuvo su final en diciembre del mismo año. Casualmente dicho proceso tuvo como resultado dejar como elegibles a dos aspirantes: Gustavo Betancur y otro aspirante que casualmente justo el día de su entrevista ante el Concejo no quiso presentarse, por lo que dejó tirada su aspiración.
A raíz de esto, el 2 de enero se celebró en el recién instaurado Concejo de Itagüí la elección del secretario para el periodo 2024-2027, sin que ninguno de los corporados argumentara algún impedimento para participar en la votación.
La cuestión es que, según el concejal Walter, las corporadas Herrera y Zapata sí estaban obligadas a declararse impedidas para participar de la elección de Gustavo Betancur como secretario, toda vez que al no hacerlo se configuraba un conflicto de intereses dada la cercanía política de los tres en el movimiento político, lo que de alguna manera terminaría beneficiando a las cabildantes una vez Betancur resultara elegido para el cargo.
En respuesta de la demanda, las concejales aseveraron que su votación a favor del secretario Betancur no incurría en conflicto de intereses toda vez que su elección se dio en gran medida gracias al concurso público hecho por la Universidad del Atlántico, en el que Betancur quedó en primer lugar y era el único seleccionado como idóneo por la convocatoria pública para ocupar el cargo.
Las corporadas también manifestaron que no tenían ningún interés particular, directo ni indirecto en la elección de Betancur y reiteraron que en nada las beneficiaba su designación toda vez que el proceso se surtió en el período del Concejo anterior así fuera a solo dos meses de terminar sus funciones.
En las actas del proceso quedó consignado que Herrera y Zapata comentaron que, como sus conocimientos jurídicos eran limitados –toda vez que una ha estudiado psicología y ha trabajado principalmente en confecciones, y la otra apenas tiene 10 meses de experiencia profesional como abogada en el sector privado– “tomaron la precaución” de consultar a por lo menos cuatro abogados en el recinto del concejo y telefónicamente para conocer si su votación se vería viciada por algún impedimento, los cuales les comentaron que no.
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“De acuerdo con lo anterior, manifestaron que no actuaron con dolo ni culpa ya que a pesar de su poca experiencia y su única vez elegidas concejales, en su primera sesión tomaron responsabilidad como cualquier persona lo hace, asesorándose, preguntando y consultando sobre un asunto del que no sabían; todo ello para evitar cometer errores y con el objetivo de no incurrir en un conflicto de intereses”, se lee en el fallo.
Sin embargo, en las pesquisas hechas por el Alto Tribunal aparece que la elección del secretario Betancur por parte de las dos corporadas sí estaba viciada con base en los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 que habla sobre conflicto de intereses.
Por ello, para el Concejo sí había interés de Ospina y Zapata de que en el cargo de secretario quedara su coequipero Betancur quien aspiraba a ejercer el cargo en el mismo periodo 2024-2027 de las concejales.
“La Sala considera que las concejales debieron declararse impedidas para participar en la entrevista y elección del señor Gustavo Adolfo Betancur Castaño, pues estaban impedidas según el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 (...) por violación del régimen del conflicto de interés”, aparece en el texto.
Frente a las consultas a los abogados hechas por las concejales, el Consejo de Estado comento que la actuación de las concejales fue negligente, primero porque si bien para salir de dudas acudieron a la asesoría jurídica de cuatro abogados, estos son: el mismo aspirante Gustavo Betancur, un futuro subalterno de Betancur llamado Carlos Adriano González Puerta, el concejal Cristian David Osorio Agudelo (quien pese a que es abogado desde 2020 no ha ejercido) y el abogado Luis Ángel Hincapié Betancur (expersonero de Vegachí allegado al padre de Zapata y quien fue consultado telefónicamente).
Segundo, las consultas hechas por las concejalas se dieron días antes de la entrevista y votación para elegir a Betancur por lo que no podían alegar que la circunstancia las cogió de sorpresa. Y tercero porque pese a que ese día en el recinto estaba el asesor jurídico del Concejo, este nunca fue consultado oficialmente por las corporadas para salir de dudas sobre los vicios de su votación.
Para la Sala, la mala asesoría dada no puede enervar la negligencia con la que actuaron las concejales “toda vez que, teniendo el deber de manifestarse impedidas, simplemente omitieron hacerlo”.
A raíz de este acervo probatorio, el Consejo de Estado dejó en firme la decisión que desde abril dejó por fuera a las dos corporadas.
Recientemente se conoció que las curules de Herrera y Ospina serán ocupadas por los oficialistas Jadison Bustamante y Alexander Arteaga.
Por su parte, la ahora exconcejal Zapata comentó que “desde una nueva esfera continuaré buscando el bienestar de nuestra comunidad porque servir a Itagüí no es solo una responsabilidad pública sino una misión de vida que llevo en el corazón”.