Cuando la crisis financiera que atraviesa la Universidad de Antioquia explotó en mayo pasado tras el retraso en el pago de la nómina —un hecho sin precedentes en décadas—, docentes, estudiantes, ciudadanos y distintos sectores pidieron explicaciones. En cuestión de días se supo que el déficit era preocupante, a la fecha se cuenta en unos $365.000 millones, según cifras oficiales. Hoy, casi cinco meses después, aparte de insuficientes inyecciones de recursos de los gobiernos nacional y departamental, las acciones urgentes se centran en el plan de austeridad con el que la universidad ha ahorrado $9.887 millones, entre junio y septiembre, en costos operativos y administrativos.
La cifra se ve mínima ante la magnitud de un problema financiero enorme que justo la semana pasada enfrentó posturas en un debate de control político en la Asamblea de Antioquia. La universidad tiene un déficit proyectado a 31 de diciembre próximo de $136.900 millones para cubrir compromisos de pago institucionales. Y el panorama no es alentador. Si no hay una solución estructural, aunque se consiga esa plata hoy mismo, la historia se repetirá una y otra vez porque los gastos de funcionamiento desbordaron hace mucho lo que entra por transferencias de ley.
Le puede interesar: Chequeo: no es cierto que la Alcaldía le esté dando más recursos a Eafit para desfinanciar a la UdeA
Según fuentes de la universidad, lo que han ahorrado en tres meses de austeridad corresponde a materiales y suministros; viáticos y gastos de viaje; servicios profesionales; personal de proyectos y apoyo a la gestión; y gastos administrativos de personal. Pero hay un frente en el que se han planteado y hecho reducciones y que hoy constituye una de las polémicas centrales: el recorte de horas cátedra.
Los docentes lo rechazan, convencidos de que repercutirá en la calidad de la educación y en la misionalidad misma de la U. de A., pero desde otros frentes lo defienden como un acto de “responsabilidad” de los profesores, con el argumento de que se debe revisar incluso la carga laboral que los de planta destinan a la docencia directa y que hasta ha puesto en debate los salarios que ganan.
El tema es tan álgido que todavía causan mella las declaraciones de Mauricio Alviar, secretario de Educación de Antioquia y exrector de la universidad, en entrevista con EL COLOMBIANO, en la que propuso llevar la reducción de horas cátedra al 50%. Aunque en los últimos días no se ha referido a la cifra, le siguen lloviendo las críticas.
Él, por su lado, reitera que no ha culpado a los profesores de la crisis y que el tema no se debe mirar con sesgos ideológicos, pero se mantiene en la postura de que hay que revisar los costos de nómina. Sostuvo, por ejemplo, que de los casi $137.000 millones que se necesitan para cumplir los mencionados compromisos en diciembre, el 80%, es decir casi $109.000 millones, está explicado en pagos de nómina, de cátedra y liquidación de cátedra y de seguridad social.
Entre los puntos que el secretario puso sobre la mesa están algunos que las directivas de la U. de A. han dicho que van a revisar, pero que para otros deben ser analizadas con pinzas. El primero es el marcado aumento de nómina. La planta de personal permanente pasó de costar $332.614 millones en 2022 a $384.781 millones en 2023, mientras que la de personal supernumerario y temporal pasó de $243.258 millones a $308.627 millones en ambos años. Y aunque Alviar reconoce la influencia de la tasa de inflación y el aumento del salario mínimo en dicho incremento, considera muy significativa la subida de horas cátedra y llamó la atención sobre si los profesores de planta podrían asumir parte de esa carga dentro de sus planes de trabajo. Lea también: Cuatro meses de tensión: la Universidad de Antioquia busca salidas a la crisis financiera
Nuevamente, levantó una polvareda. Dijo en la Asamblea que los profesores de tiempo completo solo dedican el 13,8% de las horas del plan de trabajo a la docencia directa, que complementan con otras actividades de apoyo a la docencia, pero que para él son insuficientes y considera que eso lleva a contratar más horas cátedra, figura que cree desbordada. “No estamos diciendo que no trabajan, hacen muchas cosas, pero sí hay que revisar”, expresó el secretario, quien manifestó que no están buscando una masacre laboral como se ha llegado a decir.
En dicho debate, el vicerrector general Elmer Gaviria sostuvo que en lo que tiene que ver con reducción de las horas cátedra dentro del plan de austeridad se han ahorrado unos $1.900 millones —dentro de los $9.887 millones del total—, pero que ello corresponde solo a 1% del total de docentes de cátedra, quienes han salido porque finalizan los cursos o son profesores vinculados que aparte tenían contratos de cátedra.
Y respecto a la carga de los docentes de tiempo completo, desde la universidad plantearon que la cifra dada por Alviar carecería de exactitud, porque las actividades relacionadas con docencia directa en pregrados son más que el 13,8%, teniendo en cuenta que otro 6,6% lo dedican a docencia directa de posgrados y un 25% más a apoyo a la docencia.
