Un reciente informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló una gran problemática que enfrenta Colombia respecto a la búsqueda de la paz. El informe encuentra un desafío bastante complejo, además de las víctimas civiles que hoy deja el conflicto, los devastadores impactos ambientales generados por grupos armados ilegales.
Este nuevo desafío, que revela el informe, no solo se plantea como un asunto de seguridad, sino también una amenaza para la biodiversidad del país, tema que ha sido central durante la COP16, que se celebra actualmente en Cali.
El informe, que abarca desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2024, documenta 233 afectaciones ambientales graves, lo que significa que cada tres días se registra un daño de impactos significativos a la naturaleza.
Le puede interesar: Un país megadiverso en medio del conflicto: así luce Colombia en el escenario internacional con la COP16
La lista de delitos es encabezada por la minería ilegal, responsable del 68% de los casos, seguido por la tala masiva de árboles y los atentados a la infraestructura petrolera.
Las principales regiones afectadas son el Bajo Cauca antioqueño, el Nordeste de Antioquia y el Cañón del Micay, donde convergen economías criminales que dependen de la minería ilegal y el narcotráfico.
Otro de los hallazgos más alarmantes del informe es la responsabilidad del Clan del Golfo en los daños ambientales, siendo el grupo armado ilegal que más ha afectado el medio ambiente en Colombia.
También le puede interesar: El río Cauca fue notificado: ya es víctima acreditado del conflicto armado
Esta organización criminal ha deforestado áreas enormes en regiones como el Bajo Cauca y el Chocó, con el fin de expandir sus actividades ilegales, especialmente la minería de oro.
El informe afirmó que la subestructura Carretera del Frente Jairo de Jesús Durango es la responsable de la deforestación de al menos 34 hectáreas en la subregión del Atrato, en Chocó, causando daños ecológicos que podrían tardar décadas en revertirse.
El Clan del Golfo no solo se limita a la minería ilegal. En municipios como Carmen del Darién y el Litoral del San Juan, imponen sus propias reglas a las comunidades locales para fomentar la tala de árboles y expandir los cultivos de coca. Situación que afecta directamente a los resguardos indígenas del pueblo emberá, quienes denuncian cómo sus territorios ancestrales se ven devastados por las actividades criminales.
Por otro lado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha sido parte de los diálogos de paz con el Gobierno, también ha sido señalado por sus impactos ambientales.
Durante el cese al fuego bilateral, se evidenció una reducción significativa de los ataques contra el Oleoducto Caño Limón Coveñas, lo que evitó el derrame de al menos 3.1 millones de litros de crudo. Sin embargo, desde el fin del alto al fuego el pasado 3 de agosto, los ataques se han reanudado, con consecuencias devastadoras para el ecosistema.
Las disidencias de las Farc, bajo el mando de Iván Mordisco, también causan daños importantes, pero estas lo hacen en la Amazonía y Orinoquía. En el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, considerado Patrimonio de la Humanidad, se han talado más de 13,000 hectáreas de selva para la construcción de carreteras ilegales y la expansión de cultivos de coca.
La deforestación en la Amazonía es uno de los problemas más críticos en el contexto del conflicto armado en Colombia. Las disidencias de las FARC, que buscan controlar territorios estratégicos para el tráfico de drogas, han destruido vastas áreas de selva, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la vida de los pueblos indígenas como los pijao, tucano y piratapuyo.
Lea también: El medio ambiente es otra víctima de la guerra por reparar
El informe de la JEP no deja dudas sobre la magnitud del problema: los grupos armados no solo ejercen violencia contra la población, sino que también están acabando con el medio ambiente de Colombia. La minería ilegal, la tala masiva y la contaminación de ríos son solo algunos de los crímenes ambientales que perpetran.
Una de las principales apuestas del Gobierno Petro es con la biodiversidad colombiana y el compromiso por lograr un equilibro entre la producción y el cuidado del medio ambiente, sin embargo, este compromiso solo será efectivo si se aborda, si se tiene en cuenta el impacto del conflicto armado.