Además puede leer: La mala hora de la Universidad de Antioquia: sin plata suficiente para funcionar y en urgencia por denuncias de acoso
Sobre este punto, Jaime Restrepo, exrector de la U. de A. y miembro del Consejo Superior Universitario (CSU) cree que las actividades de docencia directa deben ser asumidas por los profesores de planta y no por los de cátedra, pero María Angélica Arzuagas, vicepresidenta de la asociación de profesores Asoprudea, expresó que con medidas de austeridad que se enfoquen en ellos y con cuestionamientos a su carga laboral se pone sobre ellos la culpa de la crisis, cuando el problema es estructural.
La docente Lina María Carrillo recordó que su labor incluye no solo tiza y tablero, sino también preparar clases, dar asesorías, investigar, generar producción de nuevo conocimiento y hacer publicaciones, entre otras labores que van sumando a la ejecución de los planes de trabajo.
También se refirió a cuestionamientos que han surgido alrededor de los salarios de los profesores, algunos catalogados como muy altos, y recordó que la mayoría gana en promedio hasta $10 millones. Según los datos presentados por Alviar en la Asamblea, de 1.423 profesores de carrera, 1.140 ganan entre $3 millones y $15 millones, mientras que 27 ganan más de $30 millones —el más alto es de $88 millones.
Le recomendamos: ¿Por qué la UdeA no le pagó a tiempo a docentes y personal? Gobernación dice estar al día en las cuentas
Desde la institución afirmaron que los salarios se fijan según disposiciones nacionales, y que aunque el promedio está en alrededor de $10 millones se puede subir a $16 millones mensuales por las prestaciones. Indicaron que los valores por debajo o por encima de esta cifra son casos extremos, según disposiciones del decreto 1279 del 19 de 2002, que exige tener en cuenta “los títulos de estudios universitarios de pregrado y posgrado, la categoría del escalafón docente, la experiencia calificada y la productividad académica”.
El vicerrector Gaviria había precisado ya que hoy el promedio de profesores con formación doctoral es del 66% y que muchos de ellos se encuentran entre los que ganan hasta $10 millones, por lo cual cree que ahí no está el lío.
La raíz del problema está sobrediagnosticada y es el poco porcentaje que acarrean las transferencias nacionales y departamentales. Solo por poner un ejemplo, Gaviria recordó que la decisión del gobierno nacional, este año, de utilizar recursos destinados a las universidades más grandes para cerrar brechas con otras instituciones de educación superior le significó a la UdeA $11.000 millones menos. A esto se suma que más del 50% de los recursos de la U. de A. los tiene que generar la misma universidad y no dan abasto ante los gastos y el crecimiento continuo de la cobertura.
Otro de los temas de los que mucho se habla es de la participación de los gobiernos para la financiación. Teniendo en cuenta los topes que fija la ley para ello, este año, según las cifras oficiales, el gobierno nacional ha transferido $527.000 millones por varios conceptos, el más alto por aportes de Ley 30 ( más de $483.361 millones), pero también por ajuste al IPC, Ser Pilo Paga, política de gratuidad y excedentes de cooperativas. Por su lado, la Gobernación de Antioquia ha aportado $62.677 millones por Ley 30 ($47.867 millones) y estampilla ($14.809 millones).
Como ya se dijo es insuficiente. Por eso, algunos han cuestionado qué tanto ayudan los contratos o convenios interadministrativos con la UdeA, para que pueda generar recursos. De acuerdo con la institución, con corte a septiembre 30 de este año, con la Gobernación se firmaron 14 contratos por un valor total de $53.300 millones, frente a 25 por $90.531 millones del mismo periodo de 2023. Alviar explicó que otra parte de contratos se va a instituciones de educación superior públicas principalmente y que a veces no pueden acceder a la oferta de la U. de A. porque tiene costos más elevados para administrar dichos contratos, por lo cual están obligados a aceptar a otras instituciones que tengan similar calidad pero cobren menos.
En el caso del Distrito de Medellín, también con corte a septiembre 30, se firmaron 39 contratos por un valor total de $94.119 millones, uno más que en el mismo periodo del año pasado, solo que entonces el valor total era de $113.285 millones. Por lo pronto, sobre la mesa quedó una petición de los estudiantes, expresada por Salomé Echeverry, de que entre gobiernos nacional, departamental y distrital aporten $150.000 millones extraordinarios e inmediatos para apagar un poco el incendio.
El panorama parece oscuro. Por ello, lo que todos piden, casi que de forma unánime, es una reforma urgente a la Ley 30 y al Decreto 1279, en la que esperan que el Congreso juegue un rol a la altura, para equilibrar las cargas de financiación y lograr una universidad sostenible y de calidad